Dada la situación crítica que vive el sistema privado de salud, la Asociación de Clínicas Privadas envió una carta al presidente Gabriel Boric, para solicitarle medidas urgentes que contengan un eventual colapso de las isapres.
Además, el gremio declaró deudas millonarias por parte de las aseguradoras.
Luego que la Corte Suprema acogiera los recursos de protección presentados por afiliados y afiliadas, y ordenara a las isapres regirse por la tabla de factores establecida por la Superintendencia de Salud en 2019, el sistema privado se declaró “al borde de la quiebra” y solicitó al Gobierno celeridad en determinar cómo se aplicará el fallo del máximo tribunal.
Hoy, la Asociación de Clínicas Privadas envió una carta al presidente Gabriel Boric, para solicitarle medidas urgentes que contengan un eventual colapso de las isapres y pidió al mandatario una reunión para exponer sobre la situación del sector.
El gremio, que agrupa a 40 de los principales prestadores privados de salud, señaló en la misiva que un colapso en el sistema implicaría dificultades importantes en las atenciones de salud, ya que, 3,3 millones de personas afiliadas a aseguradoras podrían quedar sin cobertura.
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Clínicas Privadas, Javier Fuenzalida, indicó que las aseguradoras mantienen una deuda superior a los 567 mil millones de pesos, hasta noviembre de 2022.
La Asociación de Clínicas Privadas también alertó que ante un colapso de las isapres, el 100% de los afilados deberán ser traspasados a Fonasa, lo que afectaría la continuidad de sus tratamientos en curso y provocaría una sobresaturación del sistema público.
El exsuperintendente de Salud de la segunda administración de Sebastián Piñera, Patricio Fernández, sostuvo que, aunque el Ministerio de Salud fortalezca Fonasa, no sería una solución viable.
El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y exsuperintendente de Salud durante el gobierno de Patricio Aylwin, Héctor Sánchez, señaló que si el Gobierno no le pone urgencia al proceso, la quiebra podría darse antes de que se determine una solución.
El exsuperintendente de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Manuel Inostroza, también señaló que el Ejecutivo debe dar señales concretas pronto, para la tranquilidad de los afiliados y afiliadas.
Según lo establecido por la Corte Suprema, la Superintendencia de Salud tiene plazo hasta junio para determinar cómo se aplicará el fallo, sobre la tabla de factores.