En Internet y a la vista pública permanecen datos sensibles de la Inteligencia del Ejército de Chile. Una búsqueda rápida por la página web de la institución permite encontrar nombres completos, ruts, la unidad de donde trabajarán y hasta qué funciones sensibles desempeñarán dos “hackers” reclutados a través de un concurso público.
Y es que en su plataforma, el organismo castrense publica periódicamente las vacantes disponibles para cubrir variados cargos que permiten el funcionamiento y fortalecimiento de distintas áreas.
Las ofertas son de todo tipo. Por esta vía, el Ejército solicita contadores auditores, nutricionistas, ingenieros en minas, matronas, kinesiólogos, abogados, prevencionistas de riesgo… e incluso hackers.
Así queda en evidencia al revisar los registros disponibles en la plataforma de postulación, donde se muestran sendos procesos iniciados en abril de 2022 y junio de 2023.
Sendos procesos
El primero de ellos corresponde a un concurso público para contratar a dos asesores de Inteligencia. Uno para ciberoperaciones ofensivas y otro para las defensivas, a cambio de un sueldo de poco más de $1,5 millones. El resultado de dicho proceso terminó con dos de cuatro postulantes contratados.
En la resolución exenta de tres páginas, firmada por el comandante de la División de Personal del Ejército, Juan Solari Valdés, figuran con nombre y apellido quienes en ese instante pasaron a formar parte del Regimiento de Inteligencia N°2 Llaitún.
Emplazado en avenida Las Perdices de Peñalolén, se trata de la unidad de Inteligencia por excelencia del Ejército, la que también alberga al Pelotón de Guerra Electrónica (COMINT). Según un oficio de la DINE -al que accedió este medio- al 2017 contaba con una fuerza total de 34 hombres.
Dicho sea de paso, corresponde al mismo regimiento donde en 1992 se interceptó la llamada telefónica de Sebastián Piñera. Hecho que más tarde daría paso al denominado “Kiotazo”.
El segundo proceso, en tanto, que tenía propósitos similares, fue declarado desierto a mediados del año recién pasado. Pese a no dejar expuestos sus identidades, el Ejército sí develó las tareas, a nivel general, que le serían encargadas. Incluso, dejó de manifiesto la importancia de dicha contratación.
“Esta vacante representa un cargo crítico para el normal funcionamiento” del regimiento, reza unas de las resoluciones públicas revisadas por BBCL Investiga.
Sobre la razón por la que el proceso se declaró desierto, la institución explica que se debió a que el único postulante seleccionado manifestó por correo electrónico sus intenciones de desertar del concurso.
Inteligencia poco seria
Según expertos consultados por este medio, se trata de una forma “poco seria” de contratar personal de esta índole, lo que demuestra lo mal que funcionan los servicios de defensa en Chile.
A juicio del oficial (r) del Ejército y exfiscal militar experto en Inteligencia, Rodrigo Vera Lama, la contratación por esta vía de personal que se abocará a tareas tan sensibles “muestra una vez más la ausencia de seriedad con la que funciona la Inteligencia Chile”. “El problema ya no es normativo o de falta de leyes regulatorias, sino que de los operadores del sistema”, asegura.
En esa línea, apunta a que “son diversos los riesgos que implica develar la identidad del personal de ciberseguridad que trabaja en misiones complejas, toda vez que al ser conocida por otras potencias o grupos de crimen organizado, pueden ser objeto de diversas actividades que impliquen afectar su seguridad personal, de su grupo familiar, y también la seguridad del organismo de Inteligencia para el cual prestan servicios”.
Con todo, Vera Lama recuerda que en su Artículo 38, la Ley de Inteligencia “califica de secretos todos los antecedentes que obran en poder de los servicios de Inteligencia. Esto hace aún más incomprensible que sea público y con amplia difusión el reclutamiento de personal para tareas sensibles en un Regimiento de Inteligencia del Ejército”.
Apegado a la norma
Consultada por este medio, la institución castrense se limitó a señalar que este mecanismo de reclutamiento se apega a lo establecido en los estatutos para la contratación de funcionarios públicos, el cual “norma el procedimiento que deben realizar las instituciones públicas, como el Ejército de Chile”.
Pese a inquirirles, no ofrecieron respuestas respecto de si esta fórmula podría abrir una brecha de seguridad al proporcionar información sensible a potencias extranjeras o crimen organizado. Lo propio hicieron sobre la posibilidad de poner en riesgo la integridad de los contratados o la unidad en la que trabajan.
Hacker militar: el reclutamiento por Internet del Ejército que abre dudas de la Inteligencia chilena
