Con un acuerdo transversal por establecer un sistema bicameral asimétrico y un sistema presidencial sin la figura de vicepresidente ni ministro de Estado concluyeron las negociaciones de la Comisión de Sistema Político.
El nudo que generó más complicaciones fue la representación de los independientes en las listas parlamentarias, discusión que no generó consensos y que no fue incluida dentro de las indicaciones.
En la Comisión de Sistemas de Justicia, en tanto, se aprobó eliminar la figura del fiscal nacional, y reemplazarla por un “Consejo Superior del Ministerio Público”, compuesto por siete miembros.
A solo minutos de que concluyera el plazo, integrantes de la comisión de Sistema Político de la Convención enviaron las indicaciones reformuladas en su informe de remplazo.
La discusión se concentró en tres nudos principales: Sistema Legislativo, Poder Ejecutivo y Sistema Electoral.
Sobre el primero nudo se resolvió impulsar un sistema bicameral asimétrico.
Esto implica crear dos cámaras: El Congreso de las Diputadas y Diputados, órgano encargado de ingresar y despachar proyectos de ley y con funciones claras como fiscalizar el trabajo del ejecutivo; y la Cámara de las Regiones, corporación que también tendrá atribuciones legislativas pero encargado principalmente de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional.
Sobre el poder ejecutivo, se acordó fijar un sistema con un presidencialismo atenuado, pero no hubo acuerdo ni en crear una figura de vicepresidente que acompañe al mandatario- como lo propuso la derecha junto al PC- ni la de un ministro de Gobierno.
El coordinador de la comisión, Ricardo Montero, se refirió a esto y aseguró que todos los acuerdos se pensaron buscando lograr los dos tercios en el pleno.
El tercer nudo, respecto al sistema electoral y la representación de los independientes en las elecciones, fue el que generó más tensión.
Sobre esto, desde la comisión explicaron que hubo un acuerdo base sobre la definición de organizaciones políticas, pero las postulaciones a listas parlamentarias quedan sujetas a la ley.
¿Qué buscaban los independientes? Implementar un sistema en el cual pudieran postular a cargos de elección democrática y tuvieran las mismas facilidades y oportunidades que los candidatos de partidos políticos. Algo así como repetir el escenario que se vivió con las elecciones de los mismos convencionales.
La convencional de Pueblo Constituyente, Francisca Arauna, afirmó que ven con preocupación que no se haya tocado la lista de independientes programáticas y señaló que ingresarán sus propias indicaciones, aunque aseguró que respetarán el acuerdo.
También ayer, la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó eliminar la figura del fiscal nacional, y reemplazarla por un “Consejo Superior del Ministerio Público”, compuesto por siete miembros.
La propuesta, que ahora debe ser votada por el pleno del órgano constituyente, fue presentada por sectores independientes, por convencionales del Frente Amplio y del Partido Socialista.
Los miembros del Consejo -según la norma- serán designados de la siguiente manera: tres de ellos serán escogidos democráticamente por los fiscales; uno por funcionarios del Ministerio Público, y los otros tres por el Congreso, a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública.
El convencional de RN, Luis Mayol, manifestó preocupación por la conformación de este comité, mientras que su par Ruggero Cozzi, indicó que el Consejo podría provocar la disolución de responsabilidades.
La norma establece que las y los integrantes del organismo no podrán haber desempeñado cargos de elección popular, ni haber sido candidatos, “así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el Gobierno o Administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años”.
El convencional Christian Viera, coordinador de la comisión que aprobó esta norma, reconoció que con el Consejo los procesos podrían ser más lentos, pero sostuvo que aumentará la eficacia en la labor del Ministerio Público.
En esa misma línea, el convencional de PS, Andrés Cruz, exfiscal de Talcahuano, entregó sus argumentos en la comisión.
La instancia también aprobó la existencia de un Comité del Ministerio Público, cuya función sería fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivo. La entidad estaría conformada por el presidente del Consejo Superior y los fiscales regionales.
Por otro lado, la comisión despachó al pleno puntos sobre la Defensoría Penal Pública. Según lo zanjado, “los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley.”.
Se estableció que esta institución podrá denunciar al Estado ante organismos Internacionales, cuando se constaten violaciones a los derechos humanos.
Los artículos aprobados por la comisión ahora deberán ser ratificados por el pleno, por quórum de 2/3.