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La crisis por el ingreso de menores de edad haitianos al país continúa generando repercursiones y en el mundo político comenzaron a buscar responsables.

En medio de las diligencias que desarrolla la Fiscalía para esclarecer eventuales irregularidades en procesos de reunificación familiar, el Presidente José Antonio Kast reunió a los tres poderes del Estado en La Moneda.

A la cita también asistieron el fiscal nacional, Ángel Valencia; la contralora general de la República, Dorothy Pérez; y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

La búsqueda de niños haitianos

El encuentro tuvo como principal objetivo coordinar acciones para ubicar a los niños, niñas y adolescentes cuyo paradero aún no ha podido ser determinado y reforzar el trabajo entre los organismos involucrados.

Tras la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de priorizar la protección de los menores y avanzar con rapidez en el esclarecimiento de los hechos.

En esa línea, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf -quien quedó a cargo de coordinar una fuerza de tarea en torno al caso-, reconoció que existen “vacíos de información” que deben ser despejados con urgencia.

Además, durante la jornada, la secretaria de Estado sostuvo una serie de reuniones con autoridades de Migraciones, Interior, PDI, Carabineros, el defensor de la Niñez y organizaciones especializadas en infancia; y encabezó una reunión intersectorial con distintos organismos del Estado para cruzar antecedentes y definir acciones que permitan identificar y ubicar a los niños y adolescentes involucrados.

Cabe mencionar que, hasta el momento, al menos nueve niños haitianos que estaban con paradero desconocido fueron encontrados.

En paralelo, la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes para determinar cuántos niños ingresaron al país, cuál es su situación actual y si existieron delitos asociados a estos procesos.

Entre las hipótesis que se investigan figuran eventuales irregularidades migratorias y la posible participación de terceros en hechos constitutivos de delito.

Por otro lado, a la espera de nuevos antecedentes en la arista penal, la atención también está puesta en el informe final de la Contraloría, ya que fue su preinforme el que destapó las irregularidades.

Según adelantó la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el informe final del organismo, que indagó en profundidad este caso, debería darse a conocer durante la próxima semana.

Se agudiza disputa política

La jornada de este jueves también estuvo marcada por una creciente disputa política.

Mientras en el Gobierno de José Antonio Kast insistieron en que no recibieron antecedentes del caso durante el cambio de mando, exautoridades de la administración anterior afirman lo contrario.

En paralelo, los partidos del oficialismo han cerrado filas en torno a una misma postura aunque con matices: atribuir responsabilidades a la administración de Gabriel Boric por el caso.

Las críticas se han concentrado en el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien cuestionó el tono del debate y aseguró que, en algunos momentos, se ha exagerado la situación y distorsionado los hechos.

En esa línea, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, apuntó en su contra y planteó que “lo único irracional y exagerado es intentar bajarle el perfil a una situación tan grave”.

Por su parte, el Partido Nacional Libertario anunció una comisión investigadora para revisar las políticas migratorias aplicadas en los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

El presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, fue bastante duro y afirmó que debiesen renunciar todas las autoridades de las instituciones involucradas.

De esta manera, el foco de los cuestionamientos ha recaído, principalmente, en Thayer, quien es militante del Frente Amplio.

Por la misma razón, esta semana, él mismo ha multiplicado sus apariciones públicas para defender su gestión y las decisiones adoptadas durante ese período.

En concreto, sus intervenciones han tenido por objetivo explicar los cambios normativos aplicados en ese período y el funcionamiento de los mecanismos de control migratorio.

Pero, lo cierto es que sus argumentos no han logrado despejar las dudas en torno al proceso migratorio y han abierto un nuevo debate sobre las responsabilidades políticas asociadas al caso.

Pese a ello, en la oposición han llamado a evitar recriminaciones prematuras y sostienen que la prioridad debe ser el avance de la investigación judicial para esclarecer los hechos.

Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Couble, defendió sus explicaciones y afirmó que ha aclarado oportunamente las alertas levantadas por su servicio.

El caso también ha puesto la atención sobre otras exautoridades de la administración de Gabriel Boric que tuvieron participación en la conducción del área migratoria.

En el oficialismo han planteado que las decisiones adoptadas no dependían exclusivamente del Servicio Nacional de Migraciones, apuntando al exministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Bajo ese contexto, otra voz que se sumó a la defensa de la administración Boric es la de Carolina Tohá.

En conversación con Estado Nacional, la también exministra del Interior aseguró que durante 2023 el gobierno de Gabriel Boric detectó las primeras alertas por vuelos irregulares de menores haitianos hacia Chile.

Antecedentes que, según planteó, derivaron en controles especiales, coordinaciones con la Fiscalía y una investigación sobre eventuales irregularidades vinculadas al consulado chileno en Haití.