Pese a las intenciones de fiscalía de dar por terminada la causa, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la reapertura de la investigación en torno a las sospechas de sabotaje informático para alterar el algoritmo del sistema de distribución de causas del Poder Judicial (PJUD).
Así lo determinó el tribunal el 15 de diciembre pasado, atendida la existencia de diligencias de investigación pendientes expuestas por la parte querellante, las que consideró “relevantes y pertinentes”.
En concreto, para las gestiones pendientes el juez Cristian Sánchez Rivera otorgó un plazo de 45 días; es decir, hasta el próximo lunes 29 de enero.
Previamente, el Ministerio Público había comunicado el cierre de la indagatoria del supuesto sabotaje informático, denunciado por los empresarios Manuel Cruzat Infante y Jorge Said Yarur.
Entre sus razones, el persecutor había argumentado la falta de respuestas del Poder Judicial y la incapacidad de la Policía de Investigaciones (PDI) para efectuar una diligencia clave.
Informe incompleto
En ese contexto, Sabas Chahuán, ex fiscal nacional y abogado querellante de ambos empresarios, presentó ante el juzgado un informe emitido por expertos -al que accedió BioBioChile- que concluyen que la información proporcionada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) no era la necesaria.
Dicho organismo, en particular, fue apercibido en septiembre pasado por el tribunal de garantía para entregar la información solicitada.
Sin embargo, la revisión técnica señaló que faltaba el acceso a la totalidad de los códigos, por lo que no se podía realizar un análisis exhaustivo del algoritmo que se utilizó para asignar las causas en cuestionamiento, tanto en la designación para la quiebra de Curauma S.A como también en la relacionada a la Insolvencia Transnacional de Latam.
Las sospechas
Cruzat, en primer lugar, y Said después, sospechan de tres coincidencias entre las causas: ambos son casos de alta connotación pública; fueron vistos por el mismo tribunal; y con los mismos abogados, Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, del estudio Claro & Cía. Ambos juristas representaron los intereses de LATAM y, en la quiebra de Cuarauma representaron los intereses de Euroamérica Seguros de Vida.
Cruzat plantea que el sistema de distribución de causas, en la quiebra de Curauma S.A. y en la designación del tribunal para la Insolvencia Transnacional de LATAM, no cumplió con los protocolos previstos, puesto que ambas recayeron en el 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que -según los criterios fijados por el Poder Judicial- deberían haber sido revisadas por el 6° Juzgado Civil y 15° Juzgado Civil respectivamente.
Así lo explica Cruzat en una querella por delitos informáticos presentada en noviembre 2022, a la cual se plegó posteriormente Said, ambas patrocinadas por el exfiscal nacional Sabas Chahuán y la abogada Jesica Torres.
“Dentro de los temas de corrupción que hay en este país hoy día, es una causa que nos debiera movilizar, preocuparnos e indagar más. Y creo que es lo que se traduce de alguna manera con esta reapertura”, subraya Torres.
“Creo que es algo de interés ciudadano, de interés público. Esta es una causa que merece ser observada por todos los actores que de alguna manera están preocupados por lo que pasa en nuestro país. Tenemos toda la intención, la esperanza y la convicción de que llegaremos al final con la ayuda de la fiscalía, de la policía y, por supuesto, si es necesario de alguna pericia más compleja para llegar al fondo del asunto”, añadió.
Una probabilidad ínfima
Con todo, las dos presentaciones enfatizan el mismo punto: la posibilidad de que ambas causas independientes derivaran al mismo tribunal es de 1,75 en 1.000. Es decir, el equivalente a obtener una sola carta específica en una baraja de 571 que no se repiten.
Aquello los llevó a pedir información respecto de la forma en que se llegaron a distribuir estas causas ante el 2° Juzgado Civil de Santiago.
Hasta la fecha, los abogados apuntados descartan cualquier irregularidad y, por su parte, fiscalía señala que “no se han reunido antecedentes necesarios para fundar una acusación”. De todas formas, a partir de las últimas novedades, se espera que una vez concretadas las diligencias pendientes se puedan zanjar todas las dudas y sospechas.
