Detectaba autos robados, pero alertaba a Carabineros un mes después. Así podrían resumirse los errores de implementación detectados por la Contraloría General de la República (CGR) al interior del programa “Calle Segura”, ejecutado por la subsecretaría de Prevención del Delito.
Se trata de un innovador proyecto anunciado con bombos y platillos a comienzos de 2019 por el entonces Presidente Sebastián Piñera. En buenas cuentas, la iniciativa contemplaba la instalación en la región Metropolitana de 30 pórticos con cámaras de avanzada tecnología que detectan el paso de automóviles reportados como robados.
Los dispositivos justamente están habilitados para “leer” las patentes de los automóviles, información que luego es contrastada con las bases de datos de las policías y del Registro Civil.
Así, en el caso de existir una coincidencia, se gatilla una alerta que llega al Departamento del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros.
Esta última repartición, se coordina con la Central de Comunicaciones (CENCO) de la policía uniformada para la realización del operativo policial correspondiente, y así sacar de circulación el vehículo motorizado reportado como robado.
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la Contraloría destapó problemas en la implementación del programa.
Las pruebas
De acuerdo al documento emanado desde el organismo de control -al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío-, los pórticos del programa “Calle Segura” fueron sometidos a pruebas entre mayo y junio de 2021 por la subsecretaría de Prevención del Delito, entonces presidida por Katherine Martorell (RN), y por el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros de Chile.
¿Los resultados? Existían casos que tenían un desfase de 25 o más días en las alertas mostradas por el sistema al SEBV. En decir, entre la lectura en el pórtico en el día en que se realizaron las pruebas de funcionamiento y la fecha y hora que se gatilló la alarma.
A modo de ejemplo, se mencionan 632 alertas que tuvieron su origen el 31 de mayo de 2021. De esa cifra, en 438 casos la información llegó el mismo día a la policía, 125 mostraron un día de desfase y otras 64 evidenciaron 25 o más días de retraso.
En resumidas cuentas: si de ese más de medio centenar de vehículos, uno o más de ellos hubiera sido víctima de robo, la información habría ido a dar a las policías recién un mes después. Tiempo más que suficiente para desmantelar el automóvil o incluso trasladarlo hasta ciudades tan lejanas como Arica, a más de 2 mil kilómetros de distancia de la capital.
A juicio de la Contraloría, los errores conllevan que la persecución de los robos de vehículos -única razón de la implementación de los pórticos- no pueda llevarse a cabo, ya que se pierde la posibilidad de perseguir el automóvil con encargo.
En buen chileno: buena idea, mala ejecución.
Sumario
Una vez detectados los inconvenientes, el ente fiscalizador citó a Carabineros y a Prevención del Delito a una reunión vía Teams. En la oportunidad se les consultó sobre el desfase descrito. ¿La respuesta? “Los funcionarios de ambas instituciones declararon desconocer el funcionamiento interno de envío de alertas”, reza el documento.
Requeridos de manera posterior, desde la policía uniformada detallaron que lograron detectar que el desfase era provocado por la lentitud de los dos servidores destinados a los pórticos.
En el primero de ellos, estaba almacenada la base de datos de patentes de automóviles con encargos por robo que, debido a las múltiples consultas, provocaba un retardo en la entrega de información.
El segundo, en tanto, correspondía a un servidor de servicios web que mantenía un “límite de convenios, que superan la concurrencia normal”.
En esa misma línea, desde la subsecretaría se comprometieron a evaluar la adquisición de un nuevo dispositivo dedicado exclusivamente al tratamiento de los datos informados por los pórticos, a modo de agilizar el envío de las alertas.
Con todo, la Contraloría ordenó a este último organismo incorporar los errores detectados en el sumario instruido a la misma repartición en 2021 tras establecer anomalías en la compra de cámaras corporales a la empresa Motorola.
Tal como reveló la Unidad de Investigación de Bío Bío, dicho procedimiento terminó en la apertura de una causa judicial por corrupción en contra de Katherine Martorell y otros seis funcionarios públicos.
Detectaba autos robados, pero alertaba un mes después: los errores del programa "Calle Segura"
