Durante los últimos meses, son múltiples las filtraciones de información perteneciente a investigaciones penales que involucran a políticos, por lo que se ha abierto el debate sobre por qué se genera esta práctica y cómo frenarla.

Entre las filtraciones destacan la del caso Sierra Bella, con conversaciones privadas entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola, ambas militantes del Partido Comunista; o la comunicación telefónica del exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, con su madre.

Esta última desencadenó en la investigación del caso por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende y, la semana pasada, abrió una polémica entre el gobierno y Fiscalía.

Lo anterior, ante el temor del Ejecutivo de que pudiera filtrarse una posible interceptación telefónica respecto al Presidente de la República, Gabriel Boric, también en el caso Pro Cultura.

De hecho, fue la vocera (s) Aisén Etcheverry quien manifestó esa preocupación, a pesar de que trascendía que se había rechazado la medida intrusiva solicitada para acceder al celular del mandatario.

Tras filtraciones: buscan resguardar investigaciones penales

Frente a este escenario, el propio fiscal Nacional, Angel Valencia, señaló en su cuenta pública que se trata de una problemática estructural.

En ese sentido, Valencia propuso revisión de legitimación activa para interponer querellas, con el objeto de prevenir el acceso instrumental a la carpeta investigativa por parte de terceros que no tienen un vínculo real con los hechos, y que
buscan únicamente conocer o difundir su contenido.

De esta manera, se propone restringir la legitimación activa para querellarse en ciertos delitos cometidos por funcionarios públicos. En específico, “se sugiere eliminar la posibilidad de que cualquier persona pueda presentar querella en estos casos, limitando dicha facultad exclusivamente a quienes acrediten un interés legítimo y directo en la investigación, ya sea por su relación con los hechos, con las víctimas afectadas, o por resultar directamente perjudicados por el eventual ilícito”.

Por otro lado, el fiscal Nacional propone la “restricción en la entrega de antecedentes irrelevantes y privados”. En concreto, se propone facultar al persecutor para restringir el acceso a determinadas actuaciones, registros o documentos contenidos en la carpeta investigativa, cuando estos no revistan interés para el esclarecimiento de los hechos o cuando su divulgación entrañe un riesgo grave para la seguridad nacional, la seguridad personal de los intervinientes, el ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos, o la integridad e intimidad de los intervinientes o de terceros.

Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas) coincidió con, por ejemplo, limitar la acción de querellarse.

En tanto, el senador Pedro Araya (PPD) ingresó un proyecto, que ya cuenta con firmas transversales, que busca fortalecer el resguardo de la información en las investigaciones penales, con el fin de limitar su acceso y evitar filtraciones que puedan afectar los derechos de los intervinientes o la integridad de las investigaciones.

Así, se plantea implementar un régimen de sanciones efectivo para quienes difundan información del
proceso penal, agravando dichas sanciones.

Al respecto, la senadora Luz Ebensperger (UDI), firmante de la moción parlamentaria, detalló que la iniciativa pretende “evitar la instrumentación mediática de antecedentes investigativos”.

En tanto, en conversación con La Radio, el senador Araya expuso otro punto del proyecto: un cuaderno para que allí, en forma de anexo, se guarde la información privada que no es relevante para la investigación.

Dardos a la Fiscalía

Y si bien hay consenso en que este tipo de medidas corresponden para contribuir en esta problemática “estructural”, hay sectores de la Alianza de Gobierno que insisten en que el culpable de las filtraciones que se han observado en el último tiempo es la Fiscalía.

De hecho, el diputado Jaime Naranjo (PS) planteó que Ángel Valencia debe asumir responsabilidad, y que debería modificarse la Constitución para que puedan acusar constitucionalmente a los fiscales nacionales.