El plebiscito constitucional de salida, en el que se impuso el Rechazo por sobre el Apruebo, sigue siendo un dolor de cabeza para algunas instituciones del Estado. Si antes lo fue para la Universidad de Chile, ahora es el turno del Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH).
Y es que tras una denuncia con reserva de identidad, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen en el que cuestionó una actividad realizada por la Sede Regional La Araucanía del INDH que tuvo como finalidad “promover el voto informado de las personas” antes de la jornada electoral, y que contó con la presencia de las ex constituyentes Manuela Royo, Rosa Catrileo y Francisca Linconao. Todas a favor del Apruebo.
“Se ha dirigido a esta Contraloría General un recurrente que ha solicitado reserva de su identidad, para denunciar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, habría infringido el principio de imparcialidad, al haber promovido una de las opciones del plebiscito de salida, adjuntando un afiche que promociona una actividad organizada por dicha entidad, a ejecutarse el día 17 de agosto de 2022 en la ciudad de Angol”, señala el texto.
Requerida de informe, la directora del INDH, Consuelo Contreras, informó al organismo contralor que la Sede Regional La Araucanía “en el marco de las funciones habituales de defensa y promoción de los derechos humanos, organizó un conversatorio sobre derechos humanos, con la finalidad de promover el voto informado de las personas -antes del plebiscito del 4 de septiembre pasado-, el cual se desarrolló el día 17 de agosto de 2022, en la comuna de Angol, evento al que fueron convocadas tres ex convencionales constituyentes”.
En el dictamen, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, la CGR menciona el dictamen Nº E208180, de 2022, en el que dio las instrucciones sobre el plebiscito de salida, donde las “autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre particulares con el mismo objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas”.
Bajo ese contexto, la Contraloría General de la República concluyó que “si bien entre las funciones del del INDH se encuentran aquellas relacionadas con la promoción, protección y difusión de los derechos humanos, no está considerando dentro de aquellos organismos de la Administración a los que les competa “promover el voto informado de las personas”, debiendo, por tanto, adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, sus actuaciones se ajusten a lo establecido en la normativa y jurisprudencia reseñada”.
Contactados por La Radio, desde el INDH señalaron que “para dicha actividad se convocó a tres ex convencionales constituyentes, a quienes se invitó a exponer materias de derechos humanos desde su respectiva experticia. Se invitó así, acorde con la misión del INDH y los principios internacionales de las instituciones de derechos humanos (Principios de París), a diversas organizaciones sociales e instituciones que trabajan en comunas de la provincia de Malleco, con la finalidad de convocar a un grupo amplio personas para que se informaran de primera fuente sobre rol del INDH y los temas de derechos humanos consignados en la propuesta de nueva constitución”.
A renglón seguido, agregaron que “la convocatoria y lo expuesto por funcionarios/as en la jornada se centró en nuestras funciones de promoción de los DDHH, basada en la normativa y en estándares del derecho internacional de derechos humanos. Debido a todo lo anterior solicitaremos una reconsideración del dictamen del contralor, para aclarar el alcance de nuestras facultades en el marco de la difusión y promoción de los derechos humanos”. Eso sí, es un llamado de atención más suave de lo ocurrido con municipios o la misma Casa de Bello.
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