El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ratificó finalmente la decisión del Ministerio Público para no perseverar en contra de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), por el caso Motorola.
La determinación se da luego de que la empresa querellante, Pegasus, solicitara reabrir la causa para solicitar nuevas diligencias en contra de quien ocupara la testera de la repartición gubernamental durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
A Martorell se le acusaba —tal como reveló la Unidad de Investigación de Bío Bío— de haber favorecido a la gigante transnacional en medio de una licitación por 300 cámaras corporales para Carabineros. Sin embargo, tras cinco años de pesquisas, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que no existían los antecedentes suficientes como para formalizar y menos para sostener la acción penal en una acusación y posterior juicio oral en contra de la abogada y política.
“Intensa investigación”
—Estoy muy tranquila con la decisión del tribunal. Esto sólo viene a ratificar lo que he dicho desde el primer momento en esta investigación y en la que he colaborado desde el día uno: que aquí no hay absolutamente nada —aseguró Martorell tras conocerse su sobreseimiento.
Según dijo, ésta ha sido una “intensa y extensa investigación” que “tal como señaló el Ministerio Público, permite concluir que no hay antecedentes ni siquiera para formalizar”.
—Yo lamento que este tipo de instancias se utilicen como un mecanismo diferente a la búsqueda de la justicia —agregó.
Hermosilla al ruedo
La decisión se da pese a las suspicacias que existían al interior de Pegasus, quienes habían deslizado incluso el involucramiento de Luis Hermosilla en esta materia. Sin ir más lejos, a fines del año pasado la empresa solicitó que se revisaran las conversaciones entre el penalista hoy caído en desgracia y la exsubsecretaria.
A esto se suma la declaración de un mayor de Carabineros, quien atestiguó haber informado al gobierno de la época de numerosos errores en los dispositivos que —tras apenas dos años— cayeron en desuso. Sin ir más lejos, la propia Contraloría acreditó anomalías en la adquisición de las cámaras.
No obstante las sospechas, de acuerdo con quienes conocieron de la audiencia celebrada esta mañana, el tribunal estimó que las diligencias solicitadas por la querellante son “inconducentes” y “dilatorias”. Esto, tomando en cuenta que dentro de la carpeta investigativa constan numerosos oficios y registros de pesquisas que no permitieron acreditar una responsabilidad de la ex autoridad.
—Ésta se trata una resolución muy categórica. La resolución recoge que ésta es una investigación de larga data (…) y quedó demostrado que todo aquello se encuentra agotado y que lo solicitado por la parte querellante es absolutamente inconducente —acotó Trinidad Luengo, abogada de Martorell.
Pese a la decisión del tribunal, se espera que la compañía inicie nuevas acciones legales para revertir la decisión decretada este viernes.