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Las irregularidades en el uso de licencias médicas, por parte de funcionarios públicos, detectadas por la Contraloría General de la República, llevaron a que diversos poderes del Estado anunciaran investigaciones internas.

Además, durante la tarde de este lunes, la Comisión de Salud del Senado recibirá a la ministra de la cartera, Ximena Aguilera, y a la contralora, Dorothy Pérez, para que den a conocer las medidas que sus organismos tomarán ante dichas irregularidades.

Cabe mencionar que el ente fiscalizador constató que más de 25 mil funcionarios públicos, teniendo una licencia médica vigente, realizaron viajes al extranjero entre 2023 y 2024.

Las medidas ante mal uso de licencias médicas

En medio de este escenario, según indicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en las próximas horas se iniciarán los respectivos sumarios administrativos y, en 30 días, se les hará un seguimiento para corroborar su aplicación.

Además, el secretario de Estado reiteró que el perjuicio fiscal es del orden de los 300 millones de dólares, sólo en 2024, por el exceso de licencias, equivalentes a más de 35 mil funcionarios y los reemplazos y sustituciones que supusieron.

¿Qué ha pasado con la fiscalización?

A nivel parlamentario se había hablado sobre este punto, particularmente sobre los requerimientos que la Compin había planteado sobre los recursos para la fiscalización.

De hecho, el senador Francisco Chahuán explicó que esto fue debatido el 2024, durante la negociación del presupuesto de la nación, pero que el ministro Marcel rechazó esta opción.

De todas maneras, el revuelo causado por el informe de Contraloría motivó al Poder Judicial, al Parlamento y al Ministerio Público a iniciar indagatorias internas.

Al ser entes constitucionalmente autónomos, la Contraloría General de la República no tiene entre sus facultades fiscalizarlos.

Sin embargo, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), avisó que en sus investigaciones serán “implacables”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, aseguró que también iniciarán investigaciones y, en caso de encontrar irregularidades, aplicarán todas las medidas disciplinarias que contempla la ley.

Por su parte, la Corte Suprema confirmó que sus investigaciones se harán siguiendo la misma metodología que la que usó la Contraloría.

Así, la pesquisa del máximo tribunal, que estará a cargo del fiscal judicial, Jorge Pizarro, cruzará los datos de las salidas del país que tiene la Policía de Investigaciones (PDI) con un catastro de licencias médicas emitidas de todos los estamentos, durante los últimos cinco años. De esta forma, abarcará un tiempo mayor que el informe realizado por Contraloría.

Todo esto se enmarca, también, algunos días después de la publicación de la ley que endurece las penas a médicos que emitan licencias falsas.

Sobre esta materia, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), valoró la normativa, pero criticó la “falta de fuerza” de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y de la Superintendencia de Seguridad Social para hacer las fiscalizaciones pertinentes.

En la misma línea, indicó que el mal uso de las licencias médicas se ha vuelto una “costumbre”.

En tanto, su par Socialista, Juan Luis Castro, criticó la inactividad del convenio entre la Suseso y la PDI para cruzar información, activo desde 2014. Por lo que consideró que este es un problema del Estado, que se “durmió” ante la avalancha de engaños que funcionarios públicos utilizaron.

Por su parte, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, también confirmó que el ente persecutor iniciará indagatorias internas para encontrar posibles irregularidades de funcionarios -tanto fiscales como administrativos-, del Ministerio Público.