Por estos días se tramita en la Corte Suprema un recurso de queja presentado por una serie de empresas salmoneras del sur del país en contra de dos ministros y un abogado integrante de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La razón del conflicto: el rechazo a un reclamo de ilegalidad presentado por las firmas en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT). Este último, organismo que accedió de forma parcial a la entrega de información referida a pesticidas utilizados por las compañías.

Para comprender la pugna hay que remontarse a noviembre de 2020. El 12 de aquel mes el ciudadano Hernán Espinoza Zapatel solicitó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la región de Aysén información relacionada al uso del pesticida lufenuron para el control de la caligidosis en los centros de producción de salmónidos ubicados en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, entre los años 2016 y 2020.

Asimismo, también solicitó la documentación que diera cuenta del uso del pesticida bronopol para el control de la caligidosis en los centros de producción salmonera de las mismas regiones entre los años 2010 y 2020. En respuesta a lo requerido, el 20 de diciembre de 2020 el Sernapesca denegó parcialmente la información, fundando la negativa en que las empresas consultadas manifestaron su oposición a aquello.

Dos días después, el 12 de mayo, el mismo Espinoza Zapatel presentó un amparo en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, acción que fue acogida a trámite por el Consejo para la Transparencia. El organismo que preside Francisco Leturia evacuó sus descargos y observaciones el 12 de enero de 2021. Por su parte, los “afectados”, lo hicieron el 3 de marzo de 2021.

En abril de 2021, el CPLT acordó “acoger parcialmente el amparo” presentado por Hernán Espinoza Zapatel en contra del Sernapesca. En síntesis, el Consejo dio lugar a que se entregada la información sobre el uso del pesticida lufenuron para el control de la caligidosis. Este último, un parásito que afecta a los salmones del sur del país. Bajo este contexto, el 5 de mayo de 2021 las pesqueras presentaron un reclamo de ilegalidad en contra de lo adoptado por el Consejo para la Transparencia.

Las empresas reclamantes fueron: Empresas AquaChile S.A, Exportadora Los Fiordos Limitada, Aguas Claras S.A., AquaChile S.A., Salmones Maullin Limitada, Piscicultura Aquasan S.A., Procesadora Huenocoihue SpA, Servicios de Acuicultura Acuimag S.A., Servicios de Acuicultura Acuimag S.A., Salmones Australes S.A., Salmones Cailin S.A., y Salmones Chiloé S.A. De esta forma, el tema escaló a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

La Corte de la capital de la región de Los Lagos rechazó el recurso. “Siendo la información solicitada por el particular en cuestión de carácter pública y no concurriendo a su respecto la causal de secreto o reserva invocada por la reclamante, no cabe sino desestimar la reclamación”, señala el punto undécimo de la sentencia acordada por los ministros Juan Fernández-Dávila y Jorge Pizarro Astudillo, y la abogada integrante Patricia Belmar Stumpfoll.

Vea sentencia:

Pero la pugna por la información no quedó ahí. Las pesqueras, disconformes con lo resuelto, recurrieron a la Corte Suprema buscando enmendar la situación. A través de un recurso de queja en contra de los ministros y la abogada integrante, las empresas productoras de salmones acusan “faltas o abusos” en la dictación de la sentencia de carácter “trascendentes”.

A juicio de este de las firmas, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt desobedece el “Mandato Legal que establece que se puede denegar el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.

De esta forma solicitan al máximo tribunal que se acoja el recurso de queja, colocando “término a los efectos de las graves faltas o abusos cometidos por estos y, en su mérito, anular la sentencia y resolver que Empresas AquaChile S.A. no debe cumplir con la decisión de amparo de autos, e imponer a los Sres. Ministros recurridos, las sanciones de S.S. Excma., considere adecuadas a las faltas o abusos cometidas, si lo estimare de rigor”.

Vea recurso de queja:

Será resorte, entonces, de la Corte Suprema definir el futuro de la información por los pesticidas, la que se encuentra “en trámite en sala”, según la información pública del Poder Judicial.

Informe Unidad de Estudios

Según datos del Consejo del Salmón, el sector ha reportado importantes incrementos en torno a la exportación de este alimento. En 2021, este producto representó un 12,5% del total de envíos de bienes distintos al cobre. Y en perspectiva, en 2010 las exportaciones de salmónidos alcanzaron un 2,9% del total de transacciones de bienes, pasando en 2020 a un 6,1%.

Pese al buen desempeño de esta área, también ha hecho noticia por situaciones negativas, como por ejemplo, la muerte masiva de toneladas de salmones. A esto, se suma el hecho del uso de antibióticos y antiparasitarios que podría tener efectos en la salud humana. Bajo ese contexto, la Unidad de Estudios del Consejo para la Transparencia realizó una recopilación de antecedentes que buscaba responder la pregunta: ¿cuáles son los problemas que enfrenta la industria salmonera en el país.

El organismo realizó dos tipos de revisiones. Una bibliográfica y una segunda relacionada con el Portal de Transparencia, el Sistema de Gestión de Casos del Consejo para la Transparencia y el Sistema de Decisiones de la institución. Específicamente, se analizaron solicitudes de acceso a la información, los casos que han ingresado al CPLT y los que se han judicializado. Es decir, escalado a las Cortes del país.

El foco estuvo puesto en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, debido a que es este organismo quien tiene la facultad y responsabilidad sobre los centros de cultivo de salmones a través de la fiscalización y gestión sanitaria. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a la minuta interna y a continuación expone sus principales hitos.

Resultados

Para la búsqueda de solicitudes se usaron las palabras claves “salmones, antibióticos, salmoneras, industria salmonera y antibióticos en salmones”. Dicho barrido arrojó 667 peticiones por Ley de Transparencia. De estos, 29 casos fueron ingresados al CPLT. Es decir, no se entregó la información requerida por los solicitantes. Según el informe El derecho de acceso a la información pública de Oceana, institución que promueve la conservación de los océanos, en Chile se mantienen los problemas asociados a la Ley 20.285 de Transparencia.

De acuerdo al análisis del CPLT, las solicitudes por Ley de Transparencia al Sernapesca que contienen las palabras “salmones, antibióticos, salmoneras, industria salmonera y antibióticos en salmones” representan el 11% del total realizado en el periodo 2017 – 2022. En 2021 se aprecia el punto máximo de requerimientos, donde se alcanzó el 20%.

En el caso de los amparos, de los 29 ingresos en el periodo 2017 – 2022, en 26 casos existe “decisión de fondo”, en uno de ellos existe desistimiento por parte del reclamante, y dos fueron derivados al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). En los casos con “decisión de fondo”las cuentas son positivas. Esto porque 24 de ellos fueron acogidos en alguna de sus partes y dos de ellos rechazados.

Otros de los puntos analizados fueron los reclamos de ilegalidad que se ingresan luego de las decisiones. Por ejemplo, desde el CPLT señalan que en el 50% de los casos ingresados la institución reclamada se opone a lo zanjado, llevando así la discusión a nivel Corte de Apelaciones.

En el caso de la industria salmonera, el análisis del Consejo para la Transparencia da cuenta que ocho de los 13 casos presentan “una sentencia que mantiene la decisión del CPLT, ya sea por desistimiento del reclamante o por el rechazo del reclamo por la Corte. Mientras que en solo tres casos, la Corte ha revertido la decisión del CPLT en estas materias”. Desde el organismo hacen hincapié en que “las decisiones del CPLT y de las Cortes han dado origen a una jurisprudencia caracterizada por la promoción del acceso a la información de esta industria”.

En conversación con este medio, Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, señala que “es de suma importancia y de interés público conocer la información del origen de los productos utilizados para tratar enfermedades en centros de cultivo de salmones”.

Lo anterior, agrega, porque las “personas tienen el derecho a saber cosas tan sensible y prácticas como qué es lo que estamos comiendo. Qué productos están utilizando este tipo de empresas, en beneficio de la producción, pero que pueden influir y tener un real impacto en la salud de personas y el medio ambiente”.

Respecto a los decisiones del Concejo, Leturia reafirma que se ha “desarrollado una jurisprudencia clara que establece que no existe afectación de derechos comerciales y económicos, y que alude al interés público respecto del conocimiento de este tipo de antecedentes, puesto que se vinculan con materias que pueden comprometer a la salud pública. Y las Cortes de Apelaciones han ratificado estas decisiones”.

Pero no todo es color de rosa. También el presidente del CPLT es consciente de las trabas que existen actualmente en la materia. “Tenemos algunos obstáculos dado que tras una solicitud de información que puede hacer una fundación, ONG o cualquier persona sobre, por ejemplo, uso de antibióticos en cultivos de salmones, al haber un tercero involucrado, la empresa en este caso, éste puede oponerse a la entrega de lo que se pidió”, señala Leturia.

En estos casos, “si hay oposición, la entidad pública está obligada a negar el acceso y aludir a que existe un tercero que no está de acuerdo con permitir que dichos antecedentes sean difundidos. En su mayoría estamos ante reclamaciones u oposición de terceros por eventual afectación de intereses económicos y comerciales que alegan las empresas involucradas”, agrega.

Finalmente, Francisco Leturia reflexiona que “se debe avanzar en una transparencia basada en disponer de información de manera proactiva por parte de las instituciones, sobre todo si hablamos de información de interés público y si son temas que impactan en la vida de las personas”.