Continúan las repercusiones tras que el Ministerio Público, en conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI), concretaran el allanamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Esta acción por parte del organismo persecutor se desarrolló después de cinco días de espera, para que desde la cartera en cuestión respondieran un oficio en torno al Caso Convenios.

En específico, las diligencias estaban al mando de la Fiscalía de Tarapacá, que se encuentra investigando los convenios en las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social con la seremi respectiva, sumando cerca de $1.800 millones.

En tanto, desde el ministerio explicaron que este procedimiento se debió a que, el propio Carlos Montes realizó una denuncia contra un exfuncionario, Aldo Bastidas, por ser, además, director técnico de una de las organizaciones mencionadas.

Sobre el oficio no respondido, el Ministro Montes sostuvo que “de los cuatro, se respondieron tres y uno quedó como complementario a los anteriores”.

Nueva declaración

Tras el allanamiento del Minvu, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, sacó una declaración donde asegura que la presidencia sabia sobre los convenios de Democracia Viva

“El día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”, se lee.

Ante ello, el abogado del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Guillermo Chahuán, comentó que su defendido no recibió los documentos señalados.

Por otra parte, uno de los querellantes, Pablo Toloza, sostuvo que “hemos solicitado que el Ministerio Público oficie a la Presidencia de la Republica a objeto que esta remita todos los oficios que ha recibido, ya sean reservados o no, de parte de la seremi de vivienda y urbanismo de Antofagasta, durante el año 2023”