Ministra de Justicia defendió asignación de Ley de Presupuestos para trabajo de control fronterizo

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La ministra de Justicia, Marcela Ríos, defendió la asignación de la Ley de Presupuestos 2023 para el trabajo de control fronterizo, en la presentación del proyecto que agiliza la expulsión de migrantes condenados por la Ley de Drogas.

El oficialismo pidió a Chile Vamos comprender que la iniciativa es una parte de la solución, ante críticas a la debilidad de las fronteras y el supuesto alcance limitado de la iniciativa.

Este miércoles la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados espera votar, en general, el proyecto que establece la expulsión como pena sustitutiva para personas extranjeras condenadas por la ley de drogas.

La instancia recibirá a la Defensoría Penal Pública, Paz Ciudadana y el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, para discutir los alcances del hacinamiento penitenciario y, sobretodo, los tipos de delitos que estarán contenidos en la figura de la expulsión.

Era un compromiso del gobierno hace meses y este lunes comenzó el trámite con la presentación de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien recibió tantas preguntas que tendrá que terminar de responderlas por escrito.

El Presidente de la Comisión, el socialista Raúl Leiva, dijo que en la discusión en particular se conformará una mesa de trabajo entre asesores de la instancia para discutir indicaciones, y que debe quedar claro que será solo para delitos de microtráfico.

La postura de la oposición es muy crítica. Primero, aseguran que no apoyarán con su voto si no se dan garantías de que las personas que salgan de la cárcel no lo hagan para llegar a sus países en libertad.

Los diputados Andrés Longton de RN y Henry Leal de la UDI, dicen estar de acuerdo con la idea matriz, pero aseguran el país tiene un control fronterizo deficiente y no hay garantías de que esto no se vuelva ‘una puerta giratoria’, es decir, que las personas expulsadas vuelvan a ingresar a Chile.

El diputado UDI de Tarapacá, Renzo Trisotti, dijo que la política migratoria de este gobierno ‘ha sido un desastre’ y que si el gobierno cree que la expulsión judicial y administrativa es la única solución a este problema, ‘está profundamente equivocado’.

En el oficialismo reconocen frustración con la postura opositora. Dicen que está claro que este proyecto por sí solo no resuelve el problema, pero que acompañado de otras iniciativas y de la gestión del gobierno podría ofrecer una salida: No apoyarlo porque no soluciona todo, dicen, sería un error.

En todo caso, la diputada comunista, Alejandra Placencia, afirmó que otro problema son las personas extranjeras que entran a Chile con antecedentes que el país desconoce, y dijo que el primer paso es mejorar la coordinación con los países vecinos.

Las cifras señalan que la población migrante recluida aumentó desde 2013 a 2022 del 3,7% al 10,3%, lo que representa a 4.298 personas extranjeras. De dicha cifra, el 61% está condenada por la ley de drogas.

Estos antecedentes forman parte de la razón de ser del proyecto: Hay un tipo de delito que ofrece la salida de la expulsión como un camino para descomprimir las cárceles.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, debió responder qué pasa con la otra parte de la historia, la de asegurar que no vuelvan a ingresar las personas expulsadas.

Para esto habló del Plan Frontera Segura y el aumento de 38 mil millones de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que contempla recursos para todas las policías, enfocados en el trabajo fronterizo.

Ríos expuso en la comisión que la pena sustitutiva de la expulsión considera la prohibición de regresar en un plazo de diez años contados desde la fecha de la pena.

La secretaria de Estado planteó que en los últimos 10 años, hubo 10.531 causas con orden de expulsión, con un promedio anual de 957. De ellos, sólo 241 personas retornaron a Chile.

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La ministra de Justicia, Marcela Ríos, defendió la asignación de la Ley de Presupuestos 2023 para el trabajo de control fronterizo, en la presentación del proyecto que agiliza la expulsión de migrantes condenados por la Ley de Drogas.

El oficialismo pidió a Chile Vamos comprender que la iniciativa es una parte de la solución, ante críticas a la debilidad de las fronteras y el supuesto alcance limitado de la iniciativa.

Este miércoles la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados espera votar, en general, el proyecto que establece la expulsión como pena sustitutiva para personas extranjeras condenadas por la ley de drogas.

La instancia recibirá a la Defensoría Penal Pública, Paz Ciudadana y el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, para discutir los alcances del hacinamiento penitenciario y, sobretodo, los tipos de delitos que estarán contenidos en la figura de la expulsión.

Era un compromiso del gobierno hace meses y este lunes comenzó el trámite con la presentación de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien recibió tantas preguntas que tendrá que terminar de responderlas por escrito.

El Presidente de la Comisión, el socialista Raúl Leiva, dijo que en la discusión en particular se conformará una mesa de trabajo entre asesores de la instancia para discutir indicaciones, y que debe quedar claro que será solo para delitos de microtráfico.

La postura de la oposición es muy crítica. Primero, aseguran que no apoyarán con su voto si no se dan garantías de que las personas que salgan de la cárcel no lo hagan para llegar a sus países en libertad.

Los diputados Andrés Longton de RN y Henry Leal de la UDI, dicen estar de acuerdo con la idea matriz, pero aseguran el país tiene un control fronterizo deficiente y no hay garantías de que esto no se vuelva ‘una puerta giratoria’, es decir, que las personas expulsadas vuelvan a ingresar a Chile.

El diputado UDI de Tarapacá, Renzo Trisotti, dijo que la política migratoria de este gobierno ‘ha sido un desastre’ y que si el gobierno cree que la expulsión judicial y administrativa es la única solución a este problema, ‘está profundamente equivocado’.

En el oficialismo reconocen frustración con la postura opositora. Dicen que está claro que este proyecto por sí solo no resuelve el problema, pero que acompañado de otras iniciativas y de la gestión del gobierno podría ofrecer una salida: No apoyarlo porque no soluciona todo, dicen, sería un error.

En todo caso, la diputada comunista, Alejandra Placencia, afirmó que otro problema son las personas extranjeras que entran a Chile con antecedentes que el país desconoce, y dijo que el primer paso es mejorar la coordinación con los países vecinos.

Las cifras señalan que la población migrante recluida aumentó desde 2013 a 2022 del 3,7% al 10,3%, lo que representa a 4.298 personas extranjeras. De dicha cifra, el 61% está condenada por la ley de drogas.

Estos antecedentes forman parte de la razón de ser del proyecto: Hay un tipo de delito que ofrece la salida de la expulsión como un camino para descomprimir las cárceles.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, debió responder qué pasa con la otra parte de la historia, la de asegurar que no vuelvan a ingresar las personas expulsadas.

Para esto habló del Plan Frontera Segura y el aumento de 38 mil millones de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que contempla recursos para todas las policías, enfocados en el trabajo fronterizo.

Ríos expuso en la comisión que la pena sustitutiva de la expulsión considera la prohibición de regresar en un plazo de diez años contados desde la fecha de la pena.

La secretaria de Estado planteó que en los últimos 10 años, hubo 10.531 causas con orden de expulsión, con un promedio anual de 957. De ellos, sólo 241 personas retornaron a Chile.