Asociaciones de pescadores artesanales de La Higuera solicitaron a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que se inhabilite en el Comité de Ministros en el caso del proyecto Dominga, por infringir el principio de probidad administrativa.
Parlamentarios, autoridades y organizaciones solicitaron al Ejecutivo revisar las consecuencias irreparables que podría generar la aprobación del proyecto minero.
El próximo miércoles 18 de enero, el comité de Ministros definirá el futuro del megaproyecto minero portuario Dominga, de propiedad de Andes Iron, controlado por las familias Délano y Garcés.
La iniciativa se ubica en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, y requiere una inversión superior a los 2.500 millones de dólares, es decir, 2 billones de pesos chilenos.
Esta sería la segunda vez que el proyecto pasa por la misma instancia, tras ser rechazado en 2017, decisión que fue anulada por el Tribunal Ambiental.
Hoy algunas asociaciones de pescadores de la zona, solicitaron que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se inhabilite en el Comité de ministros.
La razón, sería que la secretaria de Estado, y el abogado Ezio Costa, representante de agrupaciones en contra del proyecto, como Oceana o FIMA, mantendrían una amistad, lo que estaría infringiendo el principio de probidad e imparcialidad, así lo explicó el defensor a favor del proyecto, Marcelo Castillo.
De forma paralela, agrupaciones y sindicatos de la zona enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando que se rechace el proyecto Dominga.
Uno de los argumentos, es que tanto en su rol como diputado, como asumiendo el mandato del país, Boric señaló que la iniciativa podría destruir uno de los ecosistemas marinos más importantes en América Latina.
Lisbeth Van Der Mir, directora de Oceana, quien respaldó el documento, señaló que los antecedentes medioambientales, harán que el proyecto Dominga sea rechazado por segunda vez.
Parlamentarios y autoridades manifestaron preocupación en torno al proyecto ante la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.
La diputada socialista, Daniella Cicardini señaló que se deben revisar las consecuencias irreparables que podría generar su aprobación, y la legalidad del proyecto, misma postura que manifestó el gobernador de Atacama, Miguel Vargas.
Entre las autoridades que han destacado por estar a favor de Dominga, está el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, quien afirma que el retraso en la autorización de la minera se debe a conflictos políticos, y no por posibles daños medioambientales.