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“No pisaremos el palito”. Así, la oposición respondió al emplazamiento que el presidente José Antonio Kast formuló desde Roma, en Italia, en medio de su gira por Europa. El mandatario hizo un llamado a que se presentara la Acusación Constitucional en contra de el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que hoy cumple una semana desde que fue anunciada.

El jefe de Estado ironizó con que los días pasan y siempre va faltando un antecedente adicional. La oposición, en tanto, reclama que la falta de esos antecedentes va estrictamente ligada a la negativa del Gobierno de entregar los decretos que otorgaron las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos de abuso y violación contra menores de edad, y a otros condenados por delitos de lesa humanidad.

De esta manera, en frente de los medios, el Presidente Kast entregó un tercer espaldarazo al titular de justicia, asegurando que “la responsabilidad política la asumí yo”.



Tras los dichos, los parlamentarios de la oposición sostuvieron una reunión de cerca de una hora en el Congreso Nacional, donde evaluaron cómo enfrentar la afrenta del presidente y si esto podía modificar los calendarios.

Luego de la reunión, el presidente del Partido por la Democracia, Raúl Soto, planteó que no dejarán que el Presidente los intente pautear desde el extranjero y que la preocupación del Ejecutivo debería estar en las víctimas.


La oposición continúa pensando en elaborar un libelo con un sustento jurídico irrefutable. Para eso, sostendrán el jueves una nueva reunión con sus abogados, de carácter público.

En la interna, aseguran que les conviene no apurar el tranco; que los efectos en el oficialismo son evidentes y “se están desangrando”. De hecho, asesores y parlamentarios afirman que no está en su interés evitar las peleas internas en la vereda del frente.

Sin embargo, las solicitudes de información siguen siendo un tema para la redacción. En ese sentido, parlamentarios también creen que en los decretos podrían conseguir mayor sustento para el libelo.

Por su parte, el ministro Rabat afirmó que trabajarán en entregar todos los decretos desde el 2022 en adelante, pero “protegiendo la información sensible” que pueda revictimizar a las víctimas.


El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, también se sumó a la defensa del ministro de Justicia y criticó la “instrumentalización” de la acusación constitucional por parte de la izquierda.

Además, afirmó que remover a Rabat de su cargo, a estas alturas, no genera ningún rédito ni apaga ningún incendio, ante la idea de la izquierda de proseguir pese a que el titular de Justicia renunciara.

En cambio, hay algunos sectores del oficialismo que están más contrariados con la futura votación, pero solo algunos lo dicen frente a los micrófonos. En el comité de la UDI, tanto Marlene Pérez como Hotuiti Teao se mantienen abiertos a aprobar el libelo, pese a los múltiples llamados al orden.

De hecho, el propio Teao es uno de los que fue llamado por el presidente Kast, sin embargo, afirmó que no va a modificar su preferencia de voto.


Cabe mencionar que la situación al interior de la UDI es compleja para La Moneda. La noche del pasado lunes, en un asado en la casa del coordinador legislativo de la bancada en la Cámara de Diputados, Rodrigo Pinochet, se pasó de la parrilla al fuego cruzado.

A la instancia asistieron el vicepresidente Claudio Alvarado y el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas. Y, pese a que fuentes de La Radio aseguran que la reunión no fue hostil, sí dicen que fue incómoda.

Habría cerca de 10 parlamentarios de la colectividad dispuestas a aprobar la acusación constitucional contra el ministro Rabat. Es más, plantearon remover al secretario de Estado antes de ese momento, para votar contra un exministro y no uno en ejercicio.