Un total de $750 millones en perjuicio fiscal. Dos camionetas Peugeot. Contenedores, transpaletas y hasta enfardadoras. El dinero defraudado y la lista de objetos comprados con estos montos, suma y suma. Se trata del fraude que —según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente— cometieron seis imputados por millonarias clases de zumba adjudicadas con platas destinadas al presupuesto del Gobierno Regional Metropolitano que lideraba para entonces, Felipe Guevara.
Del total de arrestados, cuatro quedaron en prisión preventiva. Se trata de Jorge Arcos Gatica, Manuel Zapata Vergara, Jaime Bravo Puentes y Jorge Castillo Urrutia. Cada uno tenía un rol fundamental dentro de la organización. Por ejemplo, Arcos Gatica era el líder y Zapata Vergara el encargado de hacer retiros en efectivo, según consta en la indagatoria.
Tal como reveló previamente la Unidad de Investigación de BioBioChile, estos seis imputados realizaron cuantiosas transferencias por talleres masivos de zumba, spinning y entrenamiento funcional. De hecho, esta iniciativa fue uno de los 20 programas que se priorizaron en la administración de Felipe Guevara.
Información del Ministerio Público —a la que accedió este medio— revela el modus operandi que montó esta organización para defraudar a las arcas fiscales.
Postulación a proyectos
Al menos desde 2020, los involucrados se habrían organizado para lavar dinero y defraudar al fisco. Así lo reflejan los documentos del Ministerio Público. Fue a través de la postulación y adjudicación de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que consiguieron el financiamiento. La propuesta era ofrecer talleres deportivos, a “sabiendas de que las actividades propuestas no se desarrollarían”.
Principalmente participaron Jorge Arcos Gatica, Manuel Zapata Vergara, Jaime Patricio Bravo Puentes, Jorge Rodrigo Castillo Urrutia, Jorge Eduardo Toro Henríquez y Cecilia del Pilar Yáñez Vargas. También hubo otros implicados que por ejemplo, prestaron su cuentas bancarias.
Para montar todo esto de una forma más creíble, los imputados crearon una organización a la que bautizaron ONG RCKLT. Fue bajo esta “empresa” que se adjudicaron dos grandes proyectos: masivos de zumba y otro de reinserción social.
“También utilizaron la Funcional de Asociación Deportiva Regional de Halterofilia la Florida para la postulación y adjudicación del proyecto Masivos de Entrenamiento Funcional. Y, por último, la Corporación Patrimonial Historias Nuestras, para la postulación y adjudicación del proyecto Masivos de Spinning”, estipulan los papeles contenidos en el expediente judicial.
Con todo esto, se apropiaron ilícitamente de más de $750 millones.
Jorge Arcos y Manuel Zapata
Cada uno tenía un rol específico al interior de esta organización. Por ejemplo, Jorge Arcos Gatica era el líder y principal articulador de la red. Era además tesorero de ONG RCKLT, presidente de la Asociación Deportiva Regional de halterofilia y tesorero de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras.
“Asimismo, mantenía vínculos con funcionarios de la ex Intendencia Metropolitana y el Consejo Regional, que facilitaron la aprobación de los proyectos. Para esto, usaba a familiares, a quienes incorporaban como miembros de las organizaciones con el objetivo de cumplir con los requisitos de postulación”, dicen los informes.
Por su parte, Manuel Zapata Vergara era el representante legal y presidente de la ONG RCKLT. También el responsable de dineros de efectivo y rendiciones. Él, era uno de los principales encargados de “lavar el dinero obtenido ilícitamente desde el Gobierno Regional Metropolitano y articular triangulaciones con empresas de propiedad de personas con las cuales mantenía algún vínculo de amistad o parentesco”.
Ambos, según se planteó en la formalización, realizaron diversas maniobras con el propósito de ir desvinculado “de forma progresiva” el dinero de su fuente ilícita. Así fue como poco a poco consiguieron integrarlo y estratificarlo en el sistema económico financiero, logrando pasar por alto cualquier control del sistema preventivo en materia de lavado de dineros.
Para ello, una vez recibidos los fondos, estos eran mezclados, triangulados y fraccionados entre distintas cuentas bancarias de los propios imputados y de las organizaciones con las que se adjudicaron los proyectos. Además, realizaban giros de altas sumas inmediatamente después de recibir los fondos, sin justificación ni evidencia de dónde fueron a parar.
En 2021, por ejemplo, Jorge Arcos en su calidad de tesorero y apoderado habilitado para giros de ONG RCKLT, concertado con Zapata, realizaron múltiples giros por caja desde la cuenta vista Banco Estado de la organización por más de $492 millones sin ninguna justificación. Así lo estipula la indagatoria.
Así también, Arcos en su calidad de presidente de la Asociación, aunque esta vez acompañado del tesorero de la misma, Pedro Bombalas Alcaide, vaciaron buena parte de los fondos abonados por el GORE a la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida. De los $150 millones depositados en la cuenta de la entidad, ambos giraron en efectivo por caja unos $72 millones que no terminaron utilizándose en el proyecto llamado “Masivo de Entrenamiento Funcional”. Los casi $78 millones restantes tampoco se habrían invertido en la iniciativa deportiva.
Jorge Castillo y Jaime Bravo
Más abajo estaba Jaime Bravo Puentes, quien también fungía como líder de la asociación. Era un coordinador y el responsable de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras. A través de un grupo de WhatsApp que se llamó “Técnica”, Bravo Puentes dirigía las actividades que se realizarían y daba instrucciones sobre cómo retirar los millonarios montos.
“Asimismo, tenía firma giradora, junto con Jorge Toro, respecto de la cuenta bancaria de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras”.
En el caso de Jorge Castillo Urrutia, cumplía funciones de facilitador financiero, representante legal y socio de la Pyme Solution SpA, Disweb SpA y Arcoiris SpA. Estas “empresas” eran las que figuraban con los convenios adjudicados y el desvío de fondos. Asimismo, emitían facturas falsas y recibían las transferencias. Era una forma de fraccionar los altos montos.
Más abajo estaba Jorge Toro Henríquez y Cecilia Yáñez Vargas. El primero giraba los dineros y esta última recibía y canalizaba los fondos. Era además, expareja de Jorge Acos Gatica.
Camionetas en efectivo
Un episodio destacado en la presentación de cargos ocurrió el 13 de mayo de 2021. En esa oportunidad, con el objetivo de conseguir antecedentes para la rendición del primer convenio, Arcos y Zapata giraron conjuntamente por caja desde la cuenta de la ONG RCKLT un total de $44,9 millones. Así fue como ese mismo día adquirieron para la empresa Arcoiris SpA del imputado Jorge Castillo dos camionetas marca Peugeot que fueron pagadas en efectivo por ese mismo monto exacto.
Luego, estos mismos vehículos fueron arrendados por la misma organización a cambio de $31,9 millones que fueron pagados mediante vale vista a nombre de Arcoiris SpA el 9 de julio de ese mismo año.
Otra maniobra utilizada fueron los sobreprecios. Arcos Gatica adquirió mediante la empresa Arcoiris SpA 10 apiladoras manuales, 10 transpaletas y 10 contenedores por $11,4 millones. El objetivo era venderlo todo eso a la ONG RCKLT por $38,8 millones. De esta forma se generó un margen de ganancia injustificado de más de $27 millones en perjuicio de la ONG.
El mismo mecanismo utilizaron para generar una ganancia de $5,3 millones con compras a sobreprecio de 10 contenedores de 1.100 litros y otras 10 transpaletas para 2 toneladas.
Por si fuera poco, adquirieron otros $41,8 millones de ganancia gracias al sobreprecio que generaron con las facturas por la adquisición de supuestas 10 enfardadoras por parte de la ONG a Distribuidora y Comercializadora de Bienes y Servicios SpA vinculada a Jorge Castillo. Para concretar el ilícito, la proveedora adquirió 8 enfardadoras por $23,2 millones y se las vendió a $65 millones.
Prisión preventiva
El día de ayer el 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para cuatro de los seis involucrados.
Con cauciones de hasta $80 millones quedaron los acusados Jorge Arcos, Manuel Zapata, Jaime Bravo y Jorge Castillo, además del arraigo nacional en caso de que dicha fianza sea pagada.
Los otros imputados, es decir, Cecilia Yáñez y Jorge Toro, quedaron con firma semanal, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados.
Dayanna Miranda, la abogada defensora de los seis imputados, dice que los talleres sí se realizaron y sí se les pagó a todos los trabajadores que se contrataron. Respecto a los sobreprecios, asegura que eso eran los precios del mercado.
—En definitiva, compraban a un precio de mercado y posteriormente vendían en los mismos términos que ellos sabían que eran los valores que se tenían que vender, de ninguna manera, con una intención de aprovechamiento económico en estos casos.
Por su parte, tras la audiencia de formalización, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, detalló que “algunas de estas personas se encargaban de las conexiones con las instituciones gubernamentales que otorgaban las subvenciones, otras personas estaban a cargo de las decisiones vinculadas con las cuentas corrientes y otras (…) de la vinculación con las empresas conectadas y controladas que permitían el desvío de los fondos que, en definitiva, terminaban en el patrimonio de cada uno de los imputados”.
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