Hoy, el Gobierno dará a conocer su carta para ser Fiscal Nacional, el que deberá ser ratificado por el Senado.
Distintas fuentes apuntan a que el escogido no debe ser una continuidad de la gestión de Jorge Abbott.
Uno de los cuatro abrirá hoy una botella de champagne, tras coronarse como el favorito de La Moneda para ser el sucesor de Jorge Abbott. Y finalmente llegó el día y no cabe duda que cada uno de los aspirantes durmió con el teléfono debajo de la almohada y hasta con batería de respuesto.
Fue hace dos semanas justas, cuando 17 aspirantes a ser fiscal nacional se presentaron ante el pleno de la Corte Suprema, para convencerlos de por qué ellos debiesen ser el próximo jefe del Ministerio Público. Tuvieron 10 minutos para hacer y se elaboró la quina: el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, el persecutor Centro Norte, José Morales, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, y los experseguidores, Ángel Valencia y Rodrigo Ríos.
Fue una elección que desde un principio tuvo de todo: la baja “por problemas personales” de uno de los candidatos, hablamos de Ríos, ataques por la prensa, peticiones a la propia Corte Suprema, negociaciones en el Congreso, y que incluso se hablara de acoso de parte de ministras de Estado tras conversar con algunos congresistas.
Si bien en un principio se habló de que podían haber días claves, lo cierto es que el presidente Gabriel Boric ocupó todo el plazo legal, es decir, 10 días hábiles para nombrar a quien según el, tiene las mejores competencias para ser el cuarto fiscal nacional en toda la historia del Ministerio Público.
El expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, insistió en que el escogido no puede ser la continuidad de la gestión anterior.
Misma opinión tiene el senador de la UDI, Iván Moreira, quien aseguró que los desafíos más relevantes para el próximo Fiscal Nacional es hacer frente a la delincuencia y terrorismo.
Se habló muchísimo de distintas estrategias, las que en su gran mayoría hablaban de que el Gobierno quería rellenar el cupo que dejó Rodrigo Ríos, pero la Corte Suprema se desentendió del asunto.
Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, descartó que el gobierno quisiese imponer un nombre.