Por 49 votos a favor y 82 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la Acusación Constitucional contra la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
En medio de recriminaciones de Chile Vamos al Partido Republicano, el juicio político se cerró con la mayor cantidad de votos en contra, desde el retorno a la democracia.
Fue un resultado aplastante. Tanto que hubo que mirar los libros de historia para encontrar acusaciones en 1991, 1997 y 1999 que tuvieron menos apoyo que este libelo acusatorio, con la diferencia de que no contaban con 155 parlamentarios y parlamentarias en ese entonces.
Si uno lo mira desde los votos en contra, esta es la Acusación Constitucional que tuvo más oposición en la historia del instrumento, desde el retorno a la democracia.
Desde el juicio político contra el ministro de Salud de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, en el año 2018, nunca una acusación había tenido tan pocos apoyos y tantos votos en contra: 49 votos a favor y 82 en contra el resultado final.
En medio de esto estaba la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, a 26 días de la emisión de los 13 indultos particulares que la terminaron removiendo del cargo, pese a que la ex secretario de Estado insiste en que están en regla, siguiendo la tesis de que lo que hubo, a lo sumo, fueron desprolijidades.
Marcela Ríos se emocionó en la Sala cuando el diputado Gonzalo Winter habló de su historia de vida, y lo volvió a hacer cuando recordó el apoyo que le dio su partido, Convergencia Social. Flanqueada por ministras de Estado y parlamentarias, volvió a insistir en que los indultos se apegaron a derecho.
Un comentario repetido en el hemiciclo este miércoles es que la oposición cedió desde una posición de fortaleza. El 2022 fue un buen año internamente para el bloque y se pensaba que enero sería el mes de ofensivas que seguirían debilitando al Gobierno.
Pero lo cierto es que lo que tienen para mostrar son dos acusaciones rechazadas y gestiones administrativas que tardarán en tener efecto. Lo más preocupante, son las lesionadas relaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano,
Andrés Longton dijo que esa colectividad, que aportó 10 votos en contra y tres ausentes, debe dar explicaciones al país.
La bancada del Partido Republicano mantuvo la posición que anunciaron el martes, pese a que tanto Chile Vamos, como una de las listas de las próximas elecciones del partido apoyadas por el senador Rojo Edwards, presionaron pública y privadamente para revertir la situación.
Ellos piensan que hay que apuntar más alto y que esta acusación tácticamente pudo permitir que el oficialismo cerrara la página, sin poder explorar realmente si hay o no piso para acusar al Presidente de la República.
El diputado Republicano, Stephan Schubert, insiste en que esto no es una rencilla contra Chile Vamos, pese a que desde esa coalición los acusaron de venganza política, luego de que tres diputados de RN y la UDI no concurrieran con su voto en la acusación contra Giorgio Jackson.
Schubert dice que la ex ministra, no es la principal responsable.
En el oficialismo hay conformidad, pero también la sensación de una tarea pendiente. Mientras Chile Vamos explicaba su derrota, un parlamentario comentaba que ahora le toca al socialismo democrático y a Apruebo Dignidad enderezar el rumbo y aprovechar este tropiezo de la oposición.
Marcos Ilabaca, jefe de bancada del PS, eligió el camino de recordar que esta fue una pérdida de tiempo, y como lo han hecho otros diputados en el pasado, hizo un llamado a la fuerza opositora a concentrarse en las iniciativas que impactan al país.
Así se cierran tres semanas en donde las comisiones revisoras y la sala en dos ocasiones, discutieron posibles vulneraciones a la constitución de parte de autoridades de Estado del Gobierno de Gabriel Boric, sin efecto real y con la sensación que fueron relativamente blandas en lo jurídico.
Sin embargo, esto no ha terminado. A la vuelta del receso, quienes impulsaron esta ofensiva buscarán tantear el terreno para un nuevo juicio político con un debate interno sin resolver: Ir por la destitución del Presidente de la República.