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El presidente de la ANFUMIP, Freddy González, criticó la realización de un operativo con canes detectores de droga en la Fiscalía Nacional sin una investigación penal previa ni seguir protocolos internos, generando malestar entre los trabajadores. Aclaró que apoyan medidas preventivas, pero cuestionó la extralimitación del Fiscal Nacional al implementar el operativo sin causa penal abierta.

El presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), Freddy González, ha alzado la voz contra la reciente decisión del Fiscal Nacional de realizar un operativo con canes detectores de droga al interior de la Fiscalía Nacional. Según González, esta medida se ejecutó sin una investigación penal previa y sin seguir los protocolos internos establecidos para estos fines, lo que ha generado un profundo malestar entre los trabajadores de la institución.

En entrevista con el programa radial Expreso Bío-Bío, el dirigente gremial fue enfático al aclarar que los funcionarios no se oponen a las medidas de prevención de consumo de sustancias. De hecho, recordó que el Ministerio Público cuenta con una trayectoria de más de 22 años aplicando test de droga aleatorios y sorpresivos, los cuales son aceptados y respetados por todo el personal como parte de la cultura institucional y la probidad administrativa.

La controversia radica, según González, en la extralimitación de las facultades del Fiscal Nacional. Al actuar en un contexto donde no existe una causa penal abierta ni sospechas individualizadas, la implementación de un operativo policial con canes vulnera el marco normativo y los derechos laborales de los funcionarios. Al respecto, el dirigente fue claro: “Nosotros nos sometemos, no hay ningún problema, pero que todo sea dentro del marco”. González argumenta que, aun siendo la máxima autoridad, el Fiscal Nacional debe ceñirse estrictamente al reglamento vigente, sentenciando: “Si esto fuera legal, nosotros no reclamaríamos, no entraríamos a esta disputa”.

Ante este escenario, la asociación ha recurrido a la vía judicial mediante una tutela laboral para que se establezcan claramente los límites de las atribuciones de la jefatura. El objetivo de esta acción, según explicó González, no es impedir el control de drogas, sino asegurar que cualquier medida futura se realice bajo un marco legal claro, respetuoso con los funcionarios y ajustado a la normativa que rige al Ministerio Público.