Para junio de este año, la carrera política del ecuatoriano Tito Tomalá Pantaleón iba viento en popa. Su aspiración era conseguir un puesto en el Parlamento. Convertirse en legislador para representar a la provincia de Santa Elena. Su rostro apareció en algunas entrevistas y su título de doctor le daba cierto prestigio. Aunque, a fin de cuentas, fue su misma profesión la que lo condenó.
El 26 de ese mismo mes, la alianza que lo representaba, “Claro que se puede”, emitió un comunicado donde le quitaban todo el apoyo. “Ante la mínima presunción de una conducta delictiva (…) desaprobamos su candidatura”, expresaba la publicación.
El origen de todo traspasa las fronteras y retrocede hasta el 2019. Para enero de ese año, Tito Tomalá vivía en Chile y ejercía como médico cirujano. Su título lo obtuvo en la Universidad de Guayaquil de Ecuador en 2002. Su única especialidad -según el Registro Oficial de Prestadores de Salud- era cirugía general.
También atendía en su Centro Médico “Chile Salud” instalado en Pedro Aguirre Cerda, hasta donde llegó Cynthia Venegas González para hacerse una abdominoplastia y liposucción. El médico tratante sería nada menos que Tomalá. Mientras este realizaba el procedimiento, Cynthia presentó bradicardia. Terminó en el hospital con riesgo vital. Días después, murió.
El día de la operación
El 26 de enero de 2019, Cynthia Venegas llegó a las 8:00 de la mañana hasta la Avenida Clotario Blest. El Centro Médico estaba en el N° 5083. Aunque era una clínica sin autorización sanitaria, operaba a su antojo.
Cynthia buscaba realizarse una abdominoplastia y liposucción. El inicio de todo estaba programado para las 10:30. Además de Tito Tomalá, en el procedimiento estarían tres personas: Mariela del Pilar Bedoya (enfermera), Yesenia Pérez (médico) y Galo Mosquera. De este último, no se específica su profesión.
Según la querella interpuesta por el esposo de Cynthia, Aaron Venegas, los problemas en la cirugía empezaron en la fase de lipoaspiración. En ese momento presentó braquicardia e hipotensión, lo que evolucionó a un paro cardiorrespiratorio.
El documento especifica que recién a las 16:44 llamaron a una ambulancia. El móvil llegó a las 18:19. Una hora después entró al Servicio de Urgencias de la ex Posta Central con categorización de “riesgo vital”. Su ingreso a la Unidad de Cuidados Intermedios (UTI) empeoró a crisis convulsivas.
La situación era grave. Pese a los tratamientos intensivos, Cynthia presentó un edema cerebral. Sus secuelas eran neurológicas. Graves. Tenía inestabilidad hemodinámica. Lo intentaron varios días.
“Dañó en pocos minutos funciones vitales”
El 8 de febrero de 2019 Cynthia murió. Su certificado de defunción expone como causa de muerte “encefalopatía hipóxica isquémica”. El diagnóstico muestra que le hicieron reanimación el mismo día de la operación y que tenía una herida penetrante en el abdomen. Además de una liposucción reciente.
Con todos estos antecedentes, la Fiscalía Metropolitana Sur solicitó un Informe de Responsabilidad realizado por la doctora y cirujana plástica, Teresa Chomalí Kokaly.
Entre sus conclusiones detalla que la operación de alta especialidad fue “realizada por médicos sin los conocimientos ni los reconocimientos de especialidad acreditada que exige la Superintendencia de Salud”. Lo mismo ocurrió con la anestesia general, usada por especialistas “sin conocimientos ni acreditaciones”.
La otra irregularidad recae en la clínica que usaron, la que no contaba con “autorización sanitaria para funcionamiento, con grave transgresión a la Ley 20.582 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud”.
“Génisis de daños tanto quirúrgicos (trauma penetrante abdominal por una mala técnica de liposucción por médico no acreditado para su ejecución), como en particular el daño anestésico por parte de médico no especialista, por uso de drogas sin la rigurosidad ni registro correcto de dosis, sin protección de la vía aérea y un muy deficiente manejo de una emergencia médica vital como lo es un paro cardiorrespiratorio”, resume la querella.
Lo otro que criticaron fue la tardía aplicación de los protocolos de resucitación cardiopulmonar.
“Sea por desconocimiento o sea por ausencia de elementos indispensables y exigibles en todo pabellón quirúrgico, que dañó en pocos minutos funciones vitales en el cerebro de la paciente por falta de sangre y de oxígeno ocasionando lesiones de carácter graves gravísimos. Dejando una paciente en coma por casi 8 horas sin asistencia eficiente y sin socorros oportunos o vitales”, describe las conclusiones de la profesional.
Fin de una “carrera política”
La opinión de Teresa Chomalí fue simple: todos los involucrados en la operación tienen culpabilidad “en el daño resultando o desenlace fatal de la paciente”.
La sentencia del Tribunal de Ética del Colegio Médico, fue expulsar del colegiado a Tito Tomalá y a Yesenia Pérez, la otra doctora que estuvo en la operación.
“Se estima que la conducta de los doctores configura infracción a las normas que rigen el actuar médico. Toda vez que en su actuación profesional en la cirugía practicada existió abandono de la paciente, retardo en la conducta desplegada por los facultativos para brindar atención adecuada y oportuna a la paciente que se agravó. Asimismo existió una infección de la herida operatoria que no fue tratada oportunamente en la intervención quirúrgica”, reza la querella.
Los antecedentes contenidos en el libelo llegaron a oídos de la alianza “Claro que se puede”. Según replicaron medios locales, el aspirante al parlamento ocultó la existencia de esta investigación. Acto que fue calificado como “deshonesto”.
Así, la carrera política de Tomalá terminó igual de rápido que como empezó.
Cómo muerte de chilena derrumbó la carrera de político ecuatoriano
