El ente persecutor no logró recopilar las pruebas y antecedentes necesarios para demostrar que el ex comandante en Jefe del Ejército y su cónyuge desviaron cerca de $2.980 millones los que habrían sido conseguidos desde los gastos reservados del Ejército y utilizados en fines personales.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte continúa siendo objeto de cuestionamientos tras fracasar en el juicio contra el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita María Pinochet.
El ente persecutor no logró recopilar las pruebas y antecedentes necesarios para demostrar que el exmilitar y su cónyuge desviaron, supuestamente, cerca de $2.980 millones, los que habrían sido conseguidos desde los gastos reservados del Ejército y utilizados en fines personales, como la compra y venta de vehículos de alta gama, entre otros.
Producto de esta situación, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al ex comandante en Jefe del Ejército, Fuente-Alba, y a su esposa. En el veredicto se apuntó a la falta de precisión y rigurosidad en la investigación.
Ante esta nueva derrota de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el abogado penalista y exfiscal de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, comentó que le parece “relevante que, más allá de existir una sanción, haya algún tipo de responsabilidad que esté conectada con la evaluación que se hace de estos procesos investigativos, en la evaluación que incide en el desempeño de cada uno de los persecutores”.
Por su parte, el abogado penalista y ex persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur, Alejandro Peña, explicó que “se deben identificar y documentar todos los movimientos financieros y todos los recursos ingresados al sistema financiero formal, por medio del uso de dinero en efectivo. Para ello, es vital contar con las respectivas cartolas que den cuenta de los depósitos. De acuerdo al veredicto entregado por los jueces, aquí estaría el problema probatorio de la Fiscalía”.
En tanto, desde el gobierno aseguraron que no son los encargados de evaluar el desempeño de dicho ente persecutor. Así lo expresó el Ministro de Justicia, Luis Cordero.
“Esa es una atribución que le corresponde al Ministerio Público. Supongo que hay estrategias procesales que estaban detrás de algunas cosas, pero esa es una evaluación que le corresponde al Ministerio Público como institución, a la Fiscalía regional respectiva y al fiscal nacional (…) El Ejecutivo no tiene nada que decir sobre ese punto”, dijo.
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