Ministro Giorgio Jackson respaldó la opción de reformar la Nueva Constitución

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El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, respaldó la opción de reformar la nueva Constitución y sostuvo que la flexibilidad debiese ayudar a quienes tienen incertidumbre con el proceso.

En la Convención comenzó a tomar fuerza la idea de establecer un incentivo al Congreso para que cumpla el plazo de tramitación de las leyes que el texto constitucional mandate, aunque algunos sectores insisten en un decreto con fuerza de ley presidencial.

El ministro de la Segpres Giorgio Jackson expuso ayer en la comisión de Normas Transitorias, y en reiteradas ocasiones se habló de la letra muerta.

El secretario de Estado se refirió a la posibilidad de reformar la nueva carta fundamental, en caso que esta sea aprobada en el plebiscito de salida.

El miércoles, el debate se generó entre los convencionales, y algunos sectores planteaban que la nueva constitución no sea modificada por el Congreso actual, pero sí por el siguiente: es decir, en cuatro años más.

Sin embargo, otras fuerzas políticas señalaron que es importante realizar un incentivo a quienes están en una postura de más incertidumbre. Por ejemplo, dejar en claro que ciertos aspectos pueden ser modificados, o arreglados.

El ministro Jackson reconoció lo anterior, indicando que “la flexibilidad debiese ayudar a que personas que tienen cierta incertidumbre respecto del proceso, sepan que si es que hay algo que se puede modificar y que quedó con algún nivel de incertidumbre, con alguna mejora, que eso pueda tener un consenso y ser mejorado”.

El convencional de la coordinadora plurinacional Marco Arellano, planteó que es bueno que la ciudadanía sepa que será una constitución flexible. Sin embargo, puntualizó que hay ciertos temas que se deben respetar por un tiempo.

Respecto a esta idea de “aprobar para modificar”, también se refirió el convencional frenteamplista Ignacio Achurra.

El miércoles expuso ante la comisión de normas transitorias el contralor Jorge Bermúdez, y éste planteó la idea de avanzar hacia un decreto de ley adecuatorio, para que el presidente pueda zanjar ciertos puntos que el Congreso no podrá legislar.

Pero también surgió otra idea, que comienza a tomar fuerza: un incentivo para que el Congreso cumpla los plazos que la nueva constitución les mandate.

Por ejemplo, entregarle dos años al legislativo para que tramite la iniciativa sobre salud. Si este no lo cumple ¿Qué pasa?

Se propone que si en ese plazo no se dicta la ley, el Presidente tendrá la facultad para dictar un decreto en la materia.

El convencional del PS Tomás Laibe se mostró favorable sobre esta idea.

Hay algunos sectores que plantean que el incentivo sea más fuerte, y que no sea el presidente de turno el que dicte el decreto, sino que dejárselo al próximo mandato, para así evitar “estrategias políticas”.

Por ejemplo: la coalición oficialista bloquea un proyecto, para que este no salga, y que finalmente el Presidente dicte un decreto a su manera.

Por otro lado, se plantea que no se establezcan plazos. Así lo dijo el convencional de Vamos por Chile Pablo Toloza.

La vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, indicó que no existe una sanción aparejada al no cumplimiento de los plazos y que podría existir un efecto interpretativo de caducidad.

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El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, respaldó la opción de reformar la nueva Constitución y sostuvo que la flexibilidad debiese ayudar a quienes tienen incertidumbre con el proceso.

En la Convención comenzó a tomar fuerza la idea de establecer un incentivo al Congreso para que cumpla el plazo de tramitación de las leyes que el texto constitucional mandate, aunque algunos sectores insisten en un decreto con fuerza de ley presidencial.

El ministro de la Segpres Giorgio Jackson expuso ayer en la comisión de Normas Transitorias, y en reiteradas ocasiones se habló de la letra muerta.

El secretario de Estado se refirió a la posibilidad de reformar la nueva carta fundamental, en caso que esta sea aprobada en el plebiscito de salida.

El miércoles, el debate se generó entre los convencionales, y algunos sectores planteaban que la nueva constitución no sea modificada por el Congreso actual, pero sí por el siguiente: es decir, en cuatro años más.

Sin embargo, otras fuerzas políticas señalaron que es importante realizar un incentivo a quienes están en una postura de más incertidumbre. Por ejemplo, dejar en claro que ciertos aspectos pueden ser modificados, o arreglados.

El ministro Jackson reconoció lo anterior, indicando que “la flexibilidad debiese ayudar a que personas que tienen cierta incertidumbre respecto del proceso, sepan que si es que hay algo que se puede modificar y que quedó con algún nivel de incertidumbre, con alguna mejora, que eso pueda tener un consenso y ser mejorado”.

El convencional de la coordinadora plurinacional Marco Arellano, planteó que es bueno que la ciudadanía sepa que será una constitución flexible. Sin embargo, puntualizó que hay ciertos temas que se deben respetar por un tiempo.

Respecto a esta idea de “aprobar para modificar”, también se refirió el convencional frenteamplista Ignacio Achurra.

El miércoles expuso ante la comisión de normas transitorias el contralor Jorge Bermúdez, y éste planteó la idea de avanzar hacia un decreto de ley adecuatorio, para que el presidente pueda zanjar ciertos puntos que el Congreso no podrá legislar.

Pero también surgió otra idea, que comienza a tomar fuerza: un incentivo para que el Congreso cumpla los plazos que la nueva constitución les mandate.

Por ejemplo, entregarle dos años al legislativo para que tramite la iniciativa sobre salud. Si este no lo cumple ¿Qué pasa?

Se propone que si en ese plazo no se dicta la ley, el Presidente tendrá la facultad para dictar un decreto en la materia.

El convencional del PS Tomás Laibe se mostró favorable sobre esta idea.

Hay algunos sectores que plantean que el incentivo sea más fuerte, y que no sea el presidente de turno el que dicte el decreto, sino que dejárselo al próximo mandato, para así evitar “estrategias políticas”.

Por ejemplo: la coalición oficialista bloquea un proyecto, para que este no salga, y que finalmente el Presidente dicte un decreto a su manera.

Por otro lado, se plantea que no se establezcan plazos. Así lo dijo el convencional de Vamos por Chile Pablo Toloza.

La vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, indicó que no existe una sanción aparejada al no cumplimiento de los plazos y que podría existir un efecto interpretativo de caducidad.

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