Publicado por Diego Álvarez Calvo
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El debate en torno al levantamiento del secreto bancario ha tomado relevancia tras la Operación Tokio, que desarticuló una red del Tren de Aragua que movilizaba millones en Chile. Se cuestiona la eficacia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la detección de lavado de activos. Se discute en el Congreso si la UAF debe poder solicitar directamente información bancaria protegida sin autorización judicial. La oposición apoya una apertura para combatir el narcotráfico, mientras el oficialismo defiende la vía judicial.
¿Por la vía judicial o administrativa? Esa ha sido la interrogante que ha marcado el tono del debate respecto al levantamiento del secreto bancario, una polémica que nuevamente volvió a tomar protagonismo en la agenda pública.
Y es que los antecedentes de la denominada Operación Tokio —investigación que desbarató a una red del Tren de Aragua que habría movilizado más de US80 millones en Chile y en la que, entre los detenidos, aparece un ejecutivo del Banco Santander acusado de colaborar con la organización criminal— abrió un frente de cuestionamientos sobre los controles internos de la banca y la supervisión del sistema financiero.
En específico, las críticas apuntaron a la Unidad de Análisis Financiero, conocida por sus siglas como UAF, que corresponde a un servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.
En simple, su principal tarea es prevenir y detectar que el sistema financiero sea utilizado para lavar activos y financiar actividades criminales.
Cabe destacar que este organismo no investiga penalmente como lo realiza la Fiscalía, sino que tras recibir información sensible y analizarla, le envía los antecedentes al Ministerio Público.
Pero la Operación Tokyo abrió un punto crítico: ¿Por qué no se activaron antes las alertas internas con un caso de tal magnitud?, ¿es suficiente con lo que dispone la Unidad de Análisis Financiero?
En este contexto, el pasado jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que se trabaja en una propuesta en la materia, pero bajo la línea que dependa de la vía judicial.
Pese a las declaraciones del titular de la billetera fiscal, desde el Congreso aún sigue vigente la discusión del proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica y que llevaría el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
De hecho, actualmente se encuentra en tercer trámite en el Senado, con un punto polémico por delante: el de la disposición que le permitiría a la UAF pedir directamente a los bancos la información protegida por el secreto bancario, sin la necesidad de una autorización judicial. Esto, luego de la sesión del pasado jueves 4 de junio donde luego de un inusual doble empate, el despacho de la propuesta a una Comisión Mixta quedara pendiente exclusivamente por el controversial artículo.
La división política por el levantamiento del secreto bancario
Así las cosas, la discusión se presenta con marcadas diferencias entre la oposición y el oficialismo en conjunto con el Gobierno.
Desde la oposición señalan que la aprobación de esta medida debe ser urgente, ya que ayudaría a frenar la “ruta del dinero” del narcotráfico. De esta manera, exigen darle más facultades a la Unidad de Análisis Financiero.
Así lo señaló la senadora Daniella Cicardini (PS), quien señaló no saber “cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de Gobierno a poder avanzar en algo de sentido común”.
Por su parte, un round que se remonta al 23 de junio de 2024 volvió a la palestra, cuando el actual presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, señaló a través de su cuenta de X que el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, era “otro ingenuo que cree que el narcotráfico opera con transferencias bancarias”. Esto, luego de que Mirosevic llamara a levantar el secreto bancario para perseguir al narcotráfico.
Tras aquello, y luego de la Operación Tokio, dicho senador publicó en su cuenta personal de la misma red social que “ha quedado claro quien era el ingenuo”, a lo que Fontaine asumió que “me equivoqué”.
Por lo mismo, Mirosevic persistió en que la apertura del secreto bancario sólo aplicará para operaciones sospechosas con relación al crimen organizado y el lavado de activos, y no afectará a ciudadanos comunes.
En la misma posición está el senador Iván Flores (DC), quien emplazó a la derecha a explicar el por qué busca restringir el acceso a la información bancaria, no sólo en casos de sospechas de crimen organizado, sino en una serie de delitos económicos de alto impacto en la sociedad, como lo han sido las colusiones.
Sin embargo, en el oficialismo la postura se ha mantenido en la firme línea del Gobierno: seguir la vía judicial.
En ese sentido, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ya había señalado que el levantamiento del secreto bancario corresponde a una medida “absurda”, y ahora criticó que se utilice como una bandera política. Así, manifestó que se debería inyectar mayores recursos y dotación de personal a la Unidad de Análisis Financiero.
En la misma línea, el senador Carlos Kuschel (RN) señaló estar en contra de una apertura mayor, manifestando que el “secreto bancario como tal y absoluto no existe en Chile hace tiempo”.
Con todo, la sesión ordinaria de este martes 9 de junio es crucial. Y es que el Comité Legislativo del Senado ya acordó poner como primer punto de tabla el debate pendiente por el levantamiento del secreto bancario, donde se espera que sea resuelto y así tener certezas sobre si la medida se aplicará por la vía administrativa que se discute en la Cámara Alta, o por el camino judicial que señala el Gobierno y el oficialismo.