Los seis violadores y abusadores de niños con "alto riesgo de reincidir" que liberó la justicia

Seis reos con condenas por abusos sexuales y violación a menores figuran en el listado de los 24 presos que liberó la Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique. Se trata de la misma instancia que benefició a Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo.

La Unidad de Investigación de Bío Bío accedió a la nómina completa de internos. El listado también lo componen narcotraficantes y homicidas. En total, la instancia favoreció al 68% de un total de 35 postulantes.

Varios de los agresores sexuales registran informes de Gendarmería que develan un alto riesgo de que vuelvan a cometer ultrajes en libertad.

“En la escala de psicopatía [aparecen factores] tales como: mentira patológica, manipulación, locuacidad, desconexión afectiva y falta de arrepentimiento, teniendo una incidencia directa para una posible reincidencia en violencia sexual”, reza el peritaje a uno de los favorecidos.

Dos violadores

Uno de las casos más graves corresponde a Fernando Cuyul Véjar. Cuenta a su haber cuatro delitos: tres abusos sexuales a menores de 14 años, además de violación impropia (es decir, a una víctima también menor de 14 años de edad).

Según se lee en un informe de Gendarmería fechado en 2024, Cuyul presentaba un “riesgo de reincidencia alto”. El documento exhibe que presenta una “orientación procriminal” y un patrón “antisocial”.

“Ha presentado agresión sexual intrafamiliar en contra de niñas“, establece el archivo. El mismo da cuenta que no pudo ser intervenido frecuentemente, al encontrarse en una unidad penal de baja complejidad y puesto que presentaba hipoacusia.

Mauricio Ubaldino Pérez Rubilar también fue beneficiado. Fue condenado por los mismos ilícitos: violación y abuso sexual de menor de edad.

Respecto de este condenado, sin embargo, no existen mayores antecedentes públicos disponibles.

La comisión estuvo encabezada por la ministra de la Corte de Apelaciones, Natalia Rencoret, e integrada por los magistrados Pablo Freire y Patricio Zúñiga, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. También participaron Mario Devaud y Carlos Astudillo, magistrados del Juzgado de Garantía y Juan Patricio Silva, secretario de la comisión, como ministro de fe.

Los abusadores

Elvis Gerardo Chiguay Quediman es otro de los condenados que cuenta con un historial de delitos sexuales contra niños. El proceso judicial en su contra fue iniciado en 2018, en el Juzgado de Garantía de Puerto Cisnes, y terminó sentenciado por abusos sexuales a menores. A saber: unas de sus víctimas era menor de 14 años y otra de entre 14 y 18 años. La última, “con circunstancias de estupro”.

Sergio Helmut Mardones Rosas, Luis Alen Sepúlveda Quiroga y Luis Alberto Salazar Salazar, en tanto, también registran condenas por abuso sexual de menor de 14 años.

El primero de ellos purgaba una condena de 7 años por ataques perpetrados contra una familiar. De acuerdo a documentos judiciales analizados por este medio, abusó de ella y además expuso de manera reiterada a la exhibición de material pornográfico.

“El evaluado presenta necesidades criminógenas de riesgo en violencia sexual de un nivel alto, lo cual se está interviniendo en relación a un proceso institucional”, versa un informe de Gendarmería de marzo de este año.

“Otro aspecto importante a tener en consideración, son las características de personalidad del evaluado que fueron detectadas en la escala de psicopatía y responden a factores estáticos no modificables, tales como: mentira patológica, manipulación, locuacidad, desconexión afectiva y falta de arrepentimiento, teniendo una incidencia directa para una posible reincidencia en violencia sexual”, expone el escrito firmado por el profesional Gustavo Mejía Martínez.

Luis Salazar, por su parte, según un informe de Gendarmería de 2024, presentaba un “alto riesgo de reincidencia de violencia sexual”, “problemas de autoconciencia y escasa motivación al cambio”.

De acuerdo con el mismo documento, para ese entonces persistía “en la negación de los hechos constitutivos como violencia sexual”, lo que “no ha permitido que el postulante pueda comprender los factores de riesgo asociados a su conducta, provocando nulos avances en su proceso de intervención”.

Revise el listado completo aquí

Homicidas

La única mujer que accedió a la libertad condicional fue Patricia Magaly Almonacid Galindo, condenada a diez años y un día por homicidio simple.

Pidió su libertad condicional en varias ocasiones, infructuosamente. Uno de sus informes dice que “no presenta avances significativos en su proceso de reinsertarse adecuadamente a la sociedad”. El principal freno era que no contaba con una red de apoyo familiar ni “vinculaciones afectivas sólidas”. Además, tenía “riesgo vinculados a la baja capacidad para resolver problemas, consumo problemático de alcohol, y déficit cognitivo”. Patricia tiene un 70% de discapacidad intelectual. No sabe leer ni escribir.

Cuando cometió el homicidio se defendió diciendo que vivía en un círculo de violencia. Cuando fue el juicio oral su abogado planteó que “existió una deuda de la sociedad con ella, debido a que jamás el Sename se preocupó de ella”.

Por este mismo delito también está Franklin Esteban Vargas Rojas y Jonathan Alberto Aguilar Lepio.