Durante los últimos días, se han conocido dos casos vinculados al narcotráfico que han estremecido a las Fuerzas Armadas. Esto motivó al Presidente Gabriel Boric a convocar a todos los comandantes en jefe, a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y al titular de Seguridad Púbica, Luis Cordero. Pero, esta reunión significó un enredo para La Moneda.

Primero, se conoció un grupo de funcionarios del Ejército que fueron detenidos, acusados de estar vinculados con una banda dedicada a internar droga al país, que era trasladarla desde el extremo norte de Chile, hasta la región Metropolitana. Este hecho fue tildado como el “más grave del último tiempo”, según el ministro Cordero.

Y es que en el operativo se logró incautar, además, 192 kilos de cocaína y pasta base, todo avaluado en $3 mil millones, según señaló Carabineros.

Algunos días después, se informó lo ocurrido en la Fuerza Aérea de Chile: cinco -ahora- exfuncionarios de la FACH trasladar droga hacia la Región Metropolitana.

El primer caso es investigado desde el día uno por el Ministerio Público, ya que se trata de una indagatoria que inició desde afuera de la institución, y por hechos que no se habrían registrado en el lugar en donde ejercían sus funciones.

Sin embargo, el segundo caso fue detectado por la inteligencia interna de la FACH, por lo que la institución argumentó competencia exclusiva de la justicia castrense. De hecho, cuando la Fiscalía solicitó los antecedentes, la institución aérea se negó.

Pero, a las pocas horas de la reunión con el Presidente de la República, la Fuerza Aérea de Chile emitió un comunicado: “La Fuerza Aérea de Chile informa que, conforme a lo indicado por el Fiscal de Aviación de Iquique, luego de un riguroso análisis, este último ha resuelto remitir antecedentes de la causa a la Fiscalía Regional de Tarapacá”, se lee.

El enredo de La Moneda

Ante esta situación surge la interrogante sobre qué ocurrió: el Presidente Boric habría “instruido” que estos antecedentes fueran remitidos a la Fiscalía, para que la justicia ordinaria indague el tema.

Según mencionó el ministro Cordero, lo anterior, en el cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, “de modo que la Fiscalía de Tarapacá disponga de la información adecuada que ha sido requerida”.

Pero, es acá donde está el enredo de La Moneda, en la supuesta “instrucción” del jefe de Estado, ya que la ministra Delpiano la descartó.

Por su parte, el general del Aire, Hugo Rodríguez, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, rompió el silencio. En la comisión de Defensa de la Cámara Baja coincidió en que la acción de los exfuncionarios de la institución se trató de una “traición a la patria”.

En cuanto a la contienda de competencia y la demora en la entrega de antecedentes al Ministerio Público, sostuvo que fue porque “nosotros pensamos que el conocimiento que tenga la Fiscalía y al haber hecho un análisis exhaustivo de todos los antecedentes, como no quisimos en primera instancia cometer algún equívoco, es que nosotros entregamos ahora los antecedentes”.

Por otra parte, al ser consultado si es que había recibido el oficio del jefe de Estado, para que remitan los antecedentes a la Fiscalía, respondió que “el presidente en esto no tiene injerencia”.

Debate tras “instrucción” del Presidente Boric

En medio de este escenario, surgió un debate en torno a la supuesta “instrucción” que habría dado el Presidente Boric ¿Existe esa atribución?

Lo cierto es que el ministro Cordero puntualizó en que se hace la mención de que hay un artículo en el Código Procesal Penal, pero, hay abogados en la materia que creen que es más bien una presión.

“El hecho de convocar a todas las Fuerzas Armadas, exponerlos en un punto de prensa con las autoridades, y anunciar que se trató de una ‘instrucción’, deja a la institución totalmente presionada a acatar lo que dice el jefe de Estado”, sostiene un parlamentario.

Asimismo, por ejemplo, la senadora Luz Ebensperger (UDI) señaló que “es grave porque ya hay trabada una contienda de competencia y la contienda de competencia la resuelve jurisdiccionalmente los tribunales de justicia”, no el Presidente de la República.

“Para eso existe en Chile la separación de poderes y, que yo sepa, el presidente de la República no pertenece al Poder Judicial”, agregó.

En tanto, para el profesor Matías Insunza, académico de derecho procesal penal de la Universidad de Chile, no hay otra interpretación, más de que el Presidente da cuenta de que hay un artículo especial de la legislación actual.

El tema preocupa al mundo político, considerando que no es un hecho aislado. El exministro de Defensa, Jorge Burgos, abordó el tema en genérico, señalando que aún hay tiempo para evitar que se replique un escenario como el de otros países.