Este viernes se vivirá la jornada, hasta ahora, más decisiva del caso Muñeca Bielorrusa, una causa por tráfico de influencias que será formalizada y que ya remeció los cimientos del Poder Judicial.
Desde las 9:00 de la mañana, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago escuchará las imputaciones de la Fiscalía Regional de Los Lagos contra Gonzalo Migueles, pareja de la exministra suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec.
Los delitos que se les atribuyen son cohecho, soborno y lavado de activos, que configuran un entramado de pagos ilícitos, favores y redes de poder que, según el Ministerio Público, buscaban torcer fallos judiciales en beneficio de la empresa en su litigio con Codelco.
Muñeca bielorrusa: un entramado de favores e influencias en el Poder Judicial
El pasado miércoles, la Fiscalía presentó una querella de capítulos contra Vivanco, acusándola de haber recibido junto a Migueles al menos $57 millones provenientes de Belaz-Movitec como retribución por fallos favorables en la Corte Suprema.
El documento detalla cómo, en julio y septiembre de 2023, la Tercera Sala, con voto favorable de Vivanco, acogió recursos que obligaron a Codelco a restituir maquinaria y liberar pagos retenidos por más de $16 mil millones.
De esos montos, parte habría terminado en manos de Migueles mediante transferencias y pagos en efectivo. En ese sentido, el Ministerio Público sostiene que al menos US$14.000 fueron entregados directamente a la pareja, dinero que luego se usó en viajes a Buenos Aires y Brasil, además de gastos personales en dólares.
La querella, además, describe un circuito de lavado de activos: cheques fraccionados, operaciones con casas de cambio y transferencias cruzadas entre conservadores de bienes raíces, como Sergio Yaber y Yamil Najlé, quienes habrían ayudado a reintroducir los fondos al sistema financiero formal mediante contratos falsos y documentos antedatados.
La exministra negó haber recibido $45 millones y aseguró que demostrará su inocencia en el proceso.
Sin embargo, a poco más de 48 horas de esta audiencia, Carabineros allanó la casa de Vivanco en Las Condes y decomisó documentos, teléfonos y sobres con dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.
Paralelamente, Biobío accedió a chats del celular de la ex magistrada, los que revelan cómo se tejían redes de poder entre supremos, abogados y actores políticos.
En uno de los mensajes, el abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Francisco Cruz, informó sobre una comida organizada junto al ministro Diego Simpertigue y la vocera de la Suprema, María Soledad Melo, con el objetivo de “sellar rápidamente la alianza con AVM” —siglas de Ángela Vivanco Martínez—.
Estos pantallazos muestran que el caso no se limita a coimas puntuales, sino a una trama de favores y alianzas que buscaba influir en nombramientos y decisiones estratégicas dentro del máximo tribunal.
El segundo reportaje de Biobío Investiga expuso que los representantes de Belaz-Movitec estaban dispuestos a “pagar lo que fuera” para ganar el juicio contra Codelco.
La Corte Suprema reaccionó a través de su secretario, Jorge Sáez, quien como vocero subrogante reconoció la preocupación interna y anunció medidas preventivas: revisión de procedimientos para evitar influencias indebidas en la integración de salas, mayor control en el orden de las causas y la implementación de un nuevo código de ética judicial, el primero en la historia del país.
También, Saez sostuvo que no corresponde al tribunal calificar la situación como crisis institucional, pero admitió que cada ciudadano es libre de formarse su opinión. Pero lo que sí señaló, fue que no pueden descartar que el caso de Vivanco sea el único dentro del Poder Judicial.
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Desde la Organización de Trabajadores Judiciales, el querellante Carlos Quezada destacó que gran parte de los antecedentes provienen de la propia Suprema, lo que demuestra, a su juicio, que el vocero habla con conocimiento de causa al reconocer que este no sería el único caso de corrupción en el Poder Judicial.
Asimismo, advirtió que podrían presentarse nuevas querellas, pues existen indicios de pagos y nombramientos irregulares mediante contrataciones de familiares o favores entre conservadores de bienes raíces.
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En tanto, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial expresó su rechazo categórico a cualquier acto que ponga en riesgo la institucionalidad y el Estado de derecho, en medio de los últimos escándalos que han golpeado al sistema judicial.
Su presidenta, Mariela Hernández, advirtió que hechos de esta naturaleza no solo afectan la credibilidad ante la ciudadanía, sino que también amenazan la democracia.
De esta manera, la organización llamó a que las instituciones sigan funcionando con normalidad y subrayó que, de comprobarse las irregularidades investigadas, se apliquen las máximas sanciones que establece la ley.
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Por su parte, la defensa de Vivanco, encabezada por el exdefensor nacional Carlos Mora, confirmó que recién ayer recibieron los antecedentes y que comenzarán a planificar su estrategia de cara a lo que será la querella de capítulos de la exministra ante la Corte de Apelaciones de Santiago
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Esta instancia, de ser acogida por el tribunal de alzada, abre la puerta a una de las formalizaciones más inéditas de la historia reciente: la de una exministra de la Corte Suprema acusada de corrupción y lavado de activos.
La audiencia de formalización comenzará a las 9 de la mañana en una instancia que podría extenderse hasta el fin de semana.
Así, la formalización de Migueles, Vargas y Lagos es apenas el inicio de un proceso que, según los querellantes, podría involucrar a más ministros y fiscales judiciales en una de las tramas de corrupción más graves de la historia reciente.