Esta mañana la Cámara de Diputadas y Diputados votará una segunda extensión del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Cautín, Malleco, Arauco y Biobío.

Su aprobación está asegurada, y el debate se centrará en el uso “acotado” de la herramienta y la futura salida de los militares de la zona.

Con los ojos puestos en el voto oficialista, esta mañana la Cámara de Diputadas y Diputados votará por segunda vez la extensión por 15 días del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la denominada Macrozona sur.

Producto de la larga votación por el test de drogas en la Comisión de Constitución, la bancada del Partido Comunista comenzó ayer su reunión para definir postura única pasadas las 9 de la noche, y su discusión se enfocó, entre otras cosas, en el llamado que hizo el gobierno al oficialismo a proponer alternativas.

¿Cuando un Estado de Excepción deja de ser Excepcional? Esa es la pregunta que opera como barómetro en el Partido Comunista y el Frente Amplio, y la que dará forma a los tiempos para encontrar un camino de salida a la presencia militar en la Araucanía y el Bío Bío.

Durante la tarde, la jefa de bancada del PC, Karol Cariola, ya había adelantado que esa posición se fortalece: Una medida excepcional, no puede convertirse en la norma.

Ya está establecido que las fuerzas del Congreso Nacional buscan caminos distintos, y tienen diferencias profundas: Por un lado, están quienes creen que la militarización es el camino a evitar, y que solo se justifica si permite el avance de otras medidas, que son las que realmente podrían resolver la crisis, como restitución de tierras, reconocimiento de pueblos originarios y mayor inversión.

Sin embargo, desde el Partido Socialista hasta la derecha, se puede encontrar más comúnmente, que los parlamentarios quieren más inteligencia, más policías y más militares.

La diputada DC, Joanna Pérez, pidió mayor despliegue de las fuerzas de orden, pero al mismo tiempo, dice que no es el momento de buscar provechos políticos rechazando la medida.

Miguel Mellado, de RN, reconoció incomodidad con el estado acotado y que votar en contra es difícil, pero afirmó que la oposición debiese presionar más por cambios.

Mellado explicó cómo, a su juicio, la instrucción del gobierno está limitando la efectividad de la herramienta.

El Plan Buen Vivir busca a través de la restitución de tierras, la conformación del parlamento indígena, el presupuesto para obras públicas y las mesas de diálogo, “des escalar” el despliegue militar.

Para la jefa de bancada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, lo más importante es conocer de qué manera el Estado de Excepción es un complemento para que el Ejecutivo pueda desplegar su agenda en la zona.

Cruzando este debate está la incomodidad de la Acusación Constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, que fue ingresada por la bancada del Partido Republicano, y tiene una Comisión Revisora conformada en su mayoría por la oposición.

María Candelaria Acevedo es la única oficialista en la comisión, acompañada por los UDI Christian Moreira, Natalia Romero y Fernando Bórquez, y el independiente Evópoli, Christian Matheson.

Este último dijo que pese a que en su bancada no están por apoyar el juicio político, él tiene libertad para analizar la acusación y formarse su propia postura.

Los argumentos del libelo acusatorio son el retiro de querellas por ley de seguridad del Estado, no denunciar el ataque sufrido por la propia ministra en Temucuicui y dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería.

Además, se pide la destitución de la ministra por supuestamente comprometer el honor de la patria, por usar el término Wallmapu de manera imprudente, generando un impasse político con autoridades de la República Argentina, pese a que esto fue desdramatizado por el gobierno de Alberto Fernández.