La Corte Suprema falló a favor del exadministrador regional del Gobierno Regional del Bío Bío, Rodrigo Martínez Fernández, imputado en la arista “Polizzi” del Caso Convenios que acudió al máximo tribunal motivado por dichos de la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena Ramos.
Resulta que en enero recién pasado, la máxima autoridad del Ministerio Público en el Bío Bío anunció —tras rendir su cuenta pública— que en los siguientes meses habrían nuevos formalizados por convenios del GORE con entidades privadas en la zona.
“Son nueve causas y trece fundaciones (las investigadas). Decir números siempre es arriesgado, me puedo quedar corta o larga… (ríe). Pero de que se van a formalizar en 2024 a más personas por hechos como el anterior. Eso va a ocurrir, es un hecho. Podrían repetirse algunos de los imputados. Efectivamente eso es así”, detalló la persecutora en esa oportunidad.
En este contexto, a partir de los dichos de la fiscal regional, la defensa de Martínez Fernández decidió interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Esto, en el entendido que su cliente —formalizado por fraude al fisco en la arista Polizzi del Caso Convenios— podría detentar la calidad de imputado en alguna de las otras ocho causas relacionadas que lleva la Fiscalía Regional del Bío Bío.
Recurso ante Corte Penquista
A través de la acción legal, ingresada sólo días después de las declaraciones de Cartagena, la defensa del exadministrador regional —actualmente en arresto domiciliario— buscaba que el tribunal de alzada penquista obligara al Ministerio Público a informar si era o no paralelamente investigado como imputado en otras aristas del Caso Convenios en Bío Bío.
En efecto, los abogados defensores penales de Martínez pidieron expresamente que se materializara ante el Juzgado de Garantía de Concepción una audiencia de “control judicial anterior a la formalización de la investigación”.
Se trata de un derecho consagrado en el Código Procesal Penal, específicamente en el Artículo 186, donde se establece que “cualquier persona que se considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella”.
Sea como sea, los argumentos esgrimidos en el recurso y los alegatos no fueron suficientes para los ministros Enoc Gutiérrez, Nancy Bluck y Margarita Sanhueza (subrogante), quienes el 26 de febrero resolvieron rechazar el recurso. Según argumentaron, no se entendía cuál era el derecho fundamental que se le estaba vulnerando al imputado.
Suprema revoca
Sin embargo, la defensa de Rodrigo Martínez interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia. Así, los antecedentes fueron elevados al máximo tribunal.
Allí Martínez y sus abogados tuvieron mejor suerte. El 14 de marzo, tras revisar el caso los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, decidieron revocar lo resuelto por los ministros de la corte penquista y así acoger el recurso en favor de Martínez Fernández.
En concreto, los supremos dictaminaron que está en riesgo la libertad personal del imputado puesto que el propio Ministerio Público reconoció que existen investigaciones penales para determinar la responsabilidad de exfuncionarios del Gobierno Regional del Bío Bío en los millonarios traspasos a fundaciones.
Además, se ordenó al Juzgado de Garantía de Concepción fijar una fecha para la audiencia de control judicial anterior a la formalización. De hecho, el tribunal de garantía penquista ya se pronunció y determinó que dicha audiencia se lleve a cabo el próximo 8 de abril a las 12:00 horas.
En esa oportunidad el Ministerio Público deberá informar a Rodrigo Martínez si, además de en el “caso Polizzi”, lo investiga por otros convenios suscritos entre el GORE del Bío Bío y entidades privadas.
