El Ministerio Público comunicó el cierre de la indagatoria del supuesto sabotaje informático en el algoritmo del Poder Judicial, denunciado por los empresarios Manuel Cruzat Infante y Jorge Said Yarur. ¿El motivo? La falta de respuestas del Poder Judicial y la incapacidad de la Policía de Investigaciones (PDI) para efectuar una diligencia clave.
Fue en septiembre del presente año que BBCL Investiga reveló las sospechas de ambos respecto a cómo se tramitaron sus causas judiciales. Tanto para el proceso de quiebra de Curauma S.A, como de la insolvencia transnacional de Latam.
En simple, ambos apuntaron a que estas fueron derivadas al mismo tribunal (2° Juzgado Civil de Santiago), pese a que —según los criterios fijados por el PJUD— deberían haber sido revisadas por el 6° Juzgado Civil y 15° Juzgado Civil, respectivamente. Por si fuera poco, apuntaron a que en ambos procesos litigaron los mismos abogados.
Así las cosas, el 9 de noviembre de 2022 Cruzat presentó una querella por delitos informáticos en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Acción a la que se sumó posteriormente Said.
“No es factible”
Precisamente en el marco de la indagatoria, es que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ordenó que la Policía de Investigaciones realizara todas las diligencias necesarias para “confirmar o descartar la presunta manipulación o intervención del algoritmo informático del sistema automático de distribución de causas, existente en el sistema de tramitación de causas civiles (SITCI) de la Corte de Apelaciones de Santiago”.
De acuerdo a documentos tenidos a la vista por esta unidad de investigación, la instrucción ocurrió el 15 de noviembre de 2022. En tanto, la respuesta de la PDI llegó exactamente tres meses después.
En su escrito, la Policía de Investigaciones desarrolló dos argumentos. El primero apuntó a que aún no recibían respuesta de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), respecto a una solicitud elaborada el 28 de febrero del presente año, donde se le pidió información sobre “cómo el sistema SITCI designó las causas señaladas”.
“Es necesario hacer presente que dicha respuesta es necesaria para determinar las siguientes diligencias”, acotó la entidad.
En la misma línea, la Brigada Investigadora del Ciber Crimen Metropolitana comunicó que no realizaron un análisis del código fuente del sistema informático, debido “a la complejidad de cómo interactúan estos”.
“Existen cientos de lenguajes de programación con el cual podría estar escrito dicho sistema, así como también, las bases de datos y otras aplicaciones externas con las cuales podría interactuar”, argumentó.
Con todo, concluyeron que no es factible determinar una posible alteración del algoritmo informático.
Cierre de la investigación
Tras la respuesta de la PDI, el 4 de octubre del presente año, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Centro Norte, Jaime Retamal Herrera, comunicó el cierre investigativo. Esto, por cuanto, “no se han reunido antecedentes necesarios para fundar una acusación”.
Sin embargo, la situación no terminó ahí. El abogado querellante y exfiscal nacional, Sabas Chahuán, presentó un escrito con el fin de evitar la decisión. En buenas cuentas, busca reabrir la indagatoria, argumentando que aún existen diligencias pendientes.
Junto con pedir citar a declarar a distintos actores del asunto, el letrado emplazó a la fiscalía a emitir otra orden de investigar a la PDI, considerando que la anterior “no fue cumplida ni cabal ni satisfactoriamente”.
De igual forma, arremetió contra el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán, para que de manera “real y efectiva” remita la información relacionada con el sistema SITC. Esto, acusando que la entrega fue parcial y no total.
“La notoria falta de cumplimiento de estas diligencias, no imputable a este interviniente, hace imprescindible y procedente que S.S. ordene la reapertura de la investigación”, cita el requerimiento.
La decisión final se discutirá en una audiencia fechada para este viernes 15 de diciembre. Día en que la fiscalía entregará sus argumentos para no perseverar en el procedimiento y la contraparte abogará por lo contrario.
Requerida por BBCL Investiga, la CAPJ señaló que, por el momento, no se referirán a este caso. En tanto, desde la Policía de Investigaciones indicaron que la brigada en cuestión no ha tomado conocimiento del cierre, por lo que tampoco emitirán declaraciones.
