El 29 de febrero a las 15:00 se votará en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero en Aysén el destino de dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). ¿Qué es lo complejo? Un grupo de unas 40 personas están solicitando más de 621 mil hectáreas en la zona.
Todo esto bajo el amparo de la ley Lafquenche. Normativa que tiene más de 14 años de vigencia y que nació con el ánimo y el espíritu de reconocer y proteger los derechos territoriales sobre el borde costero de los pueblos originarios. Fue esta misma la que estableció un mecanismo para destinar los espacios costeros con el objetivo de preservar los usos y costumbres indígenas.
Para esto, se entrega en administración a las comunidades correspondientes, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dichas áreas. Y, previo a la entrega, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígnea (CONADI) debe verificar la veracidad de los usos y costumbres alegadas.
¿Pero qué está sucediendo en Aysén? Son dos comunidades -que partieron siendo tres- que hicieron estas solicitudes de borde costero. En primer lugar la comunidad Pu Wuapi de la comuna de Guaitecas que solicitan la ECMPO CISNES con una superficie de 227.272 hectáreas. Y en segundo lugar la Comunidad Antunen Rain de las Islas Huicha de la comuna de Aysén. Ellos solicitan 393.945 hectáreas.
Ver mapa:
Lo que ha causado revuelo en las distintas comunas y provincias de Aysén, y especialmente en la Municipalidad de Cisnes, es que son comunidades indígenas que no pertenecen a la comuna y que están solicitando un extenso territorio de esta. En consecuencia, tanto el alcalde como ex autoridades y dirigentes de la zona se están organizando para detener y lograr que se rechace la solicitud el jueves.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a documentos, actas de las sesiones, informes de la CONADI y detalles de lo que está ocurriendo en la zona. Conversó con diferentes autoridades respecto al tema que está perturbando algunas de las comunidades, sobre todo de pesca artesanal, en Aysén.
Un mes
Todo comenzó y salió a la luz en la sesión del 2 de febrero de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Dentro de las temáticas abordadas fueron las solicitudes ingresadas por las comunidades. Al revisar el acta de reunión – documento que hasta la fecha sigue en estado de revisión- señala lo siguiente: “La presentación de la Secretaría Técnica de la CRUBC abordó en particular las solicitudes ECMPO de Cisnes e Islas Huichas, se describió el proceso la fecha en una línea de tiempo, número de personas que componen las comunidades indígenas, los usos invocados en las solicitudes y los usos realizados por todos los actores presentes en el litoral, mediante mapas explicativos”.
En las siguientes líneas del escrito ya se comienzan a ver las principales diferencias entre las personas que participaron en dicha cita. Según se describe en el acta, el representante de pescadores artesanales, Carlos Basualto, indicó que “los pescadores artesanales son usuarios del maritorio regional, ellos están en plena libertad de realizar operaciones de faena y consulta sobre la claridad de establecer acuerdos previos y la obligatoriedad de cumplirlos en el momento de realizar un plan de administración y de manejo de recursos pesqueros”.
Asimismo, el alcalde de la Municipalidad de Cisnes, Francisco Roncagliolo, advirtió de la extensa superficie de la solicitud y que “además de la extensión a ser administrada por 10 integrantes de una comunidad y 27 de otra”. Indica que no se contempló en la solicitud el espíritu de uso común que se tiene en el sector de la Pesca Artesanal y advierte de la ausencia de recursos para el cuidado y administración del mega predio, entre otros.
Pasos a seguir
El paso a seguir es simple: la CONADI debe realizar informes sobre la pertinencia de la solicitud para que posteriormente esta sea votada. En el caso de Aysén, la cita está programada para la última sesión del mes, el 29 de febrero. Y al consultar sobre estos, desde la corporación explicaron a la Radio que “Conadi ejecuta un informe antropológico sobre la pertinencia de la solicitud del espacio costero, que tiene carácter de insumo para la decisión final”.
Ver informe 1:
Ver informe 2:
Al final dan cuenta que CONADI junto a otros servicios que realizan estudios que solo son un insumo técnico para que las personas responsables de tomar la decisión final puedan hacerlo de manera correcta.
Desde el 2 de febrero, autoridades locales y dirigentes sociales han comenzado una campaña para que se logre el rechazo de esta iniciativa en la próxima sesión. Cita que ya fue confirmada durante el viernes en la tarde a través de un oficio enviado por el gobernador (s) José Luis Novoa Lópéz donde se señala en el punto número tres que se “solicita pronunciamiento a CRUBC sobre establecimiento de ECMPO Cisnes, Región de Aysén” y en el siguiente, “sobre establecimiento de ECMPO Isla Huichas, Región de Aysén”. Más abajo se recuerda que la asistencia es muy importante ya que se requiere un quórum.
Para que la solicitud se apruebe se requiere de un quórum de la mitad más 1. Y las personas que deben hacerlo son, según un instructivo presidencial del 24 de junio de 2022, las siguientes: el gobernador o gobernadora, los delegados, los alcaldes de la zona (en esta caso 9), el seremi de Economía, de Desarrollo Social, de Vivienda, de Transportes, de Bienes Nacionales, un representante de la Armada Nacional, los gobernadores marítimos, el director regional de obras portuarias, el director regional de Sernatur, el director regional del servicio de Pesca, el del servicio de Evaluación Ambiental, el director zonal de pesca correspondiente, dos representantes del CORE regional, dos del sector pesquero, dos del sector acuícola, dos del turismo. Y otros tres sectores que son nombrados por la gobernación regional. En este caso serán dos personas de los pueblos originarios y uno del sector portuario.
Ver instructivo:
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Opiniones locales
Francisco Meza es un dirigente de pesca artesanal litoral de Aysén que ha organizado diferentes conversatorios para explicar a la comunidad lo que está en juego en los próximos días. En conversación con la Radio, Meza explicó que al aprobarse todo quedaría bajo la administración de las comunidades indígenas “teniendo el control total del litoral”.
Él espera que se “rechace esta solicitud. Ya que en caso de aprobarse irán sacando la industria salmonera e ingresaran las ONG a coadministrar transformándose sólo en conservación”. Por esto, agregó que “he gestionado junto a otros actores. Los espacios de diálogo para dar a conocer los hechos”.
Por su parte, Loreta Villegas, consejera regional de la provincia de Aysén acusa de irregularidades dentro de las solicitudes. “La solicitud Huichas, cuando fue ingresada fue tres comunidades indígenas. En el mes de enero, cuando ya empezó a surgir esta información, dos de las comunidades indígenas se bajaron del proceso, argumentando que ellos jamás habían participado en esta solicitud. Y, finalmente, ¿en qué queda eso? En que la ECMPO Huinchas, que son alrededor de 390.000 hectáreas aproximadamente, si se llegase a aprobar, sería administrada única y exclusivamente por 11 socios y nueve familias”.
Y en relación a la de Cisnes, indicó que esa fue ingresada por una sola comunidad indígena integrada por 27 socios. Pero el día lunes pasado “se ingresó una denuncia a través de Carabineros para que llegue a la ECMPO, donde la mitad de los socios de esa comunidad indígena plantean que ellos no tenían idea de este proceso”.
Para ella, aunque apoya el espíritu de la Ley Lafkenche, este “ha sido un proceso totalmente irregular. Irregular desde el momento que se unen estas comunidades, o las personas que ingresan las solicitudes. No consultaron a todas las personas que supuestamente están participando en este proceso”.
También criticó a CONADI. “No fue capaz de acreditar, o sea, a mí me sorprende que haga un informe sin ni siquiera haberse reunido con las tres, es decir, con todas las comunidades, ni menos aún con los integrantes, que otras cosas han sucedido también y se están cuestionando”, en referencia al proceso.
Otro actor que ha sido duro con lo que está ocurriendo es el alcalde de la Municipalidad de Cisnes, Francisco Roncagliolo. El alcalde profundizó que lo más preocupante es que la solicitud involucra “una superficie de sobre 385.000 hectáreas dentro del territorio de la comuna de Cisnes. Sobre todo en lo que es el archipiélago de los Chonos, lo que involucra una superficie que va desde el Canal Moralea hacia el Océano Pacífico y que involucra también una solicitud que va desde el límite norte con la comuna de Guaitecas hasta el límite sur con la comuna de Aysén. Y por eso mismo, nosotros como comuna de Cisnes hemos planteado varias posturas al respecto”.
De igual manera que Villegas, Roncaglolio no es contrario a la ley Lafkenche, pero “lo que nos llama la atención es las enormes superficies que se están solicitando en estas dos EMCO en un territorio muy rico productivamente de nuestra comuna de Cisne y obviamente también para nuestra región de Aysén”.
Pero por sobre todo que “hemos cuestionado o por lo menos preguntado ¿cómo una cantidad de más o menos 40 personas van a poder administrar entre las dos comunidades más de 621.000 hectáreas? O sea si hoy día el mismo Estado le ha costado poder cuidar y administrar estos territorios es incomprensible cómo dos comunidades lo pueden hacer en un territorio que es agreste, en un territorio que es aislado y además es un territorio que está sujeto a cambios bruscos de condiciones de tiempo y de clima”.
Continuó indicando que “hay un cierto nivel de desconfianza. Nuestras comunidades, no solamente de Cisnes, sino que también de las comunas de Guaiteca y de Aysén están inquietas”.
Y el mayor temor del alcalde es que este caso comience a ser ejemplo para otros. “Lo que está solicitándose hoy día en esta zona norte del maritorio de la región de Aysén, con más de 621.000 hectáreas y originalmente eran un millón de hectáreas. Y obviamente lo que puede seguir pasando en otros espacios. Entonces lo que va haciendo esto es que va encerrando los usos tradicionales que nosotros tenemos de la pesca artesanal, sobre todo en el territorio, con zonas que se están solicitando, que son ricas en productos hidrobiológicos, que son parte importante del desarrollo pesquero de la región”.
Finalmente Marcelo Santana, exalcalde de Río Ibáñez y expresidente de Aremu (Asociación regional de municipalidades de Aysén), también es crítico de lo que está sucediendo en la región.
Primero porque “son las solicitudes más grandes a nivel nacional y que además están relacionadas con un pequeño número de solicitantes. Pero yo diría que la gravedad constituye que esto ha sido un proceso con mucha falta de diálogo entre las comunidades, entre los municipios, entre los gremios, que son activos ocupantes del borde costero de Aysén”.
Santana -quién competirá en las próximas elecciones para ser gobernador de la región- señaló que “se ha utilizado de mala manera la ley Lafkenche, que tiene como principal objetivo respetar los usos consuetudinarios de nuestros pueblos originarios para prevalecer otros intereses como el aumento de superficies de conservación y trabajar de alguna manera el desarrollo de la industria acuícola en la región de Aysén. Y esto además acompañado de muchos vicios en los informes, existen demandas en fiscalía al respecto y denuncias cruzadas entre las comunidades indígenas que están vinculadas a estas dos solicitudes”.
Voz del gobierno
Radio Bío Bío se acercó al delegado presidencial de la Región de Aysén, Rodrigo Araya, para saber su posición respecto al tema. Este contestó que “como Gobierno, estamos comprometidos con que existan estos procesos democráticos, asegurando que la CRUBC sea un espacio de diálogo inclusivo que permita la convivencia de todos los actores relevantes en el territorio. Por lo tanto, seguiremos participando en todas las convocatorias y solicitudes, para contribuir y así colaborar con estos procesos que aportan a una gestión equitativa y transparente del borde costero”.
Por su parte, el director zonal de Pesca y Acuicultura de la Región de Aysén, Manuel Pérez, también conversó con la Radio. Este señaló que “en la antesala de la CRUBC de este próximo 29 de febrero en la cual se votarán los ECMPO de Islas Huichas y Cisnes, desde la Subpesca hemos mantenido una actitud de apertura y escucha permanente, porque estamos convencidos que el diálogo y la correcta información deben ser siempre la base sobre la cual conversar y generar acercamientos entre los distintos actores involucrados, tales como comunidades indígenas, sectores productivos y la pesca artesanal”.
Profundiza que desde la Subpesca “reconocemos la importancia que tiene el acceso a los espacios del borde costero para miles de recolectores y recolectoras de algas, quienes realizan actividades en recursos bentónicos y también demersales. También de quienes trabajan en pesquerías de pequeña escala. Sin ir más lejos, a inicios de esta semana participamos en una capacitación para pescadores respecto a alcances de la Ley Lafkenche y a través del Gobierno Regional se han generado instancias, tanto informativas de las solicitudes en curso como talleres (el pasado 14 y 21 de febrero), donde los solicitantes y diversos usuarios del espacio costero han podido intercambiar posiciones junto a los miembros de la CRUBC”.
Ley Lafkenche e impacto en Aysén: dos comunidades exigen más de 600 mil hectáreas de borde costero
