La arremetida del oficialismo contra el fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, continúa avanzando, luego que lo acusaran de participar en “operaciones políticas” y cometer negligencias en el caso de la fallida compraventa de la clínica Sierra Bella, además de la incautación de aparatos tecnológicos en el marco de dicha investigación.

De hecho, a eso de las 09:00 horas de este martes comenzó la primera de cuatro audiencias de recepción de pruebas por la solicitud de los parlamentarios oficialistas -tres del PC, tres del FA, dos del PS, uno de AH y uno del PPD-, quienes piden la remoción del cargo del fiscal Cooper, persecutor al mando de los casos de Sierra Bella, Chinamart y Procultura.

Lo anterior, debido al cuestionado allanamiento al domicilio, por diligencias asociadas a Sierra Bella, de la entonces, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, a tan solo dos horas de haberse convertido en madre por primera vez.

Ese procedimiento, llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), buscaba incautar el teléfono de la diputada comunista por las conversaciones que mantuvo con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también militante del PC.

Los chats que contenían también información política y sobre un presunto tráfico de influencias para la entrega de una patente de alcoholes a un empresario chino.

Avanza arremetida contra fiscal Cooper

En medio de este contexto, este martes, prestaron declaración el senador Tomás de Rementería (PS), pareja de Karol Cariola y padre de su hijo, y la exalcaldesa Irací Hassler.

Asó, sin poder entrar en detalles debido al procedimiento en curso, la exjefa comunal afirmó que fue convocada para relatar su experiencia respecto al manejo y filtración de información privada contenida en el informe 487.

En ese sentido, Hassler aseguró que hubo graves vulneraciones a la privacidad, ya que se difundieron datos íntimos que debían estar protegidos. También, criticó el actuar del fiscal Cooper, señalando que no se respetaron las instrucciones de la Fiscalía Nacional, y que por ello presentó una querella por violación de secreto de funcionario público.

Respecto al avance del caso Sierra Bella, la exedil indicó que no hay antecedentes en su contra y espera que se cierre pronto.

Y, aunque fue citada como testigo, aclaró que no tiene atribuciones para opinar sobre una eventual remoción del fiscal y que su rol solo fue aportar información y hechos para que se investigue.

Por su parte, el cuestionado fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, declinó entregar declaraciones a la salida de la audiencia. Sin embargo, quien sí lo hizo fue su abogado representante, Matías Insunza, que afirmó que las diligencias cuestionadas en el caso Sierra Bella, como la incautación de teléfonos y computadores, fueron autorizadas por una jueza de garantía, por lo que se ajustan completamente a derecho.

Asimismo, Insunza negó categóricamente que hayan existido filtraciones por parte del fiscal Cooper, explicando que los informes se mantuvieron en reserva entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, y que las filtraciones comenzaron tras la entrega oficial a las demás partes del proceso.

En la misma línea, el abogado acusó que la solicitud de remoción podría responder a intereses políticos, ya que varios de ellos están vinculados directa o indirectamente a los investigados; y señaló que es inédito que los imputados intenten remover al fiscal a cargo de su caso mediante presiones externas.

También, enfatizó en que las medidas adoptadas por el persecutor contaron con respaldo judicial y que no existe reclamo administrativo alguno contra Cooper, remarcando que se está intentando impugnar decisiones judiciales válidas, como la resolución de la jueza Carla Capelo, que sigue vigente y no ha sido anulada.

En tanto, la ministra de la Corte Suprema, Mireya López, explicó el funcionamiento de estas audiencias, que se realizarán durante toda la semana y que buscan finalmente recabar más antecedentes para que después se pueda evaluar la remoción o no del fiscal regional Patricio Cooper.

De esta manera, el viernes se terminará esta ronda de audiencias que recaban pruebas por la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.