"Te voy a rajar entera": las amenazas a inspectora que reavivan ola de violencia en Instituto Nacional

Trabajar en un colegio inicialmente no suena como un rol riesgoso. Hay quienes lo describen como sacrificado, difícil, y con una remuneración que muchas veces queda corta. Pero peligroso, no.

Sin embargo, para los funcionarios del Instituto Nacional General José Miguel Carrera –el establecimiento educacional más antiguo de Chile– la inseguridad se ha convertido en una realidad que los pone en riesgo día a día, a consecuencia de las violentas manifestaciones que muchas veces vienen de la mano de amenazas y agresiones.

Así quedó plasmado en una querella por amenazas y lesiones leves de parte de una inspectora del liceo emblemático, quien no solo recibió un golpe en la cara en medio de protestas, sino que también fue la protagonista de un video en que dos presuntos estudiantes la amenazaban con acuchillarla y violarla.

La grabación empezó a circular por la comunidad escolar y llegó a las manos de la rectora de la institución el pasado 3 de abril. El anuncio comenzaba de forma aparentemente cortés –con un “buenos días, queridos estudiantes. Queremos hacer un pequeño aviso”–, contrastante con los dos jóvenes encapuchados y con cuchillos en la mano que se dirigían a la cámara.

Hasta ahí llegaba lo cordial, ya que los siguientes segundos del discurso estaban dedicados específicamente a amenazar a una de las inspectoras del Instituto y a su hijo con violentas, sexuales y explícitas advertencias.

“Mira, vieja conchetumare. Yo te veo faltando al respeto una vez más a los estudiantes y este cuchillo que tengo acá, te voy a rajarte entera, te lo voy a meter por la raja maraca conchetumare”, anunciaba uno de los jóvenes agitando el cuchillo en la mano. soltando amenazas de ese tipo durante alrededor de un minuto.

“Importante, que te pille de nuevo faltándole el respeto a los estudiantes. Acá somos todos estudiantes, vieja culiá”, advirtieron, agregando: “Aquí con mi compañero no estamos na’ webiando, somos todos enfermos, ¿me escuchaste (…)?”.

Radio Bío Bío omitirá el resto del contenido al considerar en extremo violento y agresivo, y que deberá ser investigado por la Fiscalía un actuar brutalmente delictivo.

El objetivo de infundir miedo, se logró, por las amenazas que, de acuerdo a la querella, son consideradas “reales, intencionales y extremadamente graves” contra la funcionaria que luego de un tiempo de licencia, volvió recientemente a su puesto de trabajo.

Peligro en el Instituto Nacional

Las amenazas cobran mayor relevancia teniendo en cuenta que la inspectora ya había sido agredida el pasado jueves 20 de marzo. Esa mañana mientras el equipo de inspectoría realizaba un despliegue por el establecimiento, tres encapuchados con elementos incendiarios salieron del baño de hombres del primer piso y se dirigieron hacia la entrada, seguidos por alrededor de una centena de alumnos –siendo la población estudiantil alrededor de 3.000–. Posteriormente, otros dos encapuchados salieron del baño de profesores con bidones de bencina, los fueron interceptados por funcionarios que lograron quitarle los elementos incendiarios, con los antisociales escapando.

Minutos después, los manifestantes se dirigieron a la calle Arturo Prat donde se enfrentaron con Carabineros lanzando bombas molotov. En respuesta, la policía utilizó gas lacrimógeno, lo que los obligó a reingresar al liceo.

Algunos se encerraron en los baños, y al salir uno de los alumnos, de cuarto medio, golpeó el rostro de la misma inspectora, sufriendo ella una lesión en su labio y siendo trasladada a la ACHS para ser atendida. Este hecho también forma parte de la querella patrocinada por la Municipalidad de Santiago, entidad de la cual depende el establecimiento.

Otro de los antecedentes –uno de los más graves– que se tienen respecto de la violencia de encapuchados hacia docentes en el liceo ocurrió el 1 de septiembre de 2018. Con el establecimiento funcionando para recuperar clases, por primera vez aparecen encapuchados vestidos con overoles blancos al interior del recinto. En la ocasión una de las cuatro inspectoras que intentaba sacar a los manifestantes del recinto fue rociada con bencina mientras los demás gritaban “enciéndela”, con uno de los jóvenes amenazándola con un encendedor. La profesora entregó su testimonio en distintas instancias y, afectada por el trauma, se jubiló tres años después.

Respuesta del Municipio

Consultados por Radio Bío Bío, desde la Dirección de Educación Municipal (DEM) indicaron que la querella fue ingresada junto al equipo jurídico de la Municipalidad de Santiago, por instrucción del alcalde Mario Desbordes.

Apuntaron a que el incremento de la violencia en el establecimiento –que inició en 2018 y ha experimentado un aumento en los últimos tres años– se debió a “la decisión de la administración municipal liderada por la alcaldesa Irací Hassler y el entonces director de Educación, Rodrigo Roco, de no aplicar la ley Aula Segura”, decisión plasmada en la página 25 del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal de 2022.

“La no aplicación de Aula Segura, en la práctica, fue tomado por los encapuchados y quienes avalaban la violencia como una señal de que no les serían aplicadas las más altas sanciones y que, en definitiva, lo que hicieran quedaría impune y podrían seguir asistiendo a sus colegios”, afirmaron.
Asimismo, indicaron que se está trabajando en coordinación con el equipo directivo, docentes y paradocentes, Carabineros, PDI, Fiscalía y la Dirección de Seguridad Municipal para enfrentar la situación del Instituto Nacional, además de estar realizando labores de inteligencia.

Agregaron que se están aplicando medidas como: contratación de más inspectores y porteros, instalación de cámaras de vigilancia, mejora en el registro de acceso con próxima incorporación de control con huella digital, controles de identidad en la calle Arturo Prat y la autorización de ferias itinerantes en la misma calle, con el objetivo de que una mayor circulación de personas ejerza un control natural sobre los manifestantes y los desórdenes.

Al respecto, Pilar Sazo, Directora de Educación Municipal, comentó:

“La violencia que hemos visto en algunos liceos emblemáticos de la comuna no va a ser aceptada ni tolerada. El año pasado fuimos testigos de hechos gravísimos: cientos de bombas molotov lanzadas desde el interior o el entorno de algunos establecimientos y el terrible incendio que dejó a más de 30 alumnos lesionados en el INBA. Esas y tantas otras situaciones responden al actuar de grupos minoritarios en los liceos, que impiden a la gran mayoría ejercer su derecho a estudiar en un ambiente seguro y adecuado.

En ese sentido, y a diferencia de lo que ocurrió con la administración anterior, que no aplicó nunca la Ley Aula Segura, la instrucción del alcalde Desbordes es que esa ley sea aplicada en cada situación que lo requiera. Ese es un cambio importante. Pero, además, el propio alcalde ha encomendado que se presenten las querellas correspondientes, como ocurrió hace pocas semanas con la agresión y amenazas en contra de una inspectora del Instituto Nacional.

Estamos convencidos que no se trata simplemente de “estudiantes desordenados”, sino de jóvenes que cometen delitos y deben asumir las consecuencias.

Adicionalmente, estamos trabajando en la revisión y actualización de los reglamentos internos de convivencia escolar (RICE) y protocolos de acción adecuados para los diversos establecimientos.

No vamos a dar espacio para que un grupo minoritario afecte el derecho a la educación de la gran mayoría de los niños y jóvenes de nuestra comuna. Aquí tiene que haber un cambio drástico, porque lo que está en juego es la educación pública de excelencia, motor de movilidad social para miles de familias de nuestro país”, finalizó.

“Acciones de diversa línea”

Posterior a la publicación de esta nota, Radio Bío Bío recibió una carta por parte de Rodrigo Roco, ex Director de Educación de la comuna durante la administración de Irací Hassler.

En esta, se dio más información sobre lo indicado respecto al Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal por parte de la actual administración. Roco indicó que el cese de Aula Segura plasmado en la página 25, no respondió a una decisión ni instrucción, sino que a un resumen de diversos temas e inquietudes levantados por las comunidades educativas entre agosto y septiembre de 2021.

Asimismo, agregó que entre 2022 y 2024 hubo estrategias y avances importantes en el combate a la violencia en liceos de Santiago: “(…) en ese periodo se desarrollaron acciones diversas en esta línea, desde el abordaje de problemas de infraestructura por largos años postergados, hasta el potenciamiento de actividades extraprogramáticas, el refuerzo de políticas educativas tan importantes como el Programa de Integración Escolar o la actualización de los proyectos educativos entre otros; además de las coordinaciones con Carabineros y la Delegación Presidencial para enfrentar eficazmente situaciones de violencia que constituyen delito, o la presentación de antecedentes y de 21 querellas ante la Fiscalía (algunas de las cuales lograron que lo s tribunales establecieran condenas)”.

Específicamente agregó que entre 2022 y 2024 se registraron el doble de medidas sancionatorias gravosas (expulsión y cancelación de matrícula) que el periodo 2018 y 2019, que los días de clases perdidos por concepto de ocupaciones pasó de 116 a 12 en los ocho liceos, y que el número de enfermedades profesionales de sus docentes y asistentes de la educación bajó de 72 a 7 dentro del mismo lapso.