Se avizora una jornada tensa. Hoy, a las 15:00 horas, se votará en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la región Aysén, el destino de dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) por más de 621 mil hectáreas, solicitadas por dos comunidades de la zona.
Dichas peticiones se dan bajo el alero de la Ley Lafkenche, normativa que tiene más de 14 años de vigencia y que nació con el fin de reconocer y proteger los derechos territoriales de los pueblos originarios sobre el borde costero. En la mencionada regulación, además, se estableció el mecanismo para destinar los espacios marítimos con el objetivo de preservar los usos y costumbres indígenas.
Radio Bío Bío buceó en los registros de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), los que dan cuenta del número de peticiones desde Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios. En total, luego de publicarse la normativa, van 108. También, a raíz de una solicitud de réplica, representantes de dos comunidades explican los fundamentos detrás de sus peticiones por más de 600 mil hectáreas.
Solicitudes
Desde el año 2013 a la fecha, son 108 las peticiones de borde costero -por parte de comunidades indígenas- que han sido ingresadas a nivel nacional, en el contexto de la Ley Lafkenche. Norma que por estos días ha estado en el centro de la opinión pública, a raíz del caso de Aysén.
Al observar a nivel regional, Los Lagos es la zona que lidera la lista con 78 solicitudes. Luego, en segundo lugar, se encuentra Bío Bío con 11 peticiones; después, con 5, se encuentra La Araucanía y Los Ríos. Finalmente, en tercer lugar con tres solicitudes en cada una se encuentra Atacama, Magallanes y Aysén.
En los datos de Subpesca analizados por este medio se detalla que solo dos solicitudes han sido rechazadas por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC). Una en Los Lagos, en Queilen, y otra en Atacama, específicamente en Freirina. Esta última se encuentra actualmente pendiente a raíz de un recurso que busca revertir la negativa.
Es importante destacar que luego de que la CRUBC acepta una solicitud, el borde costero no es entregado automáticamente a las comunidades. Tras el pronunciamiento de la Comisión, la petición pasa al Ministerio de Defensa, puntualmente al área de Destinación Marítima. Luego, y finalmente, el proceso queda zanjado vía decreto.
Según los registros, 22 solicitudes ya se encuentran con su respectivo decreto, es decir, ya recibieron el visto bueno de Defensa. Además, hay otras 2 que recientemente fueron aprobadas por la Comisión, y 26 están próximas a ser enviadas a la CRUBC, siendo una de estas la que hoy se votará, por lo que los datos no están totalmente actualizados.
A nivel privado, existen otras cifras que son manejadas por el Consejo del Salmón. En una presentación que realizaron a la comunidad en la región de Aysén -en el contexto de las dos solicitudes que se votarán hoy- explicaron que solo 24 solicitudes han sido otorgadas o aprobadas por la CRUBC.
Las cifras del Consejo del Salmón coinciden con las de la Subpesca. De estas, solo una ha sido en la región de Aysén, pues las otras dos son las que se votarán esta jornada. Las hectáreas entregadas en una sola solicitud aprobada asciende a 26.369.
La instancia que agrupa a cinco empresas productoras de Salmón detalla que actualmente se encuentran en trámite 75 solicitudes. Todas estas suman una cantidad de 2.727.710 hectáreas, que en promedio serían 36.369 por cada solicitud. Al compararlo con lo que se votará hoy en Aysén, se indica -en la misma presentación- que el promedio aumenta a 310.532 hectáreas.
Réplica
A través de un correo electrónico representantes de las dos comunidades que ingresaron la solicitud que será votada esta jornada en el extremo sur, expusieron -a modo de réplica- su postura para acceder al territorio antes mencionado. A través de un documento las comunidades Pu Wapi y Antunen Raín, representadas por Daniel Caniullán y Nelson Millatureo, detallaron su postura.
Estos señalan, retrucando un artículo previamente publicado por Radio Bío Bío, que “se cita a autoridades regionales y a actores locales que llevan tiempo manifestado abiertamente su oposición a esta figura de administración territorial, se critica el actuar de CONADI, se cuestiona la capacidad de las comunidades indígenas para administrar el área que sería declarada Espacio Costero Marinos de Pueblos Originario, pero, sobre todo, se omite cualquier mención o consulta a las comunidades que hemos trabajado durante años por los ECMPO, perseverando en el proceso de solicitud”.
De hecho, criticando el reportaje exhibido a inicios de semana, sostienen que “parte del escrito se centra en cuestionar la capacidad de las comunidades indígenas solicitantes de ECMPO de administrar el área requerida, arguyendo que serían unas pocas familias las que estarían tras el manejo de enormes extensiones de costa y mar. Esta afirmación irresponsable desconoce el hecho que la ley 20.249 -o Ley Lafkenche- indica que son las comunidades indígenas quienes pueden solicitar un ECMPO, pero señala que su administración puede recaer en diferentes actores y organizaciones que desarrollan actividades o trabajos sustentables en el litoral”.
Es decir, añaden, “el plan de administración considera a todos los usuarios -sean o no indígenas- que tengan proyecciones en el borde costero y que estén interesados en co-construir un modelo de desarrollo sustentable que permita, por ejemplo, contar con pesquerías a largo plazo”.
Daniel Caniullán y Nelson Millatureo sostienen que “esto suma a muchas más personas que las de algunas familias. Además, cabe destacar que los ECMPO respetan los derechos otorgados de manera legal con anterioridad a la solicitud, por lo cual las concesiones acuícolas y de otros tipos podrán seguir operando con normalidad dentro área”.
Especifican, además, que “la administración de los ECMPO Cisnes y Huichas recaería en sus propios habitantes, en todos ellos, porque se busca asegurar un uso sustentable y armonioso entre todos los seres vivientes que forman parte de los canales e islas de nuestra región, a partir de las prácticas culturales basadas en las costumbres y el diálogo equitativo. A los ECMPO se les acusa de ser la peor amenaza para el desarrollo regional, sin embargo, estos espacios no son figuras de explotación, no son figuras excluyentes de usos, no son figuras competitivas”.
En base a lo anterior, sostienen que “sí son una figura administrativa que permite ejercitar libremente las costumbres de las comunidades, las que generan bajo impacto sobre la naturaleza e -incluso- proveen contribuciones recíprocas que favorecen la restauración de áreas que han sido sobreexplotadas”.
Finalizan con que “para constatarlo basta con leer la ley desde cualquier computador o biblioteca. Con todo, pareciera ser que la amenaza, realmente, es la incapacidad de empatizar con una opción de uso distinta a la que se ha desarrollado en las aguas del sur de nuestro país, donde abundan los proyectos de explotación basados en la competencia entre pares y en la administración privativa y excluyente de aguas y especies, impulsada por actores que se ponen en pie de guerra cada vez que consideran amenazados sus intereses y su posibilidad de continuar creciendo”.
Carta a la gobernadora
Finalmente, durante la tarde de ayer, las mismas comunidades hicieron llegar una carta a la gobernadora de la región, Andrea Macías, solicitando suspender la votación de hoy. Esto, argumentando que es necesario generar espacios de diálogo previos, que cuenten con estándares mínimos de convivencia para asegurar la justicia y equidad de la decisión.
“Reconocemos una atmósfera tensa que ha conducido al odio entre los habitantes de esta región, y una postura indiferente y silenciosa por parte del Estado, que nos motiva a insistir en la creación de instancias de diálogo social y trabajo conjunto. Como comunidades indígenas hemos actuado siempre con buena fe, de manera transparente y comunicando antecedentes objetivos, pero hemos sido correspondidos con violencia, amenazas, agresiones y la proliferación de constantes mentiras que nos han convertido en una amenaza frente a nuestros vecinos, sus vidas y futuro”, señala la misiva.
En un comunicado que enviaron con posterioridad a la carta se describe que “los dirigentes en su solicitud aluden a la experiencia ocurrida en la región de Los Ríos en noviembre de 2023 respecto a la votación de la ECMPO Mississippi, cuando el Gobernador de dicha región, Luis Cubertino, en su calidad de presidente de la CRUBC de Los Ríos solicitó a SUBPESCA la ampliación del plazo para resolver y emitir un pronunciamiento respecto a este Ecmpo en torno al cual también se gatilló una controversia”. Ya que esto trajo como resultado final “la aprobación de ECMPO Mississippi en el sector costero de Mehuín”.
En palabras simples, existe el temor de que no sea aprobada la solicitud. Terminan con lo siguiente: “Nosotros como comunidades no activamos este conflicto, y sin embargo debemos experimentar el hostigamiento diario por defender una propuesta de futuro que corrige tantos errores acumulados: la libertad de depredación de nuestros recursos naturales, condiciones laborales precarias, vulneración y pobreza extrema”.
Hoy se vota en la región de Aysén: las solicitudes que han ingresado por Ley Lafkenche
