"Servicio Especial": la irrisoria brecha de seguridad usada para traficar migrantes a Estación Central

—Cuando lograban cargar completamente el bus, ponían un cartel frente al vidrio que decía “Servicio Especial de Minería” y cerraban todas las ventanas, a fin de que nadie viera que adentro iban pasajeros.

Entre 200 y 800 dólares cobraba una banda de coyotes para internar ilegalmente a migrantes a Chile. Se trata de un grupo cuya condena revela la fragilidad de la frontera y los controles carreteros en territorio nacional. Y también da cuenta de la impunidad en la que pudieron operar.

Y es que la agrupación transnacional incluso ofrecía convenientes modalidades de pago a quienes deseaban burlar a la autoridad criolla. En lugar de la divisa estadounidense, los servicios también se podían cancelar en pesos chilenos si el cliente así lo requería. O en transferencias bancarias. O través de envíos mediante empresas. O, en algunos casos, en sobres con dinero en efectivo.

Casas de seguridad clandestinas, esperar el cambio de guardia de la policía y disimular el delito en buses de supuestos trabajadores mineros forman parte del modus operandi que le permitió a la agrupación facilitar el ingreso de más de un centenar de venezolanos a Chile. ¿El destino final? Estación Central.

Casas de seguridad

Según información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la organización operaba ingresando a los migrantes por pasos no habilitados. La ruta comenzaba en Venezuela desde donde eran guiados por trocheros. Es decir, un coyote o guía ilegal que conocía al revés y al derecho los recovecos de la frontera para concretar el tráfico. Todo finalizaba en las inmediaciones del terminal de buses capitalino.

La primera parte del camino debía hacerse a pie y culminaba luego de pasar por los sectores cordilleranos altiplánicos próximos al Complejo Fronterizo Colchane Pisiga, a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

La tarea no era fácil: la geografía y clima presentan un gran peligro para la vida de las personas no
habituadas o preparadas para esas condiciones. El cruce de la frontera se concretaba regularmente de noche. Allí la visibilidad es mínima y las temperaturas pueden llegar incluso hasta los -15°.

Una vez en Chile, los migrantes eran conducidos a casas de seguridad. La primera de ellas estaba emplazada en Colchane. La segunda se encontraba en Escapiña, una localidad cercana. Era en esos lugares donde los extranjeros fueron ocultados para evitar cualquier control. Todo en precarias condiciones y en absoluto hacinamiento.

—Una vez (la banda) metió 103 personas en una casa —reveló en el juicio José Aliscar Barrios Torres, uno de los condenados de origen venezolano. En su país fungió como policía de la Guardia Nacional Bolivariana.

La brecha: cambios de turno en la tenencia

Wilma Calle Ayaviri y Milton Mamani Mamani son esposos. Ambos —de acuerdo a la indagatoria— eran los líderes de la asociación. Según quedó establecido en el proceso judicial, eran ellos los encargados de organizar el traslado posterior desde Colchane a Pozo Almonte. También realizaban los cobros correspondientes. Para cada nacionalidad había una tarifa diferenciada. Los precios más altos eran para aquellos que provenían de Venezuela.

Las salidas de las casas de seguridad con destino al sur se concretaban a las 04:30 de la madrugada. El itinerario no era casual: debían estar, religiosamente, antes de las 08:00 de la mañana en Huara.

Resulta que la banda había descubierto una brecha de seguridad en la policía chilena: justo a esa hora, todas las mañanas, la Tenencia de Carabineros allí emplazaba realizaba el cambio de turno de los funcionarios policiales. En buenas cuentas, los controles que ahí se efectuaban de manera regular simplemente se detenían mientras hacían el cambio. Ello les permitió concretar el tráfico de los migrantes.

También buscaron una solución en caso de que se atrasaran. O si, por algún motivo, las fiscalizaciones seguían en pie pese al cambio de turno: se detenían metros antes del control, desembarcaban a sus pasajeros y los hacían caminar en medio del desierto. Como punto de referencia utilizaban una antena de telecomunicaciones ubicada a un costado de la ruta 5 Sur. Ese era el lugar donde minutos más tarde los clientes serían recogidos por los imputados en los mismos vehículos.

Una vez en Pozo Almonte, los migrantes nuevamente eran recibidos en casas de seguridad. Y desde ahí, con la ayuda de otros condenados, embarcaban hasta Estación Central.

El uso de esos domicilios clandestinos quedó al descubierto en numerosas escuchas telefónicas. En una de ellas, por ejemplo, dos imputados discurren respecto de la seguridad de dichas instalaciones.

—La casa de la esquina está muy calentona —dice uno de los implicados en una comunicación fechada en junio de 2021.

La razón era simple: patrullajes de Carabineros rondaban por ahí constantemente, por lo que posiblemente estaba sujeta a vigilancia policial.

—Está funada, la vamos a dejar descansar —se les escucha decir.

Servicio Especial

La irrisoria brecha de seguridad derivada de la falta de controles por el cambio de turno no era lo único que aprovecharon los imputados. Según quedó establecido en el juicio, la líder del grupo tenía contacto con funcionarios policiales.

Así está consignado en una escucha telefónica de julio de 2021, en la que Wilma Calle revela a una segunda implicada que empleados de Carabineros le pasaban información respecto de los movimientos al interior de la Tenencia.

“Mantenían contacto y mencionaban cuándo iba a salir a patrullar y hablaban de los cambios de turno, todo lo cual tiene relación con la investigación, por cuanto buscaba que no fueran descubiertos”, reza la sentencia.

También hubo otras maniobras, aunque más rudimentarias, para pasar desapercibidos. Como hacerse pasar por trabajadores de la minería.

—No siempre se iban con el bus lleno, ya que recién estaba empezando la migración aquí a Chile. Cuando lograban cargar completamente el bus, ponían un cartel frente al vidrio que decía “Servicio Especial de Minería” y cerraban todas las ventanas, a fin de que nadie viera que adentro iban pasajeros —atestiguó José Aliscar, el policía de la Guardia Nacional Bolivariana reconvertido en traficante de migrantes.

Las condenas

En vista de estos antecedentes, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó a Milton Mamani Mamani a 17 años de presidio por el delito de tráfico ilícito de migrantes agravado y otros tres años por asociación ilícita. Wilma Calle Ayaviri, en tanto, deberá cumplir 15 años y un día. A José Aliscar Barrios Torres, el tribunal lo condenó a la pena de 12 años.

Otra decena de imputados también fueron condenados por los mismos ilícitos.

El tribunal ordenó el comiso del dinero y especies incautadas en el procedimiento.

“Permanentes controles”

Requeridos por BBCL Investiga, desde Carabineros señalaron que “personal institucional de la zona realiza permanentes controles, conforme a los modus operandi que utilizan algunos inescrupulosos, principalmente con inmigrantes, y cuando se detectan se adaptan los procedimientos de rigor”.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la policía uniformada, en todo 2023, las subcomisarías de Huara y Colchane lograron incautar 533 kg de marihuana, 275 kg de pasta base, 248 kg de ketamina y 90,7 de clorhidrato de cocaína. Realizaron 10.545 controles preventivos vehiculares y 5.468 de identidad (ver imagen).

“Estos servicios son apoyados con unidades especializadas, es decir son servicios integrales”, acotaron.