Acusado de robar colegios rurales queda libre: Corte ignoró el hallazgo de arma de guerra en su casa

El pasado 11 de junio, la Corte de Apelaciones de Rancagua sacó de prisión preventiva a un joven de 20 años acusado de participar en un robo a un colegio rural en Quinta de Tilcoco. Fue detenido en su casa en Ñuñoa, en enero de este año, tras encontrarse parte de los elementos robados, además de un arma de guerra con número de serie borrado bajo su colchón.

La resolución de los tribunales indignó al alcalde de Quinta de Tilcoco, Sebastián Rodríguez Fuenzalida, quien junto a su abogado, Renato Ortega del Valle, llevaba presionando para que el único imputado del robo quedara en prisión preventiva, al considerarlo un peligro para la sociedad. Esta afirmación no solo derivó del descubrimiento de la subametralladora con número de serie borrado –con lo que arriesga una mínima de 10 años de cárcel–, sino que también por la sospecha de que antes y después de su detención, el acusado habría participado en otros ocho robos a colegios rurales ocurridos durante el verano pasado en la región.

Las conjeturas derivan de los antecedentes recabados por las municipalidades de Quinta de Tilcoco, Rengo, Requínoa, Coltauco y Malloa, comunas en que se registraron robos con un mismo modus operandi. Se trata de cinco sujetos que, según lo registrado en las cámaras de seguridad de algunos de los establecimientos, se visten y tienen apariencia similar en los distintos robos y que constituirían una banda dedicada al robo de colegios rurales. Ese antecedente daría pie al delito de asociación ilícita. Por ahora, el resto de los individuos de la banda no han sido identificados. Desde el Ministerio Público afirmaron a Radio Bío Bío que las causas de los distintos robos fueron agrupadas y se está investigando a una posible banda organizada.

De acuerdo a ediles de las distintas municipalidades involucradas, los robos han afectado directamente la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes más vulnerables de la región, siendo incapaces algunas comunas de reponer los tablets y computadores sustraídos, esenciales para las clases de los estudiantes.

A raíz de la situación, el alcalde de Quinta de Tilcoco ingresó un recurso de queja a la Corte Suprema en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, a la que espera de que el acusado vuelva a prisión preventiva. El edil critica a la fiscalía por no haber pedido aquella medida cautelar en la primera audiencia.

“Nos preocupa la seguridad de los colegios en zonas rurales y, como municipio, sentimos una suerte de abandono por parte de la autoridad judicial, ya que los antecedentes, tanto de los robos de nuestra comuna como de las otras comunas de la región, fueron entregados directamente al tribunal y a la fiscalía, y la prisión preventiva del imputado de la subametralladora la tuvo que solicitar y fundamentar el abogado de la municipalidad de Quinta de Tilcoco, en audiencia donde la fiscalía ni siquiera tenía los antecedentes del caso”, indicó a Radio Bío Bío el alcalde Sebastián Rodríguez.

Banda de ladrones de colegios rurales

Durante el último fin de semana de diciembre y enero y febrero pasados las escuelas de las comunas rurales de la región del Libertador General Bernardo O’Higgins sufrieron una serie de robos, con los delincuentes aprovechando la falta de presencia en los establecimientos por las vacaciones de verano.

Los primeros robos registrados se dieron en el último fin de semana de diciembre. Un grupo de cinco sujetos vestidos con jeans y polerón ingresó a la fuerza a tres colegios rurales municipales: la Escuela Apalta en Rengo, a la Escuela Santa Amalia en Requínoa y al Colegio Amparo Rayo Horta en Quinta de Tilcoco. En las tres ocasiones robaron diversos recursos tecnológicos –de reventa fácil– como computadores, notebooks, tablets, televisores, celulares, impresoras, etc.

El siguiente robo denunciado ocurrió durante la noche del sábado 18 de enero en Quinta de Tilcoco, esta vez en el Colegio Raúl Ramírez Mayol, a unos 8 kilómetros de la escuela que había sido robada tres semanas antes. Este robo, a diferencia de los anteriores, permitió obtener evidencia clave, y es que el GPS de un celular Huawei P40 Lite sustraído de la escuela llevó a funcionarios de la PDI directo al inmueble del único imputado por estos robos.

Así, el personal policial, siguiendo la ubicación en vivo del celular, se dirigió a la población Exequiel González, en Ñuñoa, ingresando a una casa y encontrando diversas especies producto del robo y, debajo del colchón de la habitación del acusado, una subametralladora gris marca Cobra, calibre 9mm –armamento de repetición de guerra–, con el número de serie borrado artesanalmente.

El 19 de enero el imputado fue detenido, pero prontamente fue dejado en libertad, al haber pedido la fiscalía las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de salir del país, pero no la de prisión preventiva.

Después de la liberación del imputado, se llevaron a cabo cinco robos más en colegios rurales de las comunas de Coltauco, Rengo, Requínoa y Malloa, en los cuales resalta que son la misma cantidad de delincuentes, de igual contextura física y vestimenta –según muestran las imágenes de cámaras–, el mismo modus operandi y la sustracción de recursos tecnológicos. La situación aumentó las sospechas sobre el mismo grupo organizado que ocasionó la pérdida de decenas de millones a los establecimientos, superando los 100 millones de pesos en el caso de uno de los colegios públicos de Malloa.

Según comentaron algunos alcaldes de las comunas afectadas a Radio Bío Bío los robos significaron un gran perjuicio, no solo económica, sino también social, por la importancia que las herramientas digitales significan para los alumnos, cuya gran mayoría se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. Los saqueos han significado un doble gasto para los municipios y sus departamentos de educación: por un lado para reponer, en medida de lo posible, los elementos sustraídos y, por otro, para invertir en mayor seguridad para los colegios rurales.

Un “abandono” de la justicia

De acuerdo al recurso ingresado por el alcalde de Quinta de Tilcoco, el imputado arrestado en enero de este año nunca debió haber sido puesto en libertad, y se le debiese haber decretado la medida cautelar de prisión preventiva por el riesgo que implica para la sociedad.

Esta afirmación la sustentaron en tres hechos: en el arma encontrada en el inmueble del imputado y la alta pena carcelaria que tiene aquel delito (de 10 años y un día a 20 años de presidio); los robos posteriores y la sospecha de asociación ilícita; y las otras cuatro causas vigentes que el joven mantiene en distintas comunas por delitos contemplados en la Ley 20.009, ligado a fraude en uso de tarjetas de crédito.

De acuerdo al recurso ingresado el pasado 16 de junio a la Corte Suprema, el primer “error” fue en la audiencia de detención cuando el Ministerio Público, de forma “inexplicable”, no solicitó la prisión preventiva y. por lo tanto, el Juzgado de Garantía de Rengo decretó cautelares menos gravosas para el acusado. Posterior a esto, el Juzgado de Garantía fijó una serie de audiencias para debatir las cautelares, apareciendo el imputado recién en la cuarta audiencia. En esa ocasión, teniendo en cuenta los antecedentes presentados por los querellantes, el pasado 3 de junio finalmente se le decretó prisión preventiva.

Sin embargo, el imputado pasó menos de tres días encarcelado, ya que la Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó su liberación inmediata el 11 de junio. Esta resolución se habría dictado sin tomar en cuenta los nuevos antecedentes que ingresaron después de la primera audiencia –ligados a los otros robos y a la presunta actuación en grupo–, de acuerdo a lo argumentado en el recurso ingresado por el alcalde.

“Es muy cuestionable que la Corte de Apelaciones de Rancagua haya dejado en libertad a un sujeto tremendamente peligroso para la sociedad, a quien se le incautó bajo el colchón de su cama una subametralladora de guerra operativa, lista para ser usada y con número de serie borrado, cuya pena parte en 10 años y 1 día. Incluso el fallo podría ser constitutivo de prevaricación, ya que se resuelve sin fundamento legal y contra resolución fundada del Juzgado de Garantía de Rengo, y además fuera de todo criterio o raciocinio contra delincuencia”, acusó el abogado Renato Ortega en conversación con Radio Bío Bío.

La causa de Quinta de Tilcoco pasó desde la Fiscalía Local de Rengo a la Unidad Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Desde el Ministerio Público confirmaron a Radio Bío Bío que las causas de los robos fueron agrupadas y que se ha estado investigando el actuar de un presunto grupo organizado.