El Ministerio Público solicitó alzar el secreto bancario de Innovaciones Forestales (IF) y Forestal Los Acacios, ambas empresas del rubro maderero involucradas en un fraude tributario que bordea los 5.100 millones de pesos.
La petición consta en un escrito de cinco páginas -al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile– en el que figuran también otras siete firmas y supuestos proveedores de las compañías que tienen a dos de sus ex altos ejecutivos en el banquillo de los acusados.
Se trata del ex gerente general de IF, Eduardo Ugarte Ronzier y de su par de Los Acacios, Renato Pinto Delgado, quien también fungió como gerente de Administración y Finanzas de la primera compañía. Respecto de ambos existe una orden de no informar sus identidades en una causa paralela a ésta, por orden del magistrado del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, Juan Esteban Muñoz.
Predios fantasmas
De acuerdo al documento firmado por el fiscal adjunto de Cañete, Marco Ortega Torres -y tal como informó esta unidad investigativa a mediados de 2021- la indagatoria apunta a que los principales proveedores de ambas empresas registraron en sus facturas operaciones que no son reales. Ello, les permitió abultar los créditos que se debían enterar en las arcas fiscales (ver reportaje Facturas falsas y predios fantasmas: cómo dos forestales estafaron al fisco por $5.100 millones).
Para ello, recurrieron a sus supuestos proveedores, a quienes el Servicio de Impuestos Internos (SII) y fiscalía los apunta como facilitadores de las facturas falsas. A través de los documentos tributarios -apunta la indagatoria- habrían dado apariencia legal a negocios de origen ilícito.
En efecto, el escrito del persecutor Ortega advierte que en las facturas las empresas indicaron “la explotación de bosques en predios en donde no existen plantaciones o en predios que no habían sido explotados”, lo que podría hacer presumir una cadena para blanquear madera proveniente del mercado negro. Es decir, productos robados.
¿Estipendio o remuneración?
Según la petición del Ministerio Público, se busca establecer si los facilitadores recibieron algún tipo de “estipendio o remuneración” a cambio.
Dicha diligencia, aseguran, es “indispensable para el éxito de la investigación”, pues permitirá “conocer en detalle los movimientos de dineros realizados en las cuentas (…) de propiedad de las referidas empresas y de las personas vinculadas a la concreción de los hechos delictuales”.
En esa línea, el fiscal requirió al Juzgado de Garantía de Concepción para que envíe sendos oficios en carácter de “urgente” al Banco del Estado y al Scotiabank, a fin de recopilar los antecedentes.
La solicitud está a la espera de la decisión del tribunal.
Fiscalía pide alzar secreto bancario de forestales implicadas en estafa al fisco por $5.100 millones
