La Fiscalía Regional de Ñuble investiga potenciales conflictos de interés que podrían haber favorecido a peligrosos narcos y delincuentes en la provincia de Bío Bío, particularmente en la ciudad de Los Ángeles.
De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga y Radio Bío Bío, se trata de una indagatoria que fue declarada secreta por incluir entre otros delitos el lavado de activos y que involucraría a las abogadas de cabecera de distintos miembros del crimen organizado y a funcionarios de la Fiscalía Local de Los Ángeles.
Según fuentes de este medio, las sindicadas corresponden a Susana Cortés Karmy, esposa del defensor local jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP) en Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado. Y su socia y compañera de mil batallas, Andrea Romero Jara, quien está casada con el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica.
Este último, está a cargo de investigar algunas causas de complejidad que el Ministerio Público tiene abiertas en la zona. Anteriormente tuvo un paso por la Fiscalía Local de Angol donde conoció de causas contra comuneros mapuches.
Sea como sea, ambas defensoras penales privadas figuran litigando juntas en numerosas causas seguidas por el ente persecutor contra narcotraficantes e integrantes del crimen organizado en la zona. La primera se tituló de abogada en 2002 de la Universidad Adolfo Ibáñez y la segunda en 2003 de la Universidad de Concepción.
Entre sus clientes más reconocidos aparece Moisés Bastardo Bastardo, sicario venezolano que está a punto de enfrentar juicio por cuatro homicidios en medio de una guerra narco.
Los regalos
El nombre de las dos abogadas se repite una y otra vez en distintas audiencias que se tramitan en los tribunales de la provincia de Bío Bío. El potencial conflicto de interés que tendrían ambas era un secreto a voces en el pequeño mundo judicial angelino.
En efecto, no solo se sospecha del eventual traspaso de información de causas altamente sensibles sino también de la entrega de regalos ligados a narco imputados. Estos últimos, habrían tenido como destinatario final a funcionarios públicos.
Aunque parezca insólito, entre los presentes figuran chocolates que habrían ido a parar a los escritorios de distintos funcionarios de la Fiscalía Local de Los Ángeles, ya sea como agradecimiento o incentivo.
También se indaga, en todo caso, la posible entrega de otro tipo de regalos a miembros del organismo persecutor que no han sido aclarados y que, al igual que los chocolates, aún son materia de investigación.
Una de las cosas que llamaba la atención en el mundo judicial angelino, apuntan fuentes consultadas por BBCL Investiga, era que ambas —conjuntamente o por sí solas— solían conseguir rápidamente los patrocinios de causas por crimen organizado incluso cuando éstas se manejaban con hermetismo.
Los allanamientos
Tal como reveló Radio Bío Bío, durante la mañana de este miércoles se materializaron sendos allanamientos en la Fiscalía Local de Los Ángeles y en dependencias ligadas a las juristas.
Quienes conocen del operativo, afirman que los funcionarios de la PDI a cargo de las diligencias levantaron únicamente dispositivos electrónicos propiedad de las abogadas que ahora serán sometidos a peritajes.
La causa fue asignada personalmente por el fiscal nacional Ángel Valencia a la mandamás del ente persecutor en Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso. Desde la repartición que preside declinaron emitir un pronunciamiento, argumentando el secreto de la investigación.
Según fuentes de este medio, además de la arista penal, que este miércoles tuvo sus primeros resultados con el allanamiento a la fiscalía angelina, se instruyó un sumario al interior del Ministerio Público para determinar las potenciales responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados.
Defensoras del Bastardo
Tal como se adelantó, ambas juristas defendieron con éxito al asesino por encargo venezolano, Moisés Bastardo Bastardo, en una causa por el homicidio frustrado de cinco personas vinculadas a la banda rival de “Los Corbata”, organización criminal para la que Bastardo prestó sus servicios de sicariato.
De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, en dicha investigación el Ministerio Público sindicó al ciudadano venezolano como autor de la ráfaga de disparos que terminó con la abuela del “Betino” (uno de sus enemigos) hospitalizada por 30 días. En rigor, la mujer supervivió al impacto de un proyectil en su brazo izquierdo y otro que ingresó por su espalda y le fracturó el omóplato. Otros cuatro sujetos salvaron de milagro de ser alcanzados por una bala.
“Procedió a disparar en numerosas ocasiones con dicha arma hacia la parte frontal del inmueble en cuyo interior se encontraban las víctimas, impactando en las paredes, puertas y ventanas diversos proyectiles para posteriormente ingresar el acusado al domicilio indicado, disparando a mansalva a la parte del living comedor”, rezaba la acusación fiscal que fue desechada por la justicia.
En el mentado proceso penal, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles resolvió el 28 de abril de 2021 absolver de todos los cargos a Bastardo Bastardo tras encontrarle razón a los fundamentos esgrimidos en el juicio por las abogadas Cortés & Romero.
Hermanos Corvalán
Donde no consiguieron librar de culpa a sus clientes fue en la causa seguida contra los hermanos Corvalán y sus secuaces, alias “Los Corbatas” en honor a su apellido. En dicho proceso penal actuaron ambas como abogadas de integrantes del clan-narco que sembró el terror en las calles de Los Ángeles.
Susana —la esposa del defensor jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles— fungió como la abogada privada del sicario Bastardo, mientras que su colega Andrea Romero Jara representó los intereses de Cristian Erices González.
No tuvieron éxito. Bastardo Bastardo fue condenado por tráfico, posesión de armas y posesión de municiones a penas que suman casi 7 años de cárcel. Misma suerte corrió Erices González, sentenciado a más de 6 años de presidio por tráfico de drogas y cultivo de marihuana.
Asimismo, ambas litigaron a favor, también sin éxito, del asesino del empresario angelino Edmundo González Sepúlveda. Un hecho ocurrido a mediados de 2020.
Después de que el autor del homicidio, José Erices Silva, fuera condenado por el TOP angelino, las abogadas interpusieron un recurso de nulidad invocando un supuesto error en la valoración de la prueba por parte del tribunal.
Sin embargo, en enero de 2022 la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó en fallo unánime la presentación de las abogadas, confirmado la condena de 15 años y un día que se le impuso al asesino.
La indagatoria
Consultados por este medio, desde el Ministerio Público se limitaron a informar que “se trata de una investigación a cargo de la fiscal regional de Ñuble que ha sido declarada secreta, por lo que hay impedimento legal de informar al respecto. Las diligencias las realiza un equipo de fiscales de dicha fiscalía regional”.
Mientras tanto, también a solicitud de esta Unidad de Investigación, el defensor regional del Bío Bío de la Defensoría Penal Pública (DPP), Osvaldo Pizarro Quezada, subrayó que “la responsabilidad administrativa de un funcionario público surge cuando incumple sus deberes u obligaciones y se establece mediante una investigación sumaria o un sumario administrativo.
“Hasta ahora, no contamos con ningún antecedente y/o evidencia que relacione de manera directa y/o indirecta el incumplimiento de los deberes y obligaciones del jefe de la Defensoría Local de Los Ángeles o de cualquier otro funcionario con la investigación de carácter reservado que lleva a cabo la Fiscalía de Ñuble”, aseguró.
En esa línea, argumentó que “si esta situación cambia, se adoptarán las medidas administrativas necesarias para investigar, determinar responsabilidades y sancionar a quien haya infringido sus deberes o comprometido la integridad pública, siguiendo así la línea de probidad y transparencia que tiene nuestra institución”.
Este medio intentó obtener una versión de las involucradas, sin resultados hasta el cierre de esta edición.
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