El Juzgado de Garantía de Antofagasta —donde se substancia el denominado caso ProCultura— confirmó la autorización del alzamiento del secreto bancario de la Consultora y Consultora y Productora Esquerré Limitada, firma que mantuvo una relación comercial, que involucró grandes sumas de dinero, con la cuestionada fundación de Alberto Larraín.
El tribunal antofagastino desestimó lo planteado por el abogado de la consultora Esquerré, Humberto Alarcón Corsi, quien mediante una reposición buscaba revertir lo resuelto a inicios de noviembre por la justicia a petición de la fiscalía.
En esa oportunidad, tras una serie de intentos fallidos en que el tribunal acusó al Ministerio Público de no acompañar los antecedentes pertinentes, el fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, logró la autorización para acceder a los movimientos de la compañía.
De acuerdo a la presentación del persecutor, la Fundación ProCultura —liderada por el psiquiatra Alberto Larraín— tercerizó servicios para la ejecución de proyectos públicos adjudicados a la entidad. En el caso particular de Esquerré, Ríos argumentó que ProCultura pagó prestaciones para la iniciativa Turismo Creativo en el Bío Bío, financiada mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
La reposición
En su intento por dar vuelta la decisión, el abogado de la consultora argumentó que no debió autorizarse el alzamiento del secreto bancario, por cuanto el Ministerio Público no aportó nuevos antecedentes que justifiquen el cambio en la decisión tras sendos rechazos a la medida intrusiva.
Además, planteó el jurista, la fiscalía no había presentado evidencia que dé cuenta de un actuar ilícito de parte de la consultora que él representa en la causa. En su criterio, los antecedentes expuestos “dan cuenta de actividades propias de su giro y actividad que no demuestra ninguna ilicitud”.
Asimismo, sostuvo que en realidad la consultora Esquerré es víctima en todo el entuerto, al haberse visto impedida de cobrar casi $70 millones por servicios efectivamente prestados a ProCultura y que nunca le fueron pagados.
Respecto de la necesidad del alzamiento bancario, Alarcón Corsi había expuesto que no tenía sentido. Eso, pues los representantes legales de la firma, Michel y Paul Esquerré, habían manifestado formalmente a la fiscalía su disponibilidad de entregar la información bancaria que fuera necesaria.
El whatsapp
Con todos esos antecedentes a la vista, la jueza de garantía antofagastina Sissi Bertoglio-Talap, misma que autorizó la polémica interceptación al teléfono de Josefina Huneeus (exesposa de Larraín) solicitada por el fiscal Patricio Cooper, decidió confirmar el alzamiento del secreto bancario de la firma penquista.
Esto, al desestimar la reposición presentada y mantener íntegramente la medida investigativa, considerando que es necesaria, proporcional y ajustada a derecho.
En la resolución, tenida a la vista por BBCL Investiga, la jueza puso sobre la mesa un informe policial que evidencia la relación comercial por cientos de millones de pesos entre la consultora y la fundación.
Eso, añadió la magistrada, se suma una especie de “blindaje interno” que hizo Larraín a Esquerré. Así quedó evidenciado en un mensaje de WhatsApp enviado por el propio psiquiatra a Francisco Fuentes Araya, director de Patrimonio Natural y Sustentabilidad de la fundación. Este último es sindicado por fuentes judiciales como su ‘factótum’ en la región del Bío Bío.
“Solo quiero decir que ningún reparo más a Esquerré. Nunca más en la vida, pa’ que me ayudes a que los cabros se ubiquen”, le escribió el 10 de mayo de 2023.
Conocedores de la interna de la consultora apuntan a que el mensaje de Larraín se dio en medio de los primeros cuestionamientos a la fundación, que a esa altura ya había comenzado a notar los primeros retrasos en los pagos desde. “Él intentó hacer un control de daños, evitar que esto explotara”, dicen.
Consultada por BBCL Investiga, desde Esquerré Consultores señalaron que “continuarán colaborando activamente con la investigación y con el tribunal, tal como lo reconoce la propia resolución, y mantendrá el criterio de acceso a toda la información que se le demanda como ha sido desde el inicio de esta indagación”.
Con todo, ahora el Ministerio Público tendrá luz verde para revisar pormenorizadamente los movimientos bancarios de la consultora con el propósito de levantar evidencia de cara a las siguientes etapas del proceso judicial.