Ética y transparencia de BioBioChile

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, asistieron este miércoles a la comisión de Hacienda del Senado para explicar el incumplimiento de la meta fiscal de 2024 y el Informe de Finanzas Públicas de febrero

Y es que, según cifras del Consejo Autónomo Fiscal (CFA), el desajuste presupuestario de 2024 alcanzó un 3,2% del PIB, superando en 1,3 puntos la meta de 1,9% fijada en el decreto de política fiscal.

Frente a esta situación, el jefe ministerial defendió la gestión presupuestaria y sostuvo que las proyecciones y políticas fiscales fueron razonables, y que las desviaciones se debieron principalmente a factores externos y volátiles.

“No argumentamos que la diferencia en el balance estructural sea producto de una emergencia. No fue producto de una emergencia. Fue productor de que en dos componentes de ingreso muy importantes, dijo.

Además, agregó que “Hubo una diferencia muy grande, que no fue compensada por otras cosas. Entonces, nosotros presupuestamos algo que era, más o menos, 40% más bajo. Aun así, los ingresos efectivos del litio fueron la mitad de esa parte, que era la que se podía gastar”.

De la misma manera, el ministro Marcel indicó que las metas fiscales fueron cumplidas en los primeros años del gobierno, a pesar de la desviación de 2024, y señaló que las proyecciones para el crecimiento del PIB fueron acertadas, y no fueron la causa de los desvíos fiscales, ya que las expectativas de crecimiento eran de 2.5% y se mantuvieron dentro de lo previsto.

Por su parte, el Consejo Fiscal Autónomo, en la misma comisión, sostuvo que las principales causas del desvío fueron menores ingresos fiscales, especialmente del litio, y un ajuste insuficiente del gasto público.

El presidente del organismo, Jorge Rodríguez, señaló que aunque hubo una reducción del gasto en 800 millones de dólares, no fue suficiente para compensar la menor recaudación, por lo que la deuda bruta del gobierno aumentó a 42,3% del PIB y la deuda neta a 37,7%.

Por lo anterior, el CFA recomendó, realizar ajustes adicionales por 1.554 millones de dólares y cumplir con la meta de déficit estructural de 1,1% del PIB en 2025, sin afectar la inversión de capital para no frenar el crecimiento.

En ese sentido, recomendó realizar ajustes adicionales por 1.554 millones de dólares y cumplir con la meta de déficit estructural de 1,1% del PIB en 2025, sin afectar la inversión de capital para no frenar el crecimiento. Además de mejorar la eficiencia del gasto, optimizar las proyecciones de ingresos y fortalecer la transparencia fiscal.

“El balance estructural alcanzó un déficit de 3,2% del PIB, desviándose 1,3 puntos del PIB, de la meta de 1,9 que está en el Decreto de Política Fiscal (…) El CFA considera que esto es un desvío extraordinario para un año sin crisis, ya que supera los promedios históricos de desviaciones de periodo 2001 y 2023, en años sin crisis, ni eventos extraordinarios”, dijo.

Frente a este escenario, surgieron interrogantes sobre ¿qué tan volátil es el litio para nuestra economía?

En esa línea, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) manifestó que “cuando vino el boom del litio lo único que dijo el Consejo Fiscal Autónomo es cuidado con el litio, establezcan una política porque esto puede ser para arriba y para abajo, y nos puede pegar muy fuerte, cosa que ocurrió y nos pegó muy fuerte, por la diferencia que se produjo en el último caso”,

“Benefició mucho las dos primeras, afectó mucho en la última, cosa que, parece, era más o menos predecible”, siguió.

Asimismo, Patricio Jaramillo, economista y director de riesgo financiero en PwC Chile, comentó que “es un aspecto interesante, por cuanto se debe evaluar técnicamente si la fluctuación de precios internacionales del litio están afectando con qué elasticidad la recaudación. Ahora, al menos, en los informes de finanzas públicas se echa de menos que se discuta un poco más con lo que ocurre en el mercado internacional del litio, en los respectivos informes”.

Cabe mencionar que en abril, el ministerio de Hacienda debe presentar un plan correctivo en el próximo Informe de Finanzas Públicas, sobre el cual el CFA deberá pronunciarse en 30 días.

La discusión en torno a un nuevo recorte del gasto público es particularmente compleja, ya que hay lo que técnicamente se denominan “gastos comprometidos”, que son las obligaciones legales y contractuales ya adquiridas por el Estado.

Estas obligaciones legales son, por ejemplo, el pago de pensiones, las asignaciones familiares, subvenciones educacionales y que también incluyen otro ítem relevante como el de los gastos operacionales del sector público.

Recordemos que los tres ministerios que más absorben gasto son Educación, Trabajo y Previsión Social, además de Salud, y no son ítems donde sea fácil recortar gastos.

Al respecto, en la instancia los senadores miembros de la comisión de Hacienda, se mostraron escépticos a cómo se realizará el reajuste.