El Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició una nueva arremetida legal contra el empresario Virgilio Cartoni, el principal proveedor del Ejército durante la gestión del excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba.
Se trata de una querella criminal por fraude al fisco interpuesta por el organismo estatal, en la que denuncia el pago de sobreprecios por ocho equipos criptográficos de la empresa Crypto AG, dedicada al cifrado de mensajes militares y diplomáticos. Misma compañía de origen suizo que -según reveló una investigación del Washington Post– había sido adquirida y estuvo controlada por la CIA, para espiar en las conversaciones privadas de 120 países.
Según citó Ciper en febrero de 2020, la compra de la firma le permitió a EEUU, por ejemplo, compartir conversaciones supuestamente seguras de Argentina a su rival, Reino Unido, en plena Guerra de Las Malvinas.
De acuerdo al libelo -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– el Ejército pagó cerca de $40 millones extra por los dispositivos adquiridos entre 2013 y 2015, una transacción que incluyó a la firma CYM, representante en Chile de Crypto AG y propiedad de Cartoni.
Una nueva acusación que se suma al eventual pago de sobreprecios en la compra de un avión Cessna y dos helicópteros.
Un 34% más
La presentación ante el Séptimo Juzgado de Garantía utilizó como base un informe de Contraloría emitido en 2018, que justamente dio cuenta de irregularidades en la adquisición de los equipos criptográficos y computacionales. Éstos estaban asociados al proyecto de Modernización de la Red de Cryptofax a cargo de la Jefatura de Guerra Electrónica (JGE), dependiente de la inteligencia del Ejército.
Así, el organismo fiscalizador detectó ausencia de antecedentes que validaran la necesidad de adquirir los equipos HC-9300 de Crypto AG. Asimismo, reveló que no se podía justificar las contrataciones vía trato directo.
En su informe la Contraloría constató que el Ejército pagó a Cryto AG, mediante dos facturas de septiembre de 2014, casi 17 mil dólares por cada uno de los equipos criptográficos y sus ítems asociados.
En julio del año siguiente, la institución desembolsó por equipos de la misma marca y modelo casi 23 mil dólares por unidad. Es decir, un aumento superior al 34% sin una justificación, “evidenciando un eventual sobreprecio de USD$46.384, por los ocho equipos en total”. Unos 40 millones de pesos chilenos a precio de hoy.
Otro hecho que llamó la atención de la Contraloría fue que se destinaran, en noviembre de 2013, casi $2 millones para la compra de repuestos de los equipos, cuya adquisición comenzaría a gestarse recién siete meses después.
Lo anterior, a juicio del ente fiscalizador, “carece de una secuencia lógica” que “no refleja una necesidad real asociada a la compra misma”.
“Acercamientos indebidos”
Según el libelo del CDE, “resulta evidente” que la empresa consiguió acercamientos “de una manera fraudulenta” con el Ejército. Esto, a través de un oficial en retiro que abogó por la renovación de la red criptográfica internacional.
A esta conclusión se llegó tras la toma de declaraciones a testigos que participaron del proceso. Un ejemplo es el de Gastón Daroch Rodríguez, quien fungió como jefe de la Jefatura de Guerra Electrónica.
El 9 de septiembre de 2019 testimonió: “El proyecto en sí, si bien es cierto no estaba firmado el contrato, ya todas las decisiones se habían tomado, y ya se estaba ejecutando; de hecho, si no me equivoco en octubre de 2013 ya había concurrido el primer personal a capacitarse a Suiza”.
El mismo oficial incluso declaró que parte de los computadores que fueron adquiridos por el Ejército a CYM habían sido comprados en Chile por esta última firma y ni siquiera llevaban la marca Crypto.
“Eran computadores genéricos (…) Esto lo supe porque la persona que se entendía con nosotros de CYM, un general en retiro de apellido Ramírez, nos lo contó”, aseveró. Un testimonio que coincide con la versión del jefe del Departamento de Administración de Claves del Ejército, Santiago Aguayo Moya.
“No eran computadores de estándar militar, eran computadores de mercado”, espetó.
Testigo desliza pago de coimas
Para sustentar la forma de operar de Cartoni, el CDE adjuntó a la tramitación de la querella -declarada admisible el pasado viernes- otras dos declaraciones obtenidas en el marco de la investigación paralela contra el empresario por la adquisición de un avión institucional Cessna Citation.
La primera de ellas corresponde al testimonio de Juan Guillermo Soto Campos, exempleado de CYM. En su alocución, dio cuenta de las redes de poder de Cartoni.
“No se saben las cosas que puede hacer Virgilio, porque a Virgilio Cartoni la gente le tiene miedo, porque tiene mucha influencia en todos los niveles, tanto en lo político, empresarial y en el Ejército, además del poder que él tiene, y no se hace ningún problema en ‘eliminar’ los obstáculos que aparecen en su camino. A él le interesa obtener un beneficio económico”, sostuvo.
Asimismo, deslizó el posible pago de coimas a funcionarios castrenses:
“Las comisiones a la gente del Ejército se las entregaba él en efectivo, para que no quedara ningún rastro (…) Virgilio se cuidaba mucho, entonces yo no sé a quién entregó plata, porque lo hacía él directamente en efectivo. En todo caso es cosa de ver las casas, los autos, los viajes y los ingresos de algunos funcionarios del Ejército que no se justifican con el sueldo que reciben del Ejército”.
Lea aquí la declaración de Soto Campos:
Francisco Rossi Giacosa, en tanto, exjefe de Adquisiciones de la Brigada de Aviación del Ejército de Chile (BAVE) entre 2009 y 2013, reconoció que “era una práctica habitual del Mando del Ejército de beneficiar a CYM”.
“Todo el Alto Mando, desde el comandante en jefe hacia abajo, estaban claros de lo que ocurrió con ese (avión) Citation y la orden era beneficiar a CYM”.
Lea aquí la declaración de Rossi Giacosa:
“Querella infundada”
Así las cosas, el CDE sostiene en su querella que “los antecedentes expuestos, nos obligan a concluir que para la renovación de la red cryptofax internacional, se adquirieron equipos HC-9300 sin justificación alguna”.
“Adquisición que además de contrariar la opinión de las jefaturas especializadas en la materia, que de manera unánime desecharon esa alternativa, se habría producido por un acuerdo entre funcionarios del Ejército y la empresa CYM, siendo su representante don Virgilio Cartoni”, acusan.
Consultado Samuel Donoso, abogado del empresario, asegura que la presentación en contra de su representado carece de todo fundamento.
“Esta querella es absolutamente infundada, da cuenta de supuestas irregularidades administrativas que no configuran en ningún caso delito”, afirma.
“Nos parece grave que se usen y hagan públicas declaraciones secretas de una causa de la Justicia Militar, sin justificación alguna ya que no tienen nada que ver con éste caso, más grave aun si lo hacen funcionarios públicos”, sentencia.
Hasta la hora de publicación de este artículo no ha sido posible obtener una versión oficial del Ejército de Chile sobre esta nueva querella presentada por el CDE.
"Sobreprecio" en equipos que la CIA usó para espiar: CDE arremete contra Cartoni por venta al Ejército
