Un error del fiscal Patricio Cooper podría poner en jaque la investigación que lleva adelante el Ministerio Público a la investigación por tráfico de influencias en contra de la diputada comunista Karol Cariola y su correligionaria, la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.
De acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el persecutor no solicitó autorización para acceder a las conversaciones de la exjefa comunal que no estuvieran relacionadas a la cuestionada y fallida compra de la Clínica Sierra Bella.
Según quienes conocen los antecedentes de la causa, explicaron que el día 2 de mayo de 2023, a las 8:15 de la mañana, la entonces alcaldesa Irací Hassler, entregó a la PDI de forma voluntaria su teléfono celular. En ese documento, firmado por Hassler y dos funcionarios de la policía civil, la economista dejó una “observación general” en la que precisamente autorizaba únicamente la revisión de sus intercambios telefónicos vinculados a ese caso.
De hecho, en el texto se indica como punto uno: “Se autoriza únicamente la revisión de llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería (Whatsapp y mensajes de texto) en cuanto al contenido de esta información, se autoriza la revisión solamente de lo referente a la compra de la clínica Sierra Bella”.
La alerta
El error saltó a la vista luego de que el abogado de Irací Hassler, Miguel Schürmann Opazo, ingresara un escrito al tribunal en el que cuestionó que no existiera constancia de que el Ministerio Público hubiera solicitado la autorización judicial para extraer y analizar la información contenida en el Samsung S21 que la exalcaldesa entregó a la PDI.
“En caso de no haber existido solicitud alguna de parte del Ministerio Público en miras a obtener autorización judicial para dicha diligencia, solicito que se certifique, de manera urgente y por el funcionario que corresponda, que el Ministerio Público no ha solicitado a S.S. autorización para la extracción, vaciamiento y/o peritaje del contenido del teléfono utilizado por doña Irací Hassler Jacob”, reza la presentación.
La respuesta llegó a través de un documento firmado por Felipe Miranda Tejo, jefe de la Unidad de Causas del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien hizo saber que no consta ninguna diligencia solicitada por el Ministerio Público.
¿Qué pasará ahora?
Según expertos en la materia, la fiscalía siempre puede iniciar una investigación en base a un hallazgo. La diferencia en este caso está dada en que la evidencia de posibles hechos constitutivos de delito por parte de la Presidenta de la Cámara de Diputados no formaba parte de la orden original emanada por el tribunal.
Es decir, el fiscal Cooper una vez informado del hallazgo debió, para evitar el debate sobre el “vicio” de la prueba haber pedido al mismo tribunal que dio luz verde a las diligencias por caso Sierra Bella, la autorización para extraer la nueva evidencia.
La falta del trámite podría ahora abrir la puerta a un eventual acuerdo entre la defensa de Cariola y el Ministerio Público. Este pacto podría apuntar a extraer sólo información que esté directamente y únicamente relacionada con las patentes chinas. A diferencia de otros casos, la fiscalía no podrá acceder a todas las conversaciones, documentos o fotografías que estén alojados en el teléfono de la parlamentaria.