La Municipalidad de Lo Barnechea se querelló por el uso de certificados falsos para justificar pagos por $900 millones en un contrato de retiro de escombros.
El libelo fue presentado la semana pasada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el municipio representado por Felipe Alessandri. En él, se detalla que en julio la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) detectó irregularidades en los documentos presentados por la Constructora Río Grande Limitada.
La compañía se había adjudicado en mayo de 2024 una licitación para desarme y retiro de escombros. En total, el acuerdo alcanzaba un máximo de 23.300 UF (alrededor de $917 millones a precio actual), y ya se les había cancelado tres pagos por $302.762.369.
Sin embargo, desde la DAF sospecharon que los certificados de disposición final de residuos y reportes diarios de camiones, con los que se respaldaban servicios para el cuarto pago, podían ser falsos.
Por ello, el jefe del Departamento de Contabilidad, Martín Zagal, escribió un correo a la compañía de residuos Greenrec Lepanto, que supuestamente había emitido dichos documentos.
La compañía no sólo confirmó la sospecha, sino que explicó que el formato no correspondía al que ellos utilizaban. Así, la municipalidad llegó a la conclusión de que, en realidad, todos los certificados de disposición final asociados al contrato, incluidos los de los pagos ya concretados, habían sido falsificados.
Documentos duplicados
La situación pudo ser peor. El cuarto pago, que no se llegó a depositar, consideraba un total de $598.615.874. O sea, mediante certificados falsos se justificaron $901 millones.
Pero no se trató de un único error. En un memo interno del 1 de julio, enviado por la directora del DAF, Ximena Arriagada, se cuestiona la labor del inspector técnico del servicio (ITS), el funcionario que tiene que asegurarse del cumplimiento del contrato dentro del municipio.
No es sólo que no haya detectado la falsificación. El ITS también aceptó el mismo documento dos veces, justificando con él los pagos dos y tres.
“Este hecho representa una duplicación documental que afecta la validez de ambos pagos, al utilizar un único documento para justificar volúmenes (de escombros) supuestamente distintos”, criticó Arriagada.
Además, Río Grande Limitada informó que derivó el traslado de residuos asociado al cuarto pago a una compañía subcontratista. De esa forma, se pasaron a llevar las directrices de Contraloría y la ley sobre subcontratación, de acuerdo a lo comunicado por la directora del DAF.
Esto porque –según aseveró en su oficio Arriagada– las “prestaciones ejecutadas por terceros en un contrato público deben contar con respaldo formal, especialmente cuando implica funciones recurrentes o críticas para el cumplimiento del objeto del contrato”.
El rastro de los camiones
La querella interpuesta el martes pasado está dirigida contra quienes resulten responsables por uso malicioso de instrumento público falso en carácter de reiterado y un eventual delito reiterado de estafa.
En su argumentación, el municipio explica que el servicio se encuentra asociado a un precio unitario a pagar por volumen efectivamente retirado.
“Por ello, la validez, trazabilidad y autenticidad de los certificados de disposición final son esenciales para acreditar la correcta ejecución y respaldar financieramente los desembolsos municipales”, argumenta.
Con la investigación, se deberá determinar si los escombros fueron efectivamente retirados, en qué volúmenes, y si fueron dispuestos en un botadero autorizado.
Para eso, el municipio pidió que se despache una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Aparte, pidió que el Ministerio Público solicite información a las concesionarias de la Autopista Costanera Norte y Autopista Central. En concreto, que remitan los datos del paso de los camiones que supuestamente retiraron los desechos por los pórticos TAG.
Empresa apunta a contratista
Contactados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, desde la Constructora Río Grande apuntaron a la empresa contratista por la adulteración, pero no aportaron antecedentes que permitieran identificarla. La compañía se negó a entregar más información por encontrarse la situación bajo investigación.
Por otro lado, el ITS encargado de la revisión del contrato fue apartado de sus funciones mientras dure el sumario que instruyó la municipalidad para indagar internamente lo ocurrido.
Desde el municipio destacaron que “funcionaron los mecanismos internos de control que permiten alertar situaciones irregulares”.
Además, aclararon que primero presentaron en julio una denuncia ante fiscalía y que luego interpusieron la querella, “con el fin de que el Ministerio Público investigue un eventual delito y determine responsabilidades”.
El Juzgado de Garantía acogió la causa a trámite el pasado jueves. La Fiscalía Local de Las Condes será la encargada de llevar a cabo la indagatoria.