Ética y transparencia de BioBioChile

“Nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”. Esa fue la controvertida frase que se replicó en las redes sociales del gobierno de José Antonio Kast y que desató una serie de críticas.

Y no sólo eso, ya que la Contraloría General de la República pidió explicaciones y, luego de revisarlas, instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), liderado por Mara Sedini, iniciar un proceso disciplinario.

“Estado en quiebra”

Recordemos que habían pasado tan solo dos semanas desde que el Presidente Kast juró como jefe de Estado cuando una publicación de la Segegob, que contenía los dichos mencionados, comenzó a circular por redes sociales.

Frente a ello, diferentes voces del mundo político comenzaron a desplegar opiniones sobre lo emitido por la cartera liderada por Sedini.

Así, el post no pasó desapercibido.

Desde la oposición tildaron de inaceptable que se utilice este término, ahondando en la gravedad que significa para el mercado internacional que un Estado esté en quiebra.

La gravedad del asunto fue de tal magnitud que dos de los ministros de mayor confianza del mandatario tuvieron que contradecir lo que mencionaba la publicación oficial del Gobierno.

Uno fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, quien aclaró que jamás ocuparía esa palabra. Por su parte, el ministro de Interior, Claudio Alvarado, se sumó a lo planteado por Quiroz, agregando que se trataba de un término más bien coloquial.

Segegob en la mira de Contraloría

Ayer, a casi un mes del oficio de Contraloría que provocó la utilización del término, el ente fiscalizador instruyó a la Secretaría General de Gobierno a iniciar un proceso disciplinario tras la detección de irregularidades en la publicación que aludía a un Estado en Quiebra.

De acuerdo con el dictamen, el ministerio le reconoció a Contraloría que utilizaron el término sin ajustarse cabalmente al estándar de moderación y mesura que el ordenamiento jurídico exige de las autoridades en el ejercicio de la función pública, lo que podría haber generado confusión en la ciudadanía.

En consecuencia, la Contraloría le dió un plazo de cinco días hábiles a la cartera liderada por Sedini para informar al organismo fiscalizador los resultados del proceso disciplinario, para así poder determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Esta situación no quedó al margen de la opinión del mundo político. La diputada Carolina Tello (FA) y el senador Juan Luis Castro (PS) acusaron al gobierno de utilizar la vocería para instalar una mentira.

Desde el centro político también se sumaron a las críticas: la diputada Zandra Parisi (PDG) tildó el concepto de Estado en Quiebra como una frase grave en el plano internacional, poniendo en duda la economía nacional en los mercados globales.

En cambio, en el oficialismo, diferentes parlamentarios salieron a blindar a la ministra peor evaluada del gobierno, según la última encuesta CADEM.

La diputada republicana Paz Charpentier aclaró que Sedini está acostumbrada a la cultura de la cancelación, además de asegurar que esta situación sólo reforzará el buen trabajo que está realizando.

En la misma línea, el parlamentario Eduardo Cretton (UDI) desvió la atención del asunto, apuntando las miradas nuevamente al gobierno de Gabriel Boric por su mala gestión en materia económica.

¿Hay más ofensivas de la CGR contra la Segegob?

Los últimos antecedentes del tema abrieron la interrogante sobre si la Contraloría había investigado antes a la Segegob.

El caso con mayor similitud ocurrió hace doce años. A través de un video, el gobierno de Michelle Bachelet explicaba los alcances de la aprobación de la Reforma Tributaria. En dicho registro se desplegó la frase: “Hablemos en serio, no creamos todo lo que nos dicen, porque quienes atacan la reforma tributaria son los poderosos de siempre, que defienden sus intereses”.

En ese entonces, el contralor Ramiro Mendoza estimó el uso de otras expresiones menos incisivas, y recomendó utilizar recursos linguisticos moderados.

En octubre de 2023, una auditoría arrojó que, entre enero de 2020 y octubre de 2021, la cartera en ese entonces liderada por el ahora alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, había realizado tratos directos con cinco consultoras por un monto cercano a los $931.000.000 sin que se demostrara documentadamente la causal invocada, instruyendo así la incorporación de dicha materia en los procedimientos disciplinarios.

A pesar de la existencia de estos antecedentes, para quien fuera vocero de gobierno del presidente Ricardo Lagos, Francisco Vidal, se trata de la primera vez que Contraloría ordena este tipo de acciones por un concepto emanado desde el interior del Gobierno.

Ahora, ante el nulo respaldo de los demás ministros, el calendario de los cinco días en búsqueda de responsables por la utilización del concepto “Estado en Quiebra” deja expectante al mundo político.