El gobierno presentó un veto contra la ley de usurpaciones, proyecto aprobado por el Congreso y donde el Ejecutivo tenía la opción de promulgarlo o en ultima instancia, vetarlo. El problema para el oficialismo es que no tiene garantizado los votos necesario para aprobar el veto.
Esto, ha friccionado aún más las relaciones entre el gobierno y la oposición, que ya se encuentra buscando alternativas para interpretar el veto, recalificarlo o buscar declarar algunos de sus elementos inadmisibles.
El debate recaera en la opción para que un juez defina si hay carcel o multa para la toma “no violenta”. Esta definición podría traer presión para el Partido Comunista y parte del Frente Amplio.
Toda la información desde el Congreso con Gonzalo Olguín y el análisis de Tomás Mosciatti y Katherine Cubillos.