La polémica entre dos juezas de Chillán, lejos de acabar, avanzó al siguiente round. Todo se enmarca en la trama que inició en abril de 2024, cuando la magistrado Milena Aedo ordenó embargar la totalidad de las remuneraciones a su análoga de litigios, Claudia Montero. Eso significó que esta última recibiera un sueldo de sólo $10 mil.
El contraataque ahora es de Montero, quien interpuso una querella contra Aedo por el delito de prevaricación. Según la denuncia a la que accedió BBCL Investiga, hubo ilegalidad en el embargo de las remuneraciones, “lo que afectó su derecho a la vida, integridad y propiedad”.
Entre los argumentos expuestos en el libelo, está que quitarle el 99.8% de sus liquidaciones fue arbitrario, vulneró la Constitución, el ordenamiento jurídico y la ley.
“La retención del 99,8% sobre los ingresos de mi mandante afectó sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política, específicamente en lo relativo al derecho a una vida digna y al carácter alimenticio de su remuneración”, incrimina la querella.
Asimismo, en el análisis de los escritos de Aedo enviados a la Corte Suprema para rectificar su decisión de quitarle todo el sueldo a Montero, se reconoce que “su actuar ha sido permanentemente contrario a derecho, sin respetar la normativa vigente sobre protección a las remuneraciones”.
Menos de $10 mil pesos
La tercera involucrada en toda esta historia es Carmen Julien Sepúlveda, una antigua amiga que en diciembre de 2023 acusó ante tribunales a la magistrado Claudia Montero. ¿El motivo? Le pasó $45 millones de pesos 10 años atrás que nunca le devolvió.
Esa demanda, en primera instancia fue rechazada por el 1° Juzgado Civil de Chillán. Julien apeló y la Corte de Apelaciones le dio la razón. Es decir, se ordenó que Montero debía pagar los $45 millones más los intereses, reajustes y costas. La decisión de aquello la despachó nada menos que la jueza Milena Aedo, quien para diciembre de 2023 ordenó el embargo total del sueldo de Montero para que así, su deuda quedara saldada.
Eso significó que todos los componentes de su salario, por ejemplo, asignación profesional, judicial o bonos, que “gozan de inembargabilidad” y tienen naturaleza alimenticia (son para cubrir necesidades básicas), también se los quitaron. Esa acción en particular “contravino la normativa” expuesta en el Código Civil y del Trabajo. En simple, va contra la ley, reclaman los querellantes.
Por más que la magistrado Montero apeló, la jueza Aedo rechazó sus solicitudes y argumentó que “las asignaciones percibidas no calificaban como inembargables al ser pagadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y no directamente por el Estado”.
Así las cosas, desde abril de 2024, la Corporación Administrativa del Poder Judicial retuvo el 99,8% de sus remuneraciones. O sea, le quitaron $6.547.042 pesos.
En otras palabras: ese mes le pagaron $9.143.
El contraataque
La pelea continuó. Claudia Montero llegó hasta la Corte Suprema y ordenaron a Milena Aedo aclarar y fundamentar por qué embargó el sueldo completo. Su argumento fue contradictorio: “La inembargabilidad aplicaba solo al sueldo base, y no a otros componentes de la remuneración otorgados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.
“Su respuesta obedece a una interpretación contra legem (contra la ley), y da cuenta, que efectivamente, se desatendió el texto literal y vigente de ley (…) contradiciendo además su propio fallo anterior sobre la exclusión de embargo, en el cual denegó la solicitud de exclusión bajo otro argumento legal, evidenciando así una contradicción y falta de aplicación de la norma”, expone la querella.
Con todo esto, en septiembre de 2024 la Corte Suprema revocó la sentencia y expuso que retenerle todo el sueldo era “arbitrario e ilegal”. Ahora, la nueva medida se limita a retenerle sólo el 50% de sus remuneraciones. Y ante eso, también ordenó la devolución de los fondos retenidos en exceso.
En su querella, Montero también acusa que no le han restituido los dinero que quedaron retenidos.
Los nuevos movimientos que vienen en este lío judicial son citar a declarar a Milena y despachar una orden para que la Policía de Investigaciones comience a indagar.
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