Viaje al régimen y giro a la "lucha" ambiental: las redes que tejió la "machi de los sacrificios"

“La Machi Millaray Huichalaf es una autoridad ancestral y líder de la comunidad que hoy defiende el río Pilmaiquén de la construcción de una represa que inundaría lugares sagrados para los mapuche williche que han habitado ahí desde tiempos prehispánicos”.

El 12 de agosto de 2019, el Observatorio Ciudadano subió una publicación a sus redes sociales. Hacía alusión a una columna de opinión titulada “La machi que defiende el río”.

“Heredera de una sabiduría entregada por su abuela, la Machi carga hoy con la responsabilidad de proteger este lugar (…) La Machi y los defensores del Pilmaiquén llevan años protegiendo estos lugares, han sido perseguidos y encarcelados por ello”, rezaba el artículo.

Apuntaba a la “lucha” de Millaray contra la empresa Statkraft que, con la instalación de dicha central hidroeléctrica, destruiría el Kgen Mapu Kintuante, su lugar sagrado. No fue la última ni la primera publicación que tenían en apoyo a Millaray. Ni tampoco son la única organización que le ha echado una mano.

Este apoyo hacia ella viene desde diferentes ámbitos y organismos. El propio Comité Noruego de Solidaridad, por ejemplo, le entrega su respaldo y difunde en su país noticias de ella. Millaray tiene hasta su propio documental —creado en 2023— titulado “Jardín Infinito”.

Pero todo lo anterior omite algo importante. Primero, que las propias comunidades de la zona no la reconocen como machi. Y segundo, que en 2023 la empresa Statkraft desistió del proyecto hidroeléctrico Osorno y le devolvió dicho espacio sagrado a las comunidades huilliches. Actualmente las mismos comuneros no pueden usarlo porque el lugar está usurpado, según acusan, por la propia Millaray y su grupo.

Incluso, el nombre de la autodenominada machi figura como persona de interés en una investigación por la muerte de dos personas en el Río Pilmaiquén luego de un ritual que ella lideró. También está condenada por hechos violentos.

En su red de contactos se cuentan a Héctor Llaitul, con quien registra un viaje al regimen de Venezuela, y a Jones Huala, a quien escondió en su casa tras un ataque incendiario.

Una mujer perdida

Millaray Huichalaf fue condenada por una ataque incendiario que ocurrió el 9 de enero de 2013. Ocurrió en el Fundo Pisu-Pisué de Río Bueno. Adentro de la casona estaba Joaquín Biewer junto a su familia, entre ellos, un pequeño de seis meses.

Según la denuncia, a la casa entraron Fennix Delgado, Francisco Facundo Jones Huala y Cristian García. Estaban encapuchados, armados y vestidos con ropa militar. Maniataron a todos, los sacaron al patio y le prendieron fuego a la vivienda. Antes de irse se robaron algunas pertenencias.

21 días después de ese momento, la Policía de Investigaciones llegó hasta el domicilio de Millaray Huichalaf. Las pruebas que hasta entonces habían recolectado la ponían en el centro de la investigación como sospechosa y encubridora. Sin ir más lejos, cuando abrieron la puerta de su casa estaban descansando los tres hombres que figuraban como acusados.

En esa misma redada encontraron en la casa de Millaray armas, cartuchos, un mapa de Río Bueno, lienzos alusivos a la causa mapuche, ropa de combate y bidones. También estaban los objetos tecnológicos que les robaron a la familia del Fundo Pisu-Pisué. Esas evidencias se sumaron a los testimonios de los vecinos del sector. Los documentos judiciales de dicha causa —y a los que accedió BBCL Investiga— exponen que para el ente persecutor, Millaray siempre supo del ataque incendio. Incluso, ayudó a planificarlo.

“Los días previos a este hecho, después de ver unas fotos por internet de los detenidos, (la testigo) pudo reconocer a una señorita que fue a su casa unos siete días antes. Llegó de día. Dijo que andaba perdida buscando a otras personas. Le preguntó por vecinos. No sabía a dónde ir y preguntó por Pato Pérez y Nacho Lobos. Era de apellido Vidal. Ella andaba sola con una pollera, aros, pelo largo. Le dijo (a la testigo) que era mormona o testigo de Jehová. Ella era la persona que apareció después imputada por Internet, era Millaray”.

La misma testigo la reconoció en el juicio oral y repitió, que esa mujer que se hizo pasar por religiosa buscando ayuda y preguntando por los vecinos, estaba en la sala de audiencia “vestida de mapuche”. Era Millaray Huichalaf Pradines.

Condena por encubrir

Fue en esa misma causa que un suboficial de Carabineros declaró. Contó que en junio de 2012 —siete meses antes de lo del Fundo Pisu Pisué— hubo otro ataque incendiario en Maihue. Luego se tomaron el terreno bajo la consigna de que “les pertenecía a sus ancestros”. Hubo al menos dos desalojos. En ambos se detuvo a Millaray.

“Ella era apoyada por familiares y personas no residentes del sector. Ella llegó a vivir a la comunidad El Roble, en una parcela, tenía letreros negros con leyenda ‘territorio mapuche"”, relató.

Para entonces, y según los documentos judiciales, ya la mayoría le tenía miedo. No sólo porque lideraba las tomas con grupos armados, también por los “rituales” que practicaba. Un artículo previo expuso que le sacó el corazón a un caballo para luego quemarlo al borde del río Pilmaiquén. También que en otras oportunidades se escuchaban gritos durante la madrugada.

Otro de los habitantes que testificó reveló que entre 2010 y 2012 hubo cuatro usurpaciones en la zona. Al respecto dijo:

“Entraban personas a radicarse. Levantaban carpas y se quedaban hasta que Carabineros los desalojaba. Eran comunidades indígenas, pero no del sector. Se especulaba que una señora Millaray se declaraba líder de este movimiento”.

Por el ataque del Fundo Pisu Pisué se condenó a Millaray a setenta y un días de presidio como encubridora. Se invocó el Convenio 169 que es el tratado internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas y la pena bajó. Se le reconoció como autoridad ancestral y tradicional.

El 21 de diciembre de 2018 se condenó a Jones Huala como autor de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego por el mismo hecho. Le dieron nueve años de cárcel.

Cristian Ignacio García y Fennix Aquiles Delgado fueron absueltos.

Su viaje espiritual

Desde estos años las comunidades cuestionan a Millaray por su calidad de machi. Algunos lo hacen por sus métodos violentos y otros por los “rituales”. Lo que la mayoría coincide es que llegó a imponer una ideología distinta a la de ellos. Ella y su grupo “Aylla Rewe”.

“Estas personas no solo son afuerinas, sino que jamás han pertenecido a nuestras agrupaciones lepuneras ni han tenido participación en nuestras ceremonias religiosas relacionadas con el Señor Kintuante, las que vienen realizándose desde hace siglos”, escribieron diez comunidades del sector recientemente.

Lo que ella misma ha contado es que desertó del sistema escolar a los 16 años en busca de una guía espiritual de Traiguén, en la región de La Araucanía. Permaneció con ella casi cuatro años y volvió en 2010 a El Roble, Río Bueno. Allí se quedó hasta que ocurrió la muerte —durante uno de sus ritos— de Mariana y Juan Maripán Paillán en el Río Pilmaiquén.

Durante todo ese tiempo su rostro dio vuelta en diferentes portales, tanto nacional como internacionales.

Vínculos extranjeros”

Según registros tenidos a la vista por este medio, la “machi” también ha viajado al extranjero con figuras relevantes. Sin ir más lejos, en 2018 fue a un encuentro mapuche en Caracas, Venezuela. En las fotos del encuentro se le ve con altas autoridades venezolanas, junto al caído líder de la CAM, Héctor Llaitul.

Pese a que trascendidos la han vinculado con la Coordinadora Arauco Malleco e incluso con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por tener cercanía con Luis Tralcal Quidel, no existen registros ni causas judiciales que así lo acrediten.

Altas fuentes de BBCL Investiga así también lo refrendan. Dicen que Millaray forma parte de una camada de líderes que vieron en la lucha medioambiental una forma no solo de validarse sino también de hallar financiamiento.

“Cuando los movimientos violentos perdieron apoyo político, viraron hacia lo medioambiental”, explica uno de los consultados que ha seguido de cerca la evolución de grupos radicales.

“Ahí hoy está la plata. Principalmente desde el extranjero”, acota otro de los consultados.

El Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG) ha emitido diferentes declaraciones en favor de Millaray. Una de las últimas fue tras la tragedia del Río Pilmaiquén. Acusaron que “existe una relación de poder desigual entre las empresas y las comunidades que defienden su río”. Según ellos, la “desigualdad se agudiza mediante la criminalización, las intimidaciones, los operativos policiales y la cobertura mediática negativa”.

La machi también apareció en fotos con autoridades. Uno de ellos fue el senador Alfonso De Urresti, quien en 2019 subió un posteo a sus redes sociales. En conversación con BBCL Investiga hoy asegura que estaba ahí en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente porque “hubo una serie de irregularidades en el proceso de participación ciudadana”. Insiste en que no tiene vinculos con Millaray y que desconocía su situación legal.

“Yo estaba ahí por la afectación desde el punto de vista ambiental. Creo y sigo creyendo que ha sido abusiva la actuación de una empresa estatal noruega respecto de la implementación en en ese lugar (…) Eso es lo que a mí me interesa, que empresas estatales extranjeras no sean abusivas”, defiende el congresista.

Es impresentable el comportamiento de la empresa #Statkraft que nos impide el paso autorizado por ellos mismos a su predio y el desmedido despliegue de carabineros que cuida los intereses de la empresa. pic.twitter.com/Mps6dd3NQT

— Alfonso De Urresti (@adeurresti) August 22, 2019

“Racismo estructural”

En 2014 Statkraft llegó a Chile. Un año más tarde compró la Empresa Eléctrica Pilmaiquén, propietaria de la central hidroeléctrica Rucatayo que operaba desde 2012. Al mismo tiempo, adquirió otros dos proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Osorno y Los Lagos.

El primero de ellos ya no va más desde 2023. La empresa renunció a este proyecto y hasta devolvió los derechos de agua. El Servicio de Evaluación Ambiental confirmó esta decisión y fundamentó que se debe al “respeto de principios, valores y derechos humanos, con especial consideración hacia los derechos de los pueblos indígenas”.

Lo anterior se debe a que en este espacio, donde iba a operar la central, estaba la morada del Señor Kintuante, un sitio religioso y ceremonial. Pese a que se lo devolvieron a las comunidades, hoy el lugar está usurpado. A través de un comunicado que entregaron 10 comunidades de la zona, expusieron que fue Millaray y su grupo Aylla Rewe quienes se lo tomaron.

El segundo proyecto “Los Lagos” también está estacando. En diciembre de 2021 la Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó iniciar un proceso de consulta indígena por hallazgos arqueológicos en la zona de construcción. Dicho proceso lleva cuatro años sin resolverse.

El escrito lo interpuso el abogado Felipe Guerra, representante legal de Millaray Huichalaf. Guerra fue director subrogante del Instituto de Derechos Humanos (INDH) de Los Ríos y diversas fuentes lo vinculan directamente con el Observatorio Ciudadano. En una columna de opinión firmó como si fuera parte de su equipo.

Guerra expuso en una reciente columna que la “ceremonia que ofició Millaray” está siendo criminalizada. Según él, todo se debe a una “mirada colonial que persiste en el discurso público y en los medios”. Todo esto revela “un racismo estructural”.

Cooperación internacional

Desde el Observatorio Ciudadano explican que “han acompañado jurídicamente a las comunidades mapuche williche de la cuenca del río Pilmaiquén en el marco de los conflictos derivados de la construcción y operación de centrales hidroeléctricas en dicho territorio en su exigencia de manera legítima.”

“En relación al lamentable hecho ocurrido en el río Pilmaiquén el pasado 19 de agosto, el Observatorio ni ninguno de sus abogados ha asumido la representación ni defensa legal de la machi Millaray Huichalaf ni de ninguna otra persona vinculada al caso”, agregaron.

Fundado en 2004 en Temuco, el organismo se ha erigido en el sur de Chile como uno de los más influyentes en materia indígena. Uno de sus principales asesores es José Aylwin Oyarzún, hijo del ex Presidente Patricio Aylwin y que recientemente fue colaborador en calidad de experto de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Dicho estatus le ha permitido al Observatorio Ciudadano le ha permitido conseguir millonarios ingresos desde organizaciones extranjeras.

David & Lucile Packard Foundation es una de ellas. Sólo durante 2025 le entregaron $1,501,400 dólares para impulsar programas que protejan la biodiversidad.

Sea como sea, desde el organismo chileno descartaron haber financiado viaje alguno de Millaray, ni siquiera de las últimas “estrategias internacionales en curso” que contemplaban una reciente —y fallida— reunión en Ginebra con representantes de Statkraft.

Ese periplo lo emprendió apenas horas después de que Mariana y Juan fueran arrastrados por el río durante su “ritual” de sanación. La fiscalía incluso la interceptó en el aeropuerto para interrogarla por la muerte de ambos, pero salió del país de todos modos. La mediación en Ginebra se frustró, pues Millaray decidió cancelarla. Días antes de que se concretara el Punto Nacional de Contacto pidió que se suspendiera. Hasta ahora no hay una nueva fecha para que se reagende.

Consulta indígena

Por los cuatro años que se ha demorado la consulta indígena se interpuso una querella por el delito de prevaricación administrativa que habría sido cometida por algún funcionario público del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. La querella la presentó Branislav Marelic en representación de cuatro comunidades. Acusa que el proceso ha sido “completamente irregular”.

De partida, porque se demoró un año recién en dar el punto de partida. También porque se ha postergado en múltiples ocasiones sin justificación e igualmente porque no se han respetado los plazos acordes a la ley.

“Resulta extremadamente frustrante que aún cuando se le represente en reiteradas ocasiones a la autoridad las normas expresas, se decidan contra ellas, no planteando una interpretación plausible, sino derechamente desconociendo la norma y
decidiendo fuera de ésta sin ninguna fundamentación, por lo que es claro que ya no es simplemente una negligencia, descuido o desconocimiento, sino que es una conducta típica al menos negligente, o derechamente dolosa”, expone.

Fuentes de este medio exponen que en este proceso participan al menos unas 50 comunidades. Algunas quieren que se realice la consulta indígena, otras no. Entre las que no quieren está Millaray.

Este jueves 25 estaba programada una audiencia para informar los hechos por los que se investiga a Millaray Huichalaf tras la muerte de las dos personas en el río. Nada de esto ocurrió porque su defensa particular renunció y quedó a cargo de la Defensoría Penal Pública. Su actual defensor, Juan Antonio Martínez, explicó que no ha tenido contacto con la machi por lo que desistió de la audiencia.