"Bloqueo de proyectos": devolución de terrenos ingresa como nuevo antecedente en demanda a Enel

Desde inicios del 2023, el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) se encuentra tramitando una demanda en contra de Enel Green Power –empresa subsidiaria de Enel Chile–, a partir de una acusación que, en 122 páginas, apunta a la multinacional italiana de, entre otras cosas, estar reteniendo proyectos de energía sin ejecutarlos, con el fin de evitar el ingreso de nuevos competidores. Una acusación gravísima, que supondría una transgresión a la libre competencia.

El pasado 16 de enero, la compañía de desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica Golden Sun SpA, ingresó nuevos antecedentes a la demanda, consistentes en cartas enviadas por Enel al Ministerio de Bienes Nacionales anunciando la devolución de dos proyectos, y solicitando la prórroga de otros dos.

De acuerdo al escrito ingresado por el abogado Rodolfo Fuenzalida Sanhueza, los nuevos antecedentes son “gravísimos” y dejarían en evidencia la hipótesis inicial de Golden Sun: que desde Enel “no tienen ninguna intención de desarrollar los proyectos de ERNC (Energías Renovables No Convencionales) adjudicados”, y que la operación buscaría “evitar el ingreso de nuevos competidores”.

Félix Jaramillo Flores, Representante Legal y Gerente de Golden Sun, indicó a Radio Bío Bío que uno de los puntos más comprometedores radica en que la no realización de esos proyectos impactaría directamente en el precio que pagan los ciudadanos por energía; en este caso, consumidores entre Arica y Paine.

Consultados por este medio, desde Enel Green Power rechazaron comentar del tema, “puesto que se trata de una controversia que está siendo conocida por el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, autoridad pública jurisdiccional especializada en la materia”.

El modus operandi de Enel

La demanda ingresada el 30 de enero de 2023 se inició desde la adjudicación de Enel del proyecto denominado Llanos de Chulo, ubicado en un inmueble del Ministerio de Bienes Nacionales en la Región de Atacama. De acuerdo a la acusación, Enel habría fingido interés en el proyecto, para así entrar en una negociación ficticia que le habría permitido acceder a documentación técnica para ganar la licitación. Sin embargo, la vuelta no terminaría ahí, y es que, según cuenta la demanda, el accionar no habría sido con el objeto de ejecutar el proyecto adjudicado, sino que para “bloquearlo” e impedir que ingresaran nuevos competidores al mercado.

Pero, además, en el escrito ingresado recientemente al TDLC se habla de un “patrón de conducta”.

“La demandada no tiene y nunca ha tenido interés alguno en ejecutar los proyectos de ERNC de las licitaciones de las concesiones de uso oneroso del Ministerio de Bienes Nacionales que se adjudicó, o bien, ha demorado al máximo la ejecución de dichos proyectos. Todo, a fin de evitar la disminución de utilidades producto de la baja del precio de la energía que la ejecución de éstos le genera al Grupo Enel, a costa de los competidores, el Sistema Eléctrico Nacional y, su eficiencia”, acusaron.

De tal manera, la devolución de dos terrenos y la solicitud de prórroga para los otros dos, confirmaría la estrategia “destinada a limitar la competencia y a mantener altos los precios de la energía”, según comentó Jaramillo.

Específicamente, el 6 de junio se informó la resciliación de proyecto Cerro Vista Faro y Cerro de Roco, asimismo se solicitó una prórroga del plazo para poner en operación los proyectos Kimal UT1 y Kimal UT3, otorgados en mayo de 2021.

En el duro tono que ha caracterizado los escritos presentados por ambas partes, Enel acusó a Golden Sun de “simplemente disparar a la bandada para ver si algo caza”. Enel afirmó que Golden Sun “pretende dar cuenta de un supuesto interés anticompetitivo del año 2020, a partir de hechos acaecidos el año 2024, que no son materia del juicio y que no permiten realizar el análisis causal que pretende, menos aún en una industria en permanente evolución, con factores que permanentemente van cambiando y que determinan la necesidad de tomar decisiones que el año 2020 eran impensadas”.

Asimismo, Enel sostuvo que “las solicitudes contenidas en las cartas se encuentran fundamentadas técnicamente y no constituyen maniobras malintencionadas”, además de corresponder a facultades contractuales.

Consultados por Radio Bío Bío, desde el Ministerio de Bienes Nacionales afirmaron que dentro de la gestión contractual se reciben diversos tipos de solicitudes, como lo son la prórroga de las etapas de ejecución de los proyectos. “Ante cada una de ellas, se analizan las circunstancias y consideraciones técnicas invocadas por las empresas, para, caso a caso, resolver si se accede o no a las prórrogas requeridas”, afirmaron.

En relación a las devoluciones de terrenos, indicaron que una vez que las empresas han tomado posesión del inmueble y se encuentran en la etapa de estudio de proyectos, a veces llegan a la conclusión de que no es posible desarrollarlos, en consideración a razones técnicas, topográficas, financieras, arqueológicas, medioambientales, etc.

“Frente a estos casos, previo análisis de las consideraciones invocadas por las empresas, el MBN evalúa el cumplimiento de las obligaciones contractuales y accede, ya que es de su interés, a evaluar si corresponde disponer del inmueble para el desarrollo de otros proyectos”, concluyeron.

El costo para la ciudadanía

De acuerdo a Jaramillo, el escenario con los nuevos documentos “evidencia una práctica sistemática de bloqueo de proyectos”, no solo “retrasa el desarrollo energético del país, sino que también afecta directamente a los consumidores”.

Un informe preparado en 2021 para Golden Sun por Systep –firma consultora especialista en el sector energético– simuló la operación del desarrollo de proyectos de generación de tipo solar fotovoltaico en la zona norte del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) Chile, entre los años 2021 y 2028, considerando los escenarios de demanda baja y alta.

Tal como publicó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en la nota “Llanos del Chulo”: el informe que complica a Enel ante el TDLC por no desarrollar planta fotovoltaica, el informe ingresado en la misma demanda indicaría que, de haberse realizado los proyectos, el precio de la electricidad habría disminuido para la población.

“De haberse construido los proyectos en los terrenos adjudicados por ENEL, el precio de la energía habría caído entre un 23% y un 46%, beneficiando directamente a los consumidores”, indicó Jaramillo, afirmando que los proyectos debiesen haber entrado en operación en 2022.