Sin volteretas: Presidente Boric impone su visión sobre conflicto israelí-palestino

“Usted ha dicho que Israel es un Estado genocida y asesino. ¿Lo mantiene?”. Esa fue la pregunta que se le hizo al entonces candidato Gabriel Boric en la sección “Sin llorar” del programa El candidato, en plena faena electoral de cara a las presidenciales de 2021. El ahora Presidente contestó sin tapujos: “Lo mantengo”.

Una respuesta útil para intentar comprender el enfoque del Gobierno en Medio Oriente, epicentro de un complejo y milenario conflicto entre árabes e israelíes. Ahora la coyuntura es la fuerte represalia de Israel tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre, con el objetivo insustituible de desmantelar por completo a ese movimiento islámico. El campo de batalla es la Franja de Gaza y, a la fecha, han muerto más de 25.000 personas.

Ese escenario ominoso avivó todos los sentimientos del mandatario. Sus opiniones sobre el conflicto como dirigente estudiantil y diputado lo transformaron en un reconocido defensor de la causa palestina. Una postura que debería ponderar con su rol de jefe de un Estado históricamente ecuánime con ambas partes en disputa.

La bajada presidencial de su conocida interpretación fue optar por una estrategia judicial. Así se explican la remisión de antecedentes ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la potencial adhesión a la demanda sudafricana contra Israel por genocidio, tramitada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Una estrategia funcional para tensar aún más los vínculos internos con la Comunidad Judía y complicar las relaciones bilaterales estratégicas con la potencia israelí. De paso, deja a Alberto van Klaveren, su canciller de orígen judío, en una posición al menos incómoda.

Un enrevesado panorama que ha generado ruido en los círculos políticos y diplomáticos y que, hasta el momento, no ha generado un debate público. Pero, todo indica que las esquirlas del conflicto en Medio Oriente se importarán Chile.

Remisión de antecedentes ante la CPI

En lo sustantivo, el engranaje comenzó con Paula Narváez, la embajadora en Naciones Unidas. En un discurso ante la Asamblea General, señaló que “Chile no permanecerá indiferente frente a la actual situación y al dolor del pueblo palestino”, por lo que prometió la remisión de dicha situación a la Fiscalía de la CPI para que “se investiguen los crímenes internacionales que se cometen en los territorios palestinos ocupados”. Acto seguido, el Presidente Boric reposteo el anuncio en sus redes sociales, reafirmando que “Chile no es indiferente al dolor del pueblo palestino”.

Con ello quedaba meridianamente claro que el Gobierno no se refería a los crímenes cometidos por Hamas. Una omisión que, naturalmente, provocó la furia dentro de la Comunidad Judía. En una declaración, denunciaron que “Chile ha tomado el bando contrario y el claro camino de enemistarse con Israel”, y apuntaron al Presidente Boric, “a quien parecen dolerle sólo las muertes de un lado y ser absolutamente indiferente al antisemitismo en nuestro país”. El acto final de protesa fue no asistir a la tradicional ceremonia del Holocausto en Cancillería, originalmente fijada para el 30 de enero (fecha en que el Presidente, según su agenda pública, estará en Chiloé).

Lo anterior obligó al ministro de RR.EE. a aclarar qué comprende la investigación de la Fiscalía de la CPI. Tras confirmar la remisión de antecedentes, subrayó que “nos interesa (…) apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área. Venga este crimen de guerra de donde venga”. Una aclaración que generó alivió a la Comunidad Judía, pues temían que, con el anuncio inicial de Narváez, Chile había roto su neutralidad histórica.

Lo cierto es que la remisión de antecedentes, en la práctica, es inocua. Así lo aseguran fuentes consultadas por La Radio. Y las mismas agregan que dicha remisión se trata de un acto simbólico del Presidente Boric respecto de una investigación que comenzó en marzo de 2021.
Adicionalmente, la falta de sociabilización de esa decisión entre los círculos políticos y diplomáticos generó sorpresa. Pese a no ser la primera vez que Chile remite antecedentes ante la CPI (lo hizo el expresidente Piñera en 2018 para investigar a Nicolás Maduro y el mismo Gobierno en abril de 2022 frente a la situación en Ucrania), visto que es un tema sensible para las comunidades judía y palestina de nuestro país, algunos hubiesen esperado, a lo menos, una comunicación institucional de forma previa.

La posición histórica

Existe consenso sobre la postura histórica de Chile. Fundamentalmente comprende la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, una solución de dos Estados para dos pueblos, el establecimiento de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, el fin de la ocupación ilegal de territorios palestinos, y la valoración de la contribución que las comunidades judía y palestina hacen al país. En resumidas cuentas, una posición equilibrada (que no obsta a condenar ilegalidades de una u otra parte), sin tomar una partida bilateral.

El exembajador en Israel entre 1997 y 2000, José Rodríguez Elizondo, al ser consultado por La Radio, desempolvó sus apuntes de la época y rescató una instrucción breve pero autoexplicativa que le diera el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Resume en síntesis periodística el rol de nuestro país: “Chile debe apoyar el proceso de paz y evitar que se importe el conflicto”.

El debate interno

A estas alturas, tras los recientes anuncios del gobierno se comenzó a debatir si el manejo del Presidente Boric afectaba la postura tradicional del Estado chileno y si, como consecuencia, se importaba el conflicto. Y según pudo recabar Bío Bío, las opiniones son variadas.
El exministro de RR.EE. Heraldo Muñoz no cree que “el conflicto se esté importando a Chile” y ratifica que “el Gobierno ha mantenido, en lo esencial, la política de Estado”. Por su parte, el también excanciller José Miguel Insulza (PS) asegura que el manejo del Gobierno ha sido “muy adecuado” y se pregunta: “¿Por qué se ha importado? Naturalmente en Chile sobre esto el tema provoca más pasiones”, dada la numerosa comunidad palestina en el país.

El senador Francisco Chahuán (RN) subraya que “Chile ha mostrado liderazgo” y “ha mantenido una sola línea”, pero que “hay que hacer un esfuerzo” y “evitar y condenar cualquier tipo de hostigamiento, tanto a la comunidad palestina como a la comunidad judía”. Nelson Hadad, exembajador en Jordania, Irak y Egipto resalta que los recientes anuncios del Ejecutivo se enmarcan en “una posición de Estado, no de la agenda personal del Presidente”. Desde la Comunidad Palestina, su presidente Maurice Khamis sostiene que “no ha habido ruptura” de la postura chilena, y que “discutir y tomar medidas en relación con la política exterior, ya sea referente a Palestina u otras naciones o situación, no implica importar un conflicto a nuestro país”.

Además, voces familiarizadas con Cancillería advierten que Chile no puede ser neutral frente un eventual genocidio, aseverando que estamos ante un momento histórico.

En la otra vereda, el exministro de RR.EE. Roberto Ampuero responde que es “una lástima que La Moneda haya contribuido a importarlo. Casi todas las decisiones adoptadas por el presidente frente a Israel han contribuido a soltar las amarras con la tradicional postura chilena frente al conflicto”. A su vez, la exsubsecretaria de RR.EE. Carolina Valdivia sostiene que “se nota una visión de una determinada línea ideológica o una falta de experiencia” en la materia y hace un llamado al Gobierno a “ser mucho más prudente” y a “no tomar una visión bilateral”.

Ariela Agosin, presidenta de la Comunidad Judía, denuncia que el manejo del Gobierno “ha sido totalmente parcial” y “ha comprometido los intereses de Chile”. El Presidente Boric “no lo ha manejado bien para nada”, sentencia.

Demanda sudafricana

En la misma instancia en que el ministro de RR.EE. aclaró el alcance de la investigación de la Fiscalía CPI, se refirió también a la demanda que Sudáfrica interpuso ante la CIJ.

Presentada el 29 de diciembre, acusa a Israel de infringir la Convención del Genocidio por “actos y omisiones” que “son de carácter genocida, pues se cometen con la intención específica requerida de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”. A la sazón, Sudáfrica solicitó como medida provisional la suspensión inmediata de las operaciones militares.

Una arremetida judicial respecto de la cual Chile, por cierto, no es ajeno. En efecto, Cancillería confirmó que el país apoya la solicitud de cese al fuego, la que –el 26 de enero– no fue acogida por la CIJ. Pero no sólo eso. Van Klaveren también anunció que, aunque nuestro país todavía no es formalmente parte del proceso, se evaluará “la posibilidad de participar en el fondo de este tema”, dependiendo “del curso de este procedimiento”.

La señal política y la incómoda posición del canciller

En lo jurídico, fuentes familiarizadas con los procedimientos de la CIJ aseguran que, si nuestro país adhiriera al fondo de la pretensión sudafricana, su rol se limitaría simplemente a dar su propia interpretación sobre los términos de la Convención del Genocidio. Por otro lado, la prueba de este delito es compleja, pues se requiere –como requisito esencial– una intención genocida. Un umbral muy alto para que se aplique el delito (así lo expuso la investigadora senior de AthenaLab, Paz Zárate, en el Senado).

Visto así, jurídicamente Chile no tendría mucha incidencia. Empero, en lo político las cosas se tornan más complejas, pues una adhesión significaría sostener, oficialmente por parte de Chile, que Israel es un Estado intencionalmente genocida contra el pueblo palestino. En corto, una acusación gravísima.

De paso, deja en una incómoda posición a su canciller. Tras su arribo al ministerio, su origen fue noticia. Nacido en Países Bajos, proviene de una familia judía que sobrevivió a los horrores del Holocausto, la causa inmediata de la adopción de la Convención del Genocidio en 1948, la misma que ahora invoca Sudáfrica contra Israel.

Son cruces que, inevitablemente, lo comprometen familiar y profesionalmente. Consultadas por La Radio, altas personalidades de la diplomacia chilena convienen al sostener que van Klaveren no debe ser el ideólogo de la conducción del Gobierno en el conflicto.

Esas mismas personalidades concuerdan en resaltar el rol de Carlos Figueroa Salazar, asesor internacional del Presidente Boric. La compleja relación entre el La Moneda y Cancillería es un viejo problema de la política exterior chilena El caso más reciente es el de Benjamín Salas Kantor, el influyente asesor del expresidente Piñera. Fuentes que trabajaron durante esta administración, advierten que, pese a ser una figura relevante, el perfil del asesor internacional entorpece la necesaria armonía entre Presidencia y el ministerio de RR.EE. (y en ocasiones generan fuertes roces). Es, en definitiva, un perfil disruptivo, sui generis respecto de la mayoría de los casos a nivel comparado.

El Presidente tiene la última palabra

En resumidas cuentas, el Presidente Boric debe resolver una ecuación compleja. Con base en su conocida opinión del conflicto, debe ponderar el impacto, por un lado, en la influyente comunidad judía y en la numerosa comunidad palestina, y por el otro, en la estabilidad de una estratégica relación con Israel.

En ese sentido, la eventual adhesión a la demanda sudafricana aparece como el punto de inflexión. Aunque no acogió la solicitud de cese inmediato al fuego, la CIJ señaló que “al menos algunos de los actos y omisiones” genocidas en Gaza alegados por Sudáfrica, “parecen poder quedar comprendidos dentro de las disposiciones de la Convención”. Por lo mismo, y por abrumadora mayoría, instó al Estado judío a “adoptar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión” de cualquier acto genocida.

Un claro llamado a circunscribir su despliegue militar dentro de lo permitido por el derecho internacional. La orden recae, por cierto, en Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Su talante impertérrito en la guerra con Hamas le ha valido advertencias de diversos países amigos, incluido la de Estados Unidos, su aliado histórico. Si su postura se mantiene irreductible, también se mantendrá la de otros países, incluida la de Chile.

Son, por cierto, los avatares propios del realismo de la política internacional. El interés nacional chileno obliga a prever los potenciales costos de decisiones que puedan comprometerlo con consecuencias diplomáticas indeseables, como el quiebre de relaciones formales.

Hasta ahora el Presidente no ha cambiado su posición en la materia. No han existido volteretas.