Ética y transparencia de BioBioChile

El caso de los dos hinchas de Colo-Colo fallecidos en medio del confuso incidente en las inmediaciones del Estadio Monumental, que involucra a funcionarios de Carabineros, podría tener un vuelvo.

Según publicó Ciper, un informe reservado del Departamento de Asuntos Internos de la institución da cuenta que la muerte de los dos hinchas habría sido provocada directamente por el vehículo de Carabineros.

Esta información contradice un dato clave, que fue entregado en un principio, respecto a la dinámica en que sucedieron los hechos y la participación que tuvo el carro policial involucrado en el accidente.

Relato de los testigos presenciales

En el documento antes mencionado se recopiló testimonios de tres testigos presenciales del hecho, los que corresponden a una cabo de la institución policial y dos civiles que estaban en el lugar.

Los tres consultados coincidieron en señalar que el carro policial, de patente J-1224, avanzó contra un grupo de personas que intentaban huir de gases lacrimógenos. En ese momento es cuando el vehículo conducido por el sargento Luis Rojas, según plantearon, atropelló directamente a Martina Riquelme y Mylan Liempi, de 18 y 12 años, respectivamente, quienes murieron tras el incidente.

Asimismo, según apuntaron los testigos, el carro no detuvo su marcha, ni tampoco realizó maniobras evasivas para impedir el impacto.

Esto derrumbaría la versión inicial y difundida por medio de comunicaciones radiales de Carabineros, la que establecía que las víctimas fueron aplastadas por una reja metálica. No obstante, dicha situación no fue parte de la descripción que realizaron las personas mencionadas en el informe.

Piden transparencia a Carabineros

En medio de estas versiones contradictorias, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, planteó que se ha solicitado a Carabineros la máxima transparencia en la investigación.

Además, indicó que se instruyó un sumario adicional y, tanto la institución policial como el Ejecutivo, están a la espera de la decisión del fiscal. A esto agregó que toda decisión sobre los involucrados dependerá de la resolución de la investigación.

De todas maneras, el informe acusó múltiples irregularidades en el proceder policial, puesto que ni el carro J-1224 ni los agentes en el lugar habrían portado cámaras corporales activas, pese a ser obligatorias.

A esto se suma que tampoco había cámaras de tránsito activas en la zona, por lo que no se habrían registrado imágenes del incidente.

Por lo mismo, parlamentarios oficialistas oficiaron a la institución verde oliva para que transparente si los involucrados portaban o no cámaras corporales.

El punto lo realizó la diputada e integrante de la comisión de Seguridad, Lorena Fries (FA), quien en el documento enviado a Carabineros incluyó las siguientes preguntas:

– ¿Cuántos funcionarios policiales fueron destinados al operativo?
– ¿Cuántos de estos portaban cámaras corporales?
– ¿Cuántas se encontraban efectivamente activas?
– ¿El carro involucrado contaba con dispositivos de grabación operativos?

En medio de este contexto, la parlamentaria apeló por establecer sanciones en caso de confirmarse el incumplimiento de los protocolos en el caso.

Cabe mencionar que el trágico incidente está siendo investigado por el Ministerio Público y cuenta con un carabinero que está en calidad de imputado y apartado de sus labores.

¿En qué pie quedan los funcionarios involucrados?

En cuanto a la posición en la que quedan los involucrados en el caso, abogados penalistas consultados por La Radio plantearon que, en primer lugar, de corroborarse la ausencia de cámaras corporales, aquello podría resultar en un sumario administrativo.

Por su parte, sobre las versiones contradictorias entre los mismos funcionarios policiales, podrían configurarse posibles actos de encubrimiento.

En tanto, la declaración de testigos, que afirman que el carro lanza gases atropelló directamente a las víctimas, podría sugerir una responsabilidad directa del funcionario policial.

Frente a este escenario, el exfiscal y académico de la Universidad Finis Terrae, Ignacio Pinto, señaló que para este caso es posible imputar el delito de homicidio sin inconvenientes jurídicos.

De esta forma, para comprobar la responsabilidad de los funcionarios existen diligencias que serán claves, como el informe que emane de la Sección de Accidentes de Tránsito y la reconstrucción de los hechos en torno al actuar del conductor del carro lanza gases.

A lo anterior se suma el peritaje de los registros de radio de los funcionarios presentes en el vehículo y los testimonios para contrastar versiones.

Así lo planteó el abogado, exsubsecretario de Carabineros y secretario general de la Universidad Central, Neftalí Carabantes.

Rendición de cuentas

En paralelo, ante la comisión de Seguridad de la Cámara, el gobierno tuvo que rendir cuentas respecto a la situación actual del programa Estadio Seguro, tras el cierre de la repartición.

En la instancia, se especificó que el programa ahora forma parte del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos del ministerio y que la oficina sigue trabajando sin cambios significativos en su personal.

En dicho espacio, la diputada Alejandra Placencia (PC) apuntó a esclarecer la responsabilidad de mando que posee Carabineros en labores de orden público, acusando una excesiva autonomía de la institución.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) cuestionó las coordinaciones en torno al incidente, acusando la ausencia del seremi de seguridad metropolitano (s) Jaime Fuentes, en medio de las reuniones entre autoridades tras lo ocurrido.

Sin embargo, la duda no logró ser resuelta por el subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, presente en la sesión, por lo que se acordó citar al seremi.

En la comisión, tambien, se abordaron las dudas sobre quién quedará a cargo del organismo encargado de la seguridad en los recintos deportivos. Ante ello, el subsecretario precisó que el proceso de selección no será mediante concurso, aunque contará con apoyo técnico del servicio civil para garantizar que sea una elección basada en criterios técnicos, sin especificar un plazo para aquello.

En tanto, de momento, es el abogado Ricardo Viteri quien, de manera subrogante, quedó en el cargo, a la espera de la designación de un titular.