El 1 de julio de 2013 el entonces teniente coronel del Ejército de Chile, Jorge Nanjari Zamora, debía iniciar en Washington DC su comisión de servicio. Su formación como ingeniero politécnico militar lo catapultó como buena carta para ser asesor en la Misión Militar de Chile en Estados Unidos.
Por tratarse de un viaje que se extendería por 13 meses, el alto oficial -actualmente en retiro- tenía por decreto, derecho a llevar a su grupo familiar directo: la esposa y sus cuatro hijos. Sin embargo, y a sabiendas que se trataba de un acto irregular, gestionó con el dueño de la agencia de viajes un cupo extra.
Su historia -además de la causa ante la justicia militar que sustancia la ministra Romy Rutherford- consta ahora en una querella recientemente ingresada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en la que acusa cómo este y otros dos funcionarios castrenses se coludieron con la empresa Tupper Viajes para desviar fondos públicos para beneficio personal. Al tratarse de un civil, esta indagatoria se tramita ante la justicia ordinaria por el Ministerio Público.
La comisión
El gerente general de la compañía, Juan Fernando Tupper Fuenzalida, a estas alturas ya es un viejo conocido. En 2018, la fiscalía inició una primera investigación en su contra, la que ya está próxima a definirse; y otra que apenas inicia, con la presentación de este nuevo libelo del CDE.
En la primera, se le acusó de haber tenido participación directa en las irregularidades detectadas en al menos cinco viajes de oficiales del Ejército a Estados Unidos entre 2012 y 2013. Mientras que en la segunda, actualmente a cargo del fiscal José Morales Opazo, se le culpa de haber estado involucrado en otros tres periplos con financiamiento irregular.
En buenas cuentas, se acusa a la empresa de abultar las cifras contenidas en las facturas pagadas con dineros del Ejército, para ocultar un beneficio personal de los uniformados. En algunos casos, esto se tradujo en pasajes aéreos para familiares que no correspondían e incluso en dinero sonante y contante que debía ser devuelto a la institución, pero que finalmente quedó en mano de los propios militares.
Según consta en el expediente del Ministerio Público, la firma cobraba a los oficiales entre un 3 y 4 por ciento como comisión por el favor. A más grande las facturas, más grande la comisión.
A Denver con la suegra
De acuerdo con los antecedentes contenidos en el procesamiento de la ministra Rutherford contra Nanjari Zamora, el viaje del teniente coronel (r) quedó zanjado el 21 de febrero de 2013, mediante decreto del Ministerio de Defensa.
Ese día se estableció que la comisión de servicio comenzaría el 1 de julio de ese año en curso y terminaría el 31 de julio. Además, el mencionado decreto autorizó que los pasajes del oficial (r) y su cónyuge, además del de sus hijos, corrieran por cuenta del fisco.
Así las cosas, el 9 de mayo de 2013 la agencia Tupper Viajes Limitada le emitió al Comando de Personal del Ejército, específicamente a la sección de Pasajes y Fletes, una factura por los seis pasajes aéreos Santiago-Washington, las respectivas tasas de embarques, 60 kilos de exceso de equipaje y la respectiva comisión. ¿El total de las glosas? 24.240 dólares americanos.
Sin embargo, quienes terminaron viajando a EEUU hacia fines de junio de 2013 fueron Jorge Nanjari, su esposa, tres de sus hijos y su suegra. Su hijo mayor concretaría el viaje recién seis meses más tarde, algo que no correspondía.
Lo que tampoco correspondía, apunta la presentación, era que con fondos estatales se costearan los pasajes ida y vuelta para que el grupo familiar visitara la ciudad de Denver, donde permanecieron por 11 noches. Dicha incursión provocó, además, que el oficial arribara siete días más tarde de lo previsto a la comisión de servicio en Washington.
Al listado de pasajes aéreos costeados irregularmente se suman el que utilizó la esposa del teniente coronel (r), Marcela Zúñiga, para volver a Chile el 2 de octubre de 2013, el que usó su madre el 16 de enero de 2014 y el que usó su hijo mayor el 27 de febrero de 2014 con el mismo propósito.
Por si no fuera suficiente, días antes de emprender rumbo a Estados Unidos el oficial giró desde su cuenta corriente en moneda extranjera más de 10 mil dólares americanos que la agencia Tupper Viajes Limitada le había hecho llegar a través de un cheque que él mismo retiró. En el papel, correspondía que esos dineros fueran devueltos al Ejército, pero en este caso fueron destinados “a su beneficio propio”, reza el libelo.
Con todo, de acuerdo al escrito ingresado por el CDE y tenido a la vista por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el perjuicio fiscal provocado por el oficial (r), gracias a la factura ideológicamente falsa emitida por la agencia, asciende a $11,4 millones.
A Disney con toda la familia
El caso de Nanjari no es el único. Según el CDE, Tupper también gestionó de cerca el viaje realizado por el general de brigada (r) del Ejército, Pablo Onetto Jara.
En el papel, el fisco debía costear los pasajes de él y su grupo familiar inmediato con destino a Washington. Cuatro personas en total. Pero el oficial decidió tomar un pequeño desvío: aprovechó su designación en comisión de servicio para pasear por los parques temáticos de Orlando.
Se hospedaron seis noches, con transporte para el grupo completo incluido. Todo ello, una vez más, con cargo a dineros públicos.
Según la estimación del CDE, la colusión entre Onetto y Tupper causó un perjuicio fiscal avaluado en $8.155.694. El mismo oficial habría realizado algunos movimientos irregulares con la agencia para irrogar otro perjuicio fiscal que se calcula en los $6.219.648.
“Elevarla artificiosamente”
Hay más. Al dueño de la agencia se le imputa también su participación en el viaje del general de división (r) del Ejército, Guillermo Porcile Arellano, quien en enero de 2011 viajó a la capital de EEUU en comisión de servicio.
De acuerdo al libelo, el oficial pagó -a costas del Ejército y de manera irregular- pasajes para que su esposa lo acompañara, pese a que no correspondía.
Según el CDE, la factura emitida por la compañía fue “ideológicamente falsa, desde que el monto realmente pagado por los boletos aéreos que correspondían al funcionario militar no ascendió a la suma allí consignada, sino a una muy inferior”.
De este modo, procedieron a “elevarla artificiosamente con el único objeto de costear los boletos aéreos de la cónyuge del oficial, que no correspondía fueran pagados con fondos fiscales”.
En consecuencia, y considerando además que la agencia de viajes infló los precios, se causó un perjuicio al fisco de $4.745.125. Ese mismo año el general (r) Porcile viajó en septiembre a otra comisión de servicio a México, también con su esposa pese a que no correspondía. ¿El perjuicio? Otros $3.806.386.
Requerido por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el defensor penal público, Andrés Rojas, a cargo de la defensa del imputado Tupper Fuenzalida, desestimó emitir un pronunciamiento sobre el caso tras conversar con su representado.
Conocedores de la nueva indagatoria aseguraron que el persecutor a cargo ya instruyó diligencias en el marco de esta nueva causa.
Desde el Ejército, en tanto, indicaron que a esa institución no le corresponde pronunciarse al respecto, al tratarse de una investigación que está radicada en los tribunales de justicia.
Sin perjuicio de ello, añadieron que han apoyado todos los requerimientos que se han formulado con motivo de esta indagatoria.
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